Luego de 10 años que la Corte Constitucional ordenara al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos técnicos y financieros para aliviar la problemática de desplazamiento forzado, la situación sigue sin resolverse y se extiende a regiones como el Archipiélago de San Andrés.

De los 5.966.211 ciudadanos incluidos en el registro Nacional de Víctimas desde 1985, el 87 por ciento ha sido desplazado por el conflicto, lo que significa que en promedio 21 colombianos sufren el desarraigo por cuenta de los grupos armados cada día

San Andrés, enero 31/2014.- Horas después de reunirse con líderes representativos de la comunidad raizal, las víctimas y los pescadores en el marco de su visita humanitaria al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó un balance en materia de desplazamiento forzado al cumplirse 10 años de la sentencia que emitió la Corte Constitucional al respecto, y se mostró preocupado por el incremento del fenómeno en la isla, donde tan solo el año pasado la Defensoría atendió a 80 familias equivalentes a 249 desplazados, tanto residentes como inmigrantes nacionales del territorio continental.

De la misma forma, Otálora Gómez aseguró que a pesar de las múltiples advertencias que la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistemas de Alertas Tempranas (SAT) ha formulado, se siguen registrando eventos de desplazamiento por el accionar de los grupos armados ilegales que afectan a la población civil.
Según el Registro Nacional de Víctimas, de los 5.966.211 de ciudadanos incluidos como víctimas un total de 5.185.406 ha sido desplazado por el conflicto armado entre 1985 y el primero de diciembre de 2013, lo que representa cerca del 11% de la población colombiana.

El Defensor del Pueblo recordó que recientemente en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle se han registrado varios desplazamientos masivos por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados post-desmovilización de las autodefensas y guerrilleros que se disputan el control territorial para sus actividades ilícitas. El desplazamiento forzado persiste de manera sistemática a lo largo y ancho del país, tanto bajo la figura de desplazamientos individuales; así como los intraurbanos, ocurridos de manera recurrente en Medellín y Buenaventura, y aquellos de carácter masivo, que provocan el mayor impacto sobre las comunidades. De hecho, uno de los presuntos integrantes de las llamadas “bandas criminales” asesinado anoche en un corregimiento de Buenaventura, y quien según las autoridades fue identificado con el alias de “Tapia”, tenía antecedentes por desplazamiento forzado.

Para el Defensor resulta preocupante que después de que la Corte Constitucional le ordenara al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos técnicos y financieros ante la grave situación de derechos humanos de la población desplazada, 10 años después no haya avances reveladores en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
Incluso, la implementación de las políticas de prevención, protección y atención que se desprendieron de este marco legal no lograron los niveles de desarrollo administrativo y presupuestal que las hicieran eficaces, siendo un indicador de esto el que cada año, entre 1997 y 2003, fueran expulsadas de sus hogar esa causa del conflicto armado en promedio 385.414 personas.

Para avanzar en la superación de esta realidad, la Defensoría del Pueblo recomienda armonizar los desarrollos de la Ley 387 de 1997 (para la población desplazada) y la Sentencia T-025 de 2004 (y los autos de seguimiento) en materia de prevención, protección, retornos y estabilización socioeconómica y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De manera particular, considera necesario adelantar un trabajo interinstitucional que asegure la atención humanitaria para la reparación integral y la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras.