La presidente del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón y la Fundación Misión Colombia, ONG ambientalista e indigenista, presentaron tutelas ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena con las cuales se pretende dejar sin efectos tanto la licencia ambiental otorgada al proyecto ecoturístico Los Ciruelos, como el contrato de concesión suscrito con la Unión Temporal Concesión Tayrona.
Tanto López Obregón como la Fundación Misión Colombia demandaron la licencia ambiental como el proceso de licitación y contratación de la concesión de un sector del Parque Tayrona por no haberse tenido en cuenta a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en la toma de dichas decisiones y no haberse cumplido con las consultas previas obligatorias, vulnerando, con tal omisión, los derechos fundamentales colectivos de las comunidades Arhuacas, Wiwas, Kogui y Kankuamas.
Las consultas previas han sido definidas por la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias como derechos colectivos fundamentales reconocidas y contenidas en la Ley 21 de 1991 con la cual se ratificó el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos indígenas y Tribales. Ratificación por la cual el gobierno colombiano está obligado a consultar previamente a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Precisan los demandantes que la licencia del Proyecto Ecoturístico Los Ciruelos se expidió sin que se hubieren cumplido con las consultas previas con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, amparados en el oficio OFI108-322-DET-1000 del 10 de enero de 2008 con el cual la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificó que “No se registran comunidades indígenas en el área del proyecto”. No obstante, el mismo Ministerio del Interior revocó un oficio parecido a favor de la construcción del Proyecto Six Senses por comprobarse que tal certificación no correspondía a la realidad y procedió entonces a reconocer los derechos fundamentales de las etnias indígenas asentadas en este parque nacional.
En el caso de la concesión en diferentes informes de prensa tanto la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, como el presidente de Aviatur, miembro de la Unión Temporal Concesión Tayrona, reconocieron no haber cumplido con tal trámite de consulta.
"Lo que hemos hecho instaurando estas tutelas, es salvaguardar el Parque Tayrona para todos los colombianos. Si no hacemos algo de inmediato, el parque terminará como las Islas del Rosario, una propiedad privada en terrenos que le pertenecen a un país. También buscamos proteger a las comunidades indígenas que viven en esa región, porque ninguno de los dos proyectos tiene consulta previa", explicó Clara López Obregón.
Según la presidenta del Polo, "el objetivo de un Parque Nacional es disfrutarlo y gozarlo, pero no se puede permitir que allí se asienten negocios privados que generen daños en los ecosistemas protegidos del Estado. Por eso buscamos anular con las tutelas, las licencias ambientales y el Tayrona regrese a su estado natural".
En diez días se conocerá la decisión de un magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena, que aceptó las dos tutelas radicadas por la presidenta del Polo Democrático, Clara López y la Fundación Misión Colombia, que buscan dejar sin piso jurídico las licencias ambientales del proyecto Los Ciruelos y de la Concesión Turística de Aviatur dentro del Parque Nacional Tayrona.