La Defensoría del Pueblo rechazó la conducta violenta de un grupo de uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes en medio de un procedimiento realizado en la calle 100 con carrera 64, al noroccidente de la capital de la República, golpearon de manera fuerte y repetida a un taxista en plena vía pública.

En diálogo con la Defensoría, el conductor advirtió que su vehículo fue objeto de disparos previos por parte de la patrulla, y que además de las agresiones en su contra, las cuales serán valoradas por Medicina Legal en las próximas horas, los policiales rompieron uno de los vidrios traseros del automotor y lanzaron improperios contra los tres ocupantes que lo acompañaban, incluida una menor de edad.

Según las primeras informaciones dadas a conocer por los medios de comunicación, los uniformados adelantaban operativos de control, y en circunstancias que son investigadas por las autoridades, hubo una persecución que terminó con el resultado públicamente conocido.

La Defensoría del Pueblo recuerda que no obstante la investidura de los policías para ejercer autoridad y procurar la convivencia entre los ciudadanos, nada justifica el exceso de la fuerza y el abuso de esa investidura para incurrir en posibles arbitrariedades y atropellos contra los derechos fundamentales de las personas.

La Defensoría ve con buenos ojos la prontitud con la que el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá intervino para iniciar la investigación disciplinaria interna y para anunciar la separación de funciones de cinco uniformados presuntamente comprometidos.

Sin embargo, considera la Institución que ante la gravedad de los hechos sería deseable el concurso de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación, a fin de determinar las responsabilidades puntuales y las sanciones a que haya lugar.