El gobierno portugués anunció el jueves nuevos recortes presupuestarios de unos 600 millones de euros para cumplir el objetivo de reducción del déficit exigido por los acreedores después de que el Tribunal Constitucional rechazara varias medidas de austeridad.
"El consejo de ministros decidió fijar límites presupuestarios por ministerio", declaró el secretario de Estados del Hacienda, Luis Morais Sarmento, en una conferencia de prensa.
"Las medidas aprobadas afectarán a los gastos de personal, bienes y servicios, así como gastos corrientes", y representarán "unos 600 millones de euros, un 0,5% del PIB", dijo.
Estas medidas de ahorro también prevén "una reprogramación de los fondos comunitarios", así como una renegociación de las asociaciones público-privadas cuyo objetivo es ahorrar unos 300 millones de euros", precisó el ministro adjunto al jefe del gobierno, Miguel Poiares Maduro.
"El gobierno favorece la vía de la negociación pero en caso de que fracase no excluye medidas fiscales sobre estos contratos", agregó.
Las medidas, que han sido anunciadas tras el examen adicional de las cuentas del país por la troika (UE-FMI-BCE) que representan a los acreedores del país, serán detalladas en el próximo presupuesto rectificado que se entregará al Parlamento en mayo.
Del visto bueno de la troika a estas medidas depende la entrega de un nuevo tramo de ayuda de 2.000 millones de euros en el marco del plan de rescate de 78.000 millones concedido a Lisboa en mayo de 2011. El acuerdo definitivo del Eurogrupo para ampliar en siete años el plazo para la devolución de este préstamo también depende de ello.
"Las medidas pretenden garantizar que se conceda a Portugal el octavo tramo", que está condicionado al "respeto de los compromisos presupuestarios" por el gobierno, subrayó Poiares Maduro. Portugal se ha comprometido a reducir el déficit público al 5,5% del PIB para finales de este año.
El Tribunal Constitucional anuló varias de las medidas de austeridad inscritas en el presupuesto de este año, de unos 1.300 millones de euros, lo que compromete el cumplimiento de los objetivos de déficit previsto en el plan de rescate de Portugal, por lo que el gobierno ha tenido que improvisar nuevos recortes para compensar la decisión de la justicia.
AFP.