Con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, la Procuraduría General de la Nación sancionó a la hoy encarcelada y procesada ex subidrectora de operaciones del DAS, Martha Leal, por las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a magistrados, dirigentes políticos y periodistas.
Por esos mismos hechos, conocidos en el país como las chuzadas, la Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a quien, por la época de los hechos se desempeñaba como coordinadora del grupo tecnológico de la Dirección de Inteligencia del DAS, Teresa Guzmán Cortés.
El fallo del Ministerio Público indica que esas exfuncionarias pudieron incurrir en conductas y faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo efectuadas en el ejercicio de sus cargos y el desarrollo de sus funciones como servidoras públicas.
Por las mismas razones, la Procuraduría suspendió en el ejercicio de su cargo por el término de 6 meses al señor José Antonio García Linares, quien era el subdirector de Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Inteligencia del DAS.
Los hechos señalados en el fallo indican los procedimientos irregulares efectuados a teléfonos celulares incautados a personas privadas de la libertad, con el fin de extraer, analizar e incorporar la información de dichos equipos y las respectivas tarjetas SIM al denominado “proyecto X” y seguimientos a diferentes personas sin autorización judicial durante los años 2004 a 2008.
Entre las pruebas y evidencias recopiladas en el proceso, se nombran algunas de las personalidades a las que se les realizó indebido seguimiento, como a los entonces parlamentarios Piedad Córdoba Ruíz y Gustavo Petro yel magistrados César Julio Valencia Copete y Ramiro Bejarano, entre otros.
Analizadas las pruebas, se concluyó que existió por parte de los disciplinados sancionados responsabilidad en los hechos irregulares que vulneraron el derecho a la intimidad de varias personas y la legalidad de procedimientos de inteligencia que debían contar con autorización judicial; por lo que los funcionarios comprometidos incurrieron en faltas gravísimas a título de dolo.