El presidente Puigdemont habló este martes de la necesidad de "desescalar la tensión", en su discurso en el Parlamento.

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El presidente catalán Carles Puigdemont suspendió este martes una declaración unilateral de independencia tras el referéndum ilegal del 1 de octubre para propiciar un diálogo con el gobierno español, que lo rechazó de plano.

"Asumo (...) el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", dijo Puigdemont en una histórica comparecencia ante el parlamento regional.

Y acto seguido, agregó: "El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

El gobierno conservador de Mariano Rajoy rechazó inmediatamente esa "declaración implícita" de independencia.

"No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", dijo.

En una comparecencia que despertó expectación en toda Europa, Puigdemont asumió el veredicto de las urnas, en las que el sí a la autodeterminación ganó con más del 90% de los votos, con una participación del 43% de la población de esta región de 7,5 millones de habitantes.

 

 "Hemos perdido una ocasión"

Sin embargo, los socios del gobierno independentista, el partido de extrema izquierda de la CUP cuyos 10 diputados son claves, reprocharon a Puigdemont que se "había perdido una oportunidad".

"Creíamos que hoy tocaba hacer eso, proclamar solemnemente una republica catalana, y a lo mejor hemos perdido una ocasión", dijo la diputada de la CUP Anna Gabriel.

"No se puede suspender una declaración que no se ha tomado", le reprochó Miquel Iceta, del opositor Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Puigdemont reprochó al Estado no haber sido un interlocutor "en el pasado ni en el presente".

Antes, el presidente catalán defendió "la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla".

La sesión se inició con una hora de retraso porque hubo una discrepancia en el seno de la coalición independentista, donde conviven diferentes orientaciones políticas, desde el conservador PdeCAT, al partido de extrema izquierda de la CUP.

El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada "irreversible" y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.

El Parlament donde hablaba el presidente era un fortín. La policía catalana cerró al público el parque donde se encuentra la Cámara para prevenir incidentes entre unionistas y secesionistas, días después de que las imágenes de las cargas policiales contra los votantes dieran la vuelta al mundo.

Las vallas rodeaban las entradas al parque, había decenas de furgonetas policiales y un helicóptero sobrevolaba la sede.

 

'Esperábamos más'

En el exterior de la zona acordonada, en el paseo Lluís Companys -el último presidente catalán que había declarado la independencia- miles de personas siguieron el discurso por dos pantallas gigantes y el desencanto reinaba entre ellas.

"Estamos contentos pero esperábamos más", comentó Pere Valldeneu, un jubilado de 66 años, al terminar la intervención.

"Fue un discurso muy ambiguo. Habló de respetar el referéndum, pero yo esperaba que diera una fecha límite", dijo Sheila Ulldemolins, publicista de 28 años.

Muchos esperaban una declaración inequívoca. "Estamos esperando que declaren la independencia y sabemos que tendremos que estar en la calle para defenderla", proclamaba Marta Martínez, abogada de 50 años, antes del discurso.

Mariano Rajoy comparecerá el miércoles a las 14H00 GMT en el Congreso de los Diputados para hablar de Cataluña. Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría dijo en el Senado que "vivimos uno de los momentos más importantes y difíciles de nuestra democracia", restaurada con las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978 tras la dictadura franquista.

 

 La UE respalda a Rajoy

El gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que "no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible".

Las presiones nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.

En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.

En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Ante este horizonte, las empresas optaron por resguardarse: de las siete compañías catalanas en el selectivo bursátil español, seis trasladaron su sede a otras regiones españolas como los bancos CaixaBank y Banco Sabadell, o la energética Gas Natural.

"Es un reflejo claro del grado máximo de preocupación" del mundo empresarial, advirtió en un comunicado la principal patronal regional, Fomento del Trabajo, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar "hacia la insolvencia económica".

 

El presidente catalán Carles Puigdemont asumió este martes en el parlamento el "mandato" del  referéndum para que Cataluña sea una "República independiente", aunque llamó al parlamento regional a suspender "los efectos" de la independencia para propiciar un diálogo.

El gobierno español de Mariano Rajoy lo consideró una declaración "implícita" de independencia, tras la consulta del 1 de octubre, ilegalizada por la justicia. "No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".

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