Por violaciones graves de los Derechos Humanos, la Fiscalía, investiga a 4.634 personas, de las cuales 4.131 son ex paramilitares y 503 ex guerrilleros que se acogieron a la ley de Justicia y Paz.

La Fiscalía ha identificado hasta ahora 4.507 bienes que deben ponerse a disposición de las víctimas para su reparación material, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz que acompañó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada entre 2003 y 2006.
Esa ley, que amparó también pero en menor cantidad a guerrilleros, contempla beneficios procesales, como por ejemplo penas máximas de ocho años de prisión, a cambio de la confesión de crímenes y la reparación a las víctimas. Hasta ahora solo se ha dictado una condena en firme.
Sobre la base de las confesiones de los jefes paramilitares, la Fiscalía ha acusado hasta ahora a 476 dirigentes políticos, 505 militares y policías y a 178 funcionarios públicos, que no pueden ampararse en los beneficios contemplados en la ley de desmovilización.
En su informe, la Fiscalía dio cuenta también de la exhumación de 3.451 fosas y el hallazgo de 4.267 cadáveres, de los cuales se han identificado 1.616 y se han entregado a las familias 1.529.
La Fiscalía ha registrado 352.437 víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Al margen de esa norma, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó el pasado mes de junio una ley para reparar a quienes han sufrido el conflicto armado de casi medio siglo en Colombia, con indemnización a cerca de 4 millones de víctimas desde 1985 y restitución de tierras a unas 400.000 familias desplazadas por la fuerza desde 1991.
AFP