La advertencia ayer de los voceros del movimiento Marcha Patriótica en torno a que estudian disolver esa naciente facción política debido a los ataques contra sus militantes plantea un duro reto al Gobierno Santos.

En rueda de prensa, la exsenadora Piedad Córdoba advirtió que en los dos años que lleva de creado este movimiento político ya han sido asesinados 29 de sus líderes y militantes. También denunció que a otros los han encarcelado. El caso más reciente fue el del profesor universitario Francisco Javier Tolosa, hoy preso y sindicado de presuntos nexos con las Farc.

La excongresista dijo que se analizaría internamente si podían continuar en el ejercicio político, pues la prioridad era garantizar la vida de los dirigentes y seguidores. “…Estamos pensando en acabar el movimiento, es una decisión difícil", sostuvo.

El futuro de esta colectividad de izquierda, a la que algunos sectores de la derecha han señalado de tener vínculos con las Farc, acusación que Córdoba y compañía han negado insistentemente, estará supeditado a las conclusiones que salgan de una reunión que en próximos días tendrán sus directivas con el presidente Juan Manuel Santos.

La exsenadora se reunió la semana pasada con el Jefe de Estado en la Casa de Nariño, en el marco de una serie de encuentros que el Gobierno emprendió con sectores de izquierda e independientes, como el Polo Democrático y la Alianza Verde, con el fin de analizar la coyuntura del proceso de paz y el arranque de la temporada electoral.

Córdoba aprovechó su encuentro para comunicarle al Presidente su preocupación por lo que estaba pasando con Marcha Patriótica y éste le indicó que tanto ella como la directiva de ese movimiento serían llamados a la Casa de Nariño para analizar medidas de seguridad para todos sus líderes y militantes.

Según Córdoba, al Jefe de Estado se le dijo que si no existían garantías para el ejercicio político, era imposible seguir adelante con este tipo de movimientos alternativos. Insistió en que alcanzar la paz en Colombia sería imposible mientras se amenace y asesine a los sectores democráticos de oposición.

Precisamente la semana pasada la Unidad Nacional de Protección anunció que se destinarían más de 5.000 millones de pesos para garantizar la seguridad de los candidatos y líderes políticos en época electoral, dando prioridad a los partidos de oposición al Gobierno.

Sin candidatos

Marcha Patriótica nació hace dos años para reunir a varios líderes de izquierda y de centro-izquierda que no estaban contentos en sus respectivos partidos. Aunque la idea inicial era presentar candidatos para las elecciones al Congreso e incluso proyectar un aspirante a la Presidencia, al final de cuentas ninguno de estos dos objetivos se concretó. También se había planteado la posibilidad de alianzas con otras facciones de izquierda, pero tampoco hubo humo blanco. Es más, dos parlamentarios del Polo estuvieron al borde de la expulsión por tener empatía con Marcha Patriótica.

Si bien Córdoba es su líder más reconocida, ella no puede postularse a ningún cargo de elección popular pues fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría debido a presuntos nexos con las Farc.

En repetidas ocasiones tanto Córdoba como Marcha Patriótica han respaldado el proceso de paz e incluso se llegó a rumorar días atrás que podrían apoyar la reelección del presidente Santos bajo la tesis de que su continuidad en la Casa de Nariño es necesaria para que la negociación que se lleva a cabo en La Habana termine en un acuerdo de salida negociada al conflicto. Sin embargo, ayer Córdoba dijo que no se había tomado ninguna decisión al respecto.