Un juez federal de Brasil suspendió la aplicación de un polémico decreto que autorizaba la explotación minera privada en una gigantesca área de 47.000 km2 de la selva amazónica.

El juez de Brasilia Rolando Valcir Spanholo ordenó “suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca)”, una zona del tamaño de Dinamarca, situada entre los estados de Pará y Amapá, indica el acta judicial.

El magistrado argumenta que el decreto no fue “precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional”, como lo impone la Constitución, y podría “colocar en riesgo la protección ambiental (...) y la protección de las comunidades indígenas locales”.

El decreto fue publicado la semana pasada por el presidente Michel Temer, que el martes lo reemplazó por uno nuevo, con mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental, ante el aluvión de críticas procedentes de grupos ambientalistas, de la Iglesia Católica y de varias celebridades.

El decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión, hace una semana, establecía el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), que había sido delimitada en 1984 durante la dictadura militar con la finalidad de consagrarla a la explotación mineral exclusivamente estatal.

El texto no especificaba el propósito de la medida, aunque aclaraba que el fin de la reserva “no elimina la aplicación de la legislación específica sobre protección de la vegetación nativa, unidades de conservación de la naturaleza, tierras indígenas y áreas en zonas de frontera”.

En abril, un documento del ministro de Minería y Energía señalaba que la disolución de la reserva “haría viable el acceso al potencial mineral existente en la región”, al abrir espacio para la obtención de títulos de explotación minera privados.

ONG como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) manifestaron su preocupación sobre la explotación de la Renca, donde hay grandes reservas naturales y viven tribus indígenas.

El Departamento Nacional de Producción Mineral en Amapá dijo a Globo News que ninguna de las áreas preservadas estaba incluida en el paquete de concesiones minerales y que el proceso estaba bajo control de órganos ambientales.

Organizaciones y habitantes originarios denuncian regularmente las concesiones del Presidente a grupos vinculados al agronegocio o a actividades de deforestación.

En junio, durante una visita de Temer a Oslo, el gobierno noruego anunció un recorte de su apoyo a la lucha contra la deforestación de la Amazonía, ante el aumento del agronegocio.

Tras este decreto, el pasado martes el presidente lo derogó, pero publicó de inmediato otro en el mismo sentido con más precisiones sobre protección medioambiental.

La supresión de la enorme Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) volvió a ser aprobada por el mandatario, pero el nuevo texto tenía en cuenta “la necesidad de reglamentar mejor y disciplinar la explotación minera”, aseguraba el decreto.

“Sería un flaco favor a la política ambiental no hacer un nuevo decreto para dejar claro que [el anterior] no aflojaba las normas ambientales ni interfería en las unidades de conservación”, señaló el martes el ministro del Medio Ambiente, Jose Sarney Filho.

Ese mismo día Greenpeace Brasil publicó en su cuenta de Twitter: “Temer, tu nuevo decreto para abrir la Amazonía a la explotación es más de lo mismo y no lo aceptaremos!”.

El nuevo texto prohibía la explotación minera en áreas donde haya “sobreposición parcial” de áreas protegidas o “tierras indígenas demarcadas”, “excepto si está previsto en el plan de gestión”.

El texto del pasado día 23 ya prometía proteger esas zonas.

Y el gobierno, que justificó la medida como parte de sus acciones para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia y acabar con la minería ilegal en la reserva, remarcó que las minas no podrían establecerse ahí; pero Greenpeace o el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) pusieron el grito en el cielo, asegurando que la decisión era una “tragedia anunciada”.

La decisión presidencial generó un fuerte rechazo también entre políticos y en redes sociales, donde empezaron a reproducirse etiquetas como “Todos por la Amazonía”, en una campaña impulsada con fuerza por la poderosa topmodel Gisele Bundchen.