El Fiscal Delegado ante la Corte Suprema acusó al concejal de Bogotá Orlando Parada Díaz, por incurrir presuntamente en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio, a título de autor y determinador, respectivamente.

De acuerdo con la investigación, en 2009, Parada Díaz habría usado sus influencias para lograr que Iván Alberto Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de la capital del país lo favoreciera en lo referente a contratos para arreglar la malla vial, así como en el nombramiento de recomendados en cargos de la entidad y la obtención de recursos económicos para financiar su campaña política. Para ello, supuestamente, designó al asesor Manuel Sánchez Castro, persona de su confianza, para que representara sus intereses al interior de la Unidad y obtener beneficios.

Según el escrito de acusación, el concejal “lesionó la administración pública, al utilizar indebidamente las influencias derivadas de su cargo (…) al no obrar con imparcialidad, pulcritud, transparencia y moralidad en su gestión, toda vez que la misma no iba dirigida al beneficio de las comunidad como ordena la constitución y la ley, sino al propio”.

Por otra parte, la Fiscalía acusó al procesado por los hechos ocurridos entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, cuando este determinó a Hernández Daza, también investigado y  quien aceptó los cargos, para que recibiera la suma de $400 000 000, a través del abogado Sánchez Castro, de parte de la empresa Patria S.A, ya que la misma tenía interés en los procesos contractuales que se adelantaban en la Unidad de Mantenimiento Vial.

“Al señor Hernández Daza le correspondía dirigir y controlar los procesos contractuales de la entidad  y en atención al compromiso que tenía con los concejales permitió que se recibiera este dinero con destino al concejal Parada”, señala la acusación.

El concejal Parada Díaz permanece privad de la libertad en la Cárcel La Picota, de Bogotá.