Gabriel Sonny Cubillos

Periodista EL NUEVO SIGLO

 

Las cuentas que se hacen sobre la fecha en que debe entregar su informe a la plenaria del Senado de la República la comisión de instrucción que investiga al magistrado Jorge Pretelt, es que sería el 8 de junio venidero. No obstante, esto podría variar porque hay una discusión jurídica sobre los tiempos que según la norma tiene esta Corporación para estos efectos.

 

El pasado 16 de marzo, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, designó a la comisión de instrucción que se encargará de estudiar la acusación que presentó la Cámara de Representantes contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el delito de concusión, pues supuestamente habría solicitado $500 millones a la firma Fidupetrol para influenciar en una tutela que ésta presentó ante el alto Tribunal, y que de resultar favorecida la libraría de pagar más de $22 mil millones al departamento del Casanare.

 

En consecuencia dicha comisión tiene la misión de estudiar la acusación que presentó la Cámara contra el alto funcionario, ordenar hacer más pruebas si lo considera necesario y presentar un informe ante la plenaria del Senado con una ponencia  en la que conceptualice si el togado es responsable o no en la conducta que se le endilga.  

 

La interpretación que se ha dado hasta el momento es que la comisión de instrucción tiene 60 días hábiles a partir de su designación para entregar el informe a la plenaria del Senado, es decir, hasta el 8 de junio. Esta afirmación se fundamenta en la Ley Quinta del 91 o Ley del Congreso y los términos allí establecidos

Sin embargo, son otros los términos que existen en el Código de Procedimiento Penal.

 

En esta discusión que ha surgido en el Senado gana fuerza entonces la tesis que si bien para los trámites hay unos términos muy breves, para decisiones de fondo como este caso de un magistrado de la Corte Constitucional, difícilmente se podrían cumplir estos términos a rajatabla porque no son términos preclusivos en materia judicial que quiten la competencia. 

 

El propio presidente de la Comisión de Instrucción en el caso del magistrado Jorge Pretelt, el senador Juan Manuel Corzo, aseguró a EL NUEVO SIGLO “es un término que se discute, que según mi concepto tiene 60 días. Pero vamos a tratar de hacerlo antes”.

 

Corzo aseguró que el proceso está surtiendo de la manera más transparente y anotó que la designación del José Obdulio como instructor fue por medio de un sorteo.

 

Después de 57 años, el Senado de la República asume un juicio político contra un alto dignatario del Estado, esta vez, al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt.

 

Entre el 18 de agosto de 1958 y el 2 de abril de 1959, el Senado llevó a cabo un proceso judicial contra el general Gustavo Rojas Pinilla "por corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento indebido e indignidad en el ejercicio del cargo", luego de haber dejado la presidencia de la República. La decisión final de la cámara alta fue acusarlo, pero otras instancias judiciales lograron absolver al expresidente Rojas.

 

Fiscalía

 

Aunque la Fiscalía no es competente en este caso porque por el carácter de aforados constitucionales los magistrados son investigados por el Congreso, en días pasados el fiscal (e), Jorge Fernando Perdomo, dijo que para el ente investigador es claro que Pretelt  sí pidió dinero para fallar en favor de la empresa Fidupetrol.

 

“Para nosotros es claro que hubo la solicitud de dinero de parte del Magistrado. El Magistrado pidió plata y eso ya estructura un delito”,  reiteró Perdomo.

 

En la Fiscalía se adelantaron en tres meses los procesos que ya han llevado a la cárcel incluso al abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, afirmó el funcionario.