Los delitos de asonada, perturbación al servicio público y obstrucción las vías públicas, imputará la Fiscalía a los responsables de los desmanes ocurridos en el Urabá antioqueño. 36 personas ya fueron capturadas.

De acuerdo con la información oficial, en desarrollo de allanamientos realizados en las últimas horas en Chigorodó, se logró la recuperación de elementos que habían sido hurtados en las asonadas, entre ellos computadores de las alcaldías.

Como se recordará, los manifestantes protagonizaron actos vandálicos, como los ataques a tres alcaldías, la destrucción de dos de los peajes y la quema de llantas y vehículos para bloquear las carreteras, daños que dejaron pérdidas superiores a los $1.000 millones.

Estas tres conductas punibles contemplan penas entre los cuatro y ocho años de prisión, como lo anunció el director encargado de Fiscalías Antioquia, César Quiroz.

En su momento, lo que era un paro cívico para protestar por la instalación de tres peajes en la subregión del Urabá antioqueño, fue cancelado por los organizaciones tras denunciar que su protesta estaba siendo infiltrada y que se estaba utilizando a menores de edad para cometer desmanes.

Luego el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que había indicios de que el ‘Clan del Golfo’ estaba detrás de la protesta, justo cuando iniciaron los desmanes.

Ahora las autoridades investigan si en efecto las bandas criminales orquestaron estos actos vandálicos, porque se podría tipificar también el delito de concierto para delinquir.

En Urabá está una comisión judicial que adelanta las investigaciones con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía.

De acuerdo con el alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga, los vándalos quebraron los vidrios del palacio municipal, fueron incinerados 24 vehículos, maquinaria amarilla y se robaron cementos para las obras y motos que estaban en los parqueaderos del tránsito.

“Son pérdidas millonarias, acá tuvimos 9 vehículos quemados de maquinaria amarilla, más de 15 motos quemadas, se robaron el cemento de las bodegas para hacer las obras, las motos que estaban inmovilizadas en los patios del tránsito fueron robadas“.

La calma regresó luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte anunciaran que se suspende por un mes el cobro de los peajes en la zona.

De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte, solo el 3,19% del parque automotor de esta subregión de Antioquia tendría que pagar el uso de esta autopista de cuarta generación.

A corte de junio del 2017, los vehículos matriculados en los municipios de Turbo, Chigorodó, Carepa y Apartadó son 83 mil 697; de los cuales 81 mil 24 son motocicletas que están exentas del pago de peajes; mil 691 son automóviles, camionetas y camperos; 470 son buses, busetas y microbuses, y 512 son vehículos de transporte de carga.

La Agencia Nacional de Infraestructura recordó que los 2 mil 663 vehículos restantes que sí tienen que pagar los peajes en Urabá, sí se inscriben en las alcaldía se les cobraría una tarifa especial.

El gobernador Luis Pérez Gutiérrez advirtió que como están hoy ubicados los peajes muchos empresarios inexplicablemente no pagaran peajes.

“Muchos empresarios del sector, inexplicablemente quedaron exentos de dicho pago de peajes y eso crea un desequilibrio económico que puede ir en contra del aporte que tienen que hacer los de menos recursos”, reveló el mandatario seccional.

Por estas circunstancias, el gobernador propuso habilitar solo un peaje en la Autopista hacia la zona de Urabá, una propuesta que, junto con a otras será analizada en el consejo de seguridad programado para este martes en la Gobernación de Antioquia.