“La salida del Incoder de Miriam Villegas y Jennifer Mojica, así como la sanción a esta última de parte de la Procuraduría General de la Nación, se producen en momentos en que grandes empresarios ejercen fuertes presiones para defender sus inversiones en tierras, muchas de ellas irregulares. Tal es el caso de la demanda que Germán Efromovich instaurara contra estas funcionarias, por las actuaciones que tomara el Instituto en la Hacienda la Gloria, de su propiedad.

Coincide también con el cambio en la cartera de agricultura y con lo que pareciera ser una “unificación del mando” desde el alto gobierno, tendiente a silenciar a funcionarios que velan por el cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y particularmente, sus disposiciones sobre baldíos. Tal es el caso del exministro Estupiñan, quien en un principio calificara la compra de tierras por parte de Riopaila y otras compañías como “poco jurídicas”, y luego pasó a proponer su legalización; o del Superintendente Vélez, quien ha cambiado  su posición y ahora intenta por diferentes vías justificar las compras ilegales de predios con antecedente de baldío.

Villegas y Mojica, funcionarias que valientemente han intentado aplicar a cabalidad la Ley 160, a pesar de los intereses de grandes empresarios, actuando siempre en derecho, debieron abandonar sus cargos y reciben permanente estigmatización que más parece tener un contenido político. Mal mensaje para el proceso de paz en Colombia, que se les cierre el paso de tal manera a personas que simplemente procuraron hacer cumplir la legislación agraria vigente”, dice el texto completo del comunicado.