“Actualmente  tenemos 51 procesos de responsabilidad fiscal activos por un valor de 125.352 millones de pesos, relacionados con el carrusel de la contratación”, sostuvo el contralor distrital Diego Ardila.

La afirmación obedece a que, desde la segunda semana de febrero de 2012, cuando fue elegido Contralor de Bogotá, con 31 de los 45 concejales de Bogotá, ha generado suspicacia, no solo porque supuestamente tuvo el aval de involucrados en el escándalo del carrusel, sino que ha tenido que remar contra la corriente para generar credibilidad ya que su antecesor, Miguel Ángel Moralesrussi, se encuentra en la cárcel La Picota.

La guerra verbal en los últimos tres años entre el contralor y el alcalde Gustavo Petro se recrudece cada que sale a la luz pública alguna investigación, como la semana pasada cuando el mandatario preguntó dónde estaban las investigaciones del ente de control ante el escándalo de la contratación en la capital.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué el alcalde Petro ha insistido en estos tres años que a usted lo eligieron los concejales del carrusel?

DIEGO ARDILA:Es usual que al alcalde le disgusten las actuaciones de los organismos de control y que utilice ese tipo de afirmaciones.

A mí, como a todos los contralores de la ciudad, me eligió el Concejo Distrital y voy a seguir vigilando cada peso de los bogotanos.

Además, recuerde que la elección de un contralor territorial es un acto complejo y en mi caso el Tribunal Superior, integrado por 78 magistrados, me seleccionó al incluirme en la terna de candidatos a contralor. Posteriormente el Concejo de Bogotá me eligió.

ENS: ¿Por qué cree que el alcalde dice que la Contraloría no ha hecho nada contra el carrusel?

DA:Otra afirmación equivocada del alcalde. Actualmente tenemos 51 procesos de responsabilidad fiscal activos por un valor de 125.352 millones de pesos, relacionados con el carrusel de la contratación. Otros diez procesos por 367.516 millones de pesos fueron remitidos a la Contraloría General de la República.

Además, otra forma que hemos encontrado de recuperar el dinero por este concepto ha sido constituirnos como representantes de las víctimas en los procesos penales y así venimos actuando.

ENS: Cuando usted hace una denuncia o se inician juicios fiscales y el alcalde no responde sino que dice a la opinión pública que es una persecución política, ¿qué piensa?

DA:Como le digo, ya estamos acostumbrados a ese tipo de respuestas por parte del alcalde. Lo lamentable es que son respuestas que no solo exige la Contraloría sino los ciudadanos.

 Casos relevantes

ENS: En los tres años en la Contraloría, ¿cuáles son los casos más relevantes?

DA:En estos tres años hemos abierto 766 procesos de responsabilidad fiscal, no solo por presuntos casos de daño al patrimonio público en esta Administración sino en anteriores administraciones. Son procesos que suman 1,21 billones de pesos.

Creemos que todos los procesos que busquen cuidar el bolsillo de los bogotanos son relevantes, pero si me pide que le mencione alguno le diría que está, por ejemplo, el de presuntas irregularidades por la adquisición exagerada de parque automotor -recolectores, compactadores y barredoras- para la prestación del servicio de aseo en toda la ciudad, a finales del 2012, cuando Aguas de Bogotá sólo podía operar el 18% de ese servicio.

ENS: En varios temas ustedes realizaron controles de advertencia con temas como el problema de las basuras. ¿Petro no escucha?

DA:Mi función no es juzgar al alcalde. Eso les corresponde a los ciudadanos. Pero frente al tema de basuras es cierto que hemos emitido varios pronunciamientos relacionados con la falta de implementación de un esquema definitivo para la prestación del servicio público de aseo.

ENS: ¿Qué pasó con la investigación por no poner en funcionamiento el 100 por ciento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)?

DA:Hemos enviado varios pronunciamientos y advertencias a la administración sobre las demoras en la implementación del SITP y las consecuencias que esto tiene en la calidad de vida de los ciudadanos para que tome las acciones correspondientes.

ENS: ¿Quién responderá por la doble tarjeta del transporte?

DA:Este problema, hasta ahora, no genera riesgos de daño patrimonial por tratarse de recursos de operadores privados y no de recursos públicos. Sin embargo, nos preocupan las consecuencias que esta falta de definición tiene para los usuarios que diariamente se movilizan en el sistema. Ellos son los directamente perjudicados.

ENS: ¿Qué pasa con las entidades que compran elementos y no los utilizan?

DA:Estamos adelantando indagaciones rigurosas en todos los casos que hemos denunciado. Cuando tenemos los resultados sobre posible daño patrimonial, informamos los resultados. Pero tenga la plena seguridad que seguiremos denunciando este tipo de situaciones y vigilando cada peso de los bogotanos.

ENS: Esos cerca de 400.000 millones de pesos invertidos en compra de predios que no se utilizan ¿serían un detrimento patrimonial?

DA:Constituyen un presunto daño patrimonial, toda vez que son recursos invertidos en proyectos de obras como ampliación de vías o puentes peatonales que no se han construido.

ENS: ¿Cómo está la relación entre la inversión que hace el Distrito en la Contraloría frente a los beneficios para la sociedad (costo-beneficio)?

DA:Por cada peso que se invierte en el presupuesto de la Contraloría de Bogotá logramos devolverle dos pesos a la ciudad. El año pasado le retribuimos a la ciudad más de 145.012 millones de pesos y esto está certificado.