Este año entró a operar en firme esa célula parlamentaria creada para revisar el accionar de los organismos de Inteligencia del Estado en medio de un escándalo de interceptaciones ilegales

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En medio del escándalo por las chuzadas ilegales que tuvo un capítulo en 2013 con la Corte Suprema de Justicia y otro en medio de la campaña política de 2014, el Congreso aprobó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

Dicha iniciativa creaba una comisión del Congreso para hacerles seguimiento a los organismos de inteligencia del Estado, controlando sus recursos y la destinación de los mismos. Sin embargo, dicha comisión solo entró a operar, en serio, desde el año pasado. Ahora tiene que enfrentar otro escándalo de salas fantasma al interior de la Fiscalía.

La comisión fue creada en 2013 con el objetivo de fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo estas actividades cumplir adecuadamente con su misión constitucional. Sin embargo, como lo anunció EL NUEVO SIGLO, solo hasta el Congreso que se posesionó el año pasado se conformó la Comisión Legal de Seguimiento a estas actividades.

La célula legislativa está integrada por ocho congresistas, cuatro senadores y cuatro Representantes, quienes deben ser miembros de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes. En la Comisión tienen asiento dos congresistas de los partidos declarados en oposición.

La Comisión se reunió la semana pasada y eligió su segunda mesa directiva. Como presidenta fue nombrada la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, y como vicepresidente quedó Carlos Ardila, del Partido Liberal.

Los demás miembros de la comisión son Gustavo Londoño (Centro Democrático), Juan Diego Gómez (Partido Conservador), Jaime Enrique Durán (Partido Liberal), John Harold Suárez (Centro Democrático), Germán Blanco (Partido Conservador) y Neyla Correa (Alianza Verde).

Si bien los asuntos de los que trata la Comisión son reservados, algunos miembros aseguraron que todavía no está al pleno de sus capacidades pues, pese a que ya consiguió personal para operar, la infraestructura todavía no es la adecuada.

El senador Gómez sostuvo en diálogo con este Diario que “hasta ahora los miembros de la Comisión hemos venido abordando muchos temas, con los distintos órganos del Estado y entiendo que en uno de los órdenes del día próximos estará el tema de las presuntas irregularidades en las interceptaciones de las salas de la Fiscalía General de la Nación. Hasta ahora hemos tenido contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia, con Inteligencia de Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, y estamos a la espera de hacer una sesión con el CTI y la Fiscalía”.

A su turno, Ardila le expresó a este Medio que el papel de esa célula legislativa “va mucho más allá del tema de interceptaciones. La ley crea unos principios de cómo se debe regir y crea unos actores con unas funciones puntuales, esas funciones van mucho más allá. Ese es un tema judicial quien intercepta de manera ilegal debe ser sancionado por la ley. En el tema grueso las autoridades deben adelantar las investigaciones”.

Por otro lado, la representante verde Ruiz aseguró que “nuestra tarea en la Comisión es hacer la presión para que se haga seguimiento a estos casos y se esclarezcan, en la próxima reunión vamos a ver si se habla del tema, pero esos temas son reservados”.

Cuando se les preguntó a los miembros de la Comisión si ha funcionado tras los recientes escándalos, aseguraron que por ahora está comenzando la labor legislativa y que esperan entregar resultados pronto. Según el senador Gómez, “en este momento coyuntural es natural que aparezcan inquietudes sobre si se cumple o no la labor. Pero puedo decir que contamos con una gran mesa directiva, un gran grupo de congresistas comprometidos. La comisión ha avanzado en lo que ha podido pero aquí se cumple la tarea y se cumple con el deber de seguir detalladamente las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado”.

El representante Ardila, por otro lado, consideró que la Comisión no ha podido funcionar como debe pues “ha habido mil dificultades para poder proceder. Una tarea pendiente que tenemos es adecuar un lugar para adelantar las sesiones reservadas. El manejo de la información requiere un control de custodia. Todo lo que se maneja goza de reserva y por eso requiere una infraestructura. Ya estamos en la gestión con la mesa directiva del Congreso para que se gestione un espacio con las características de ley”.

Ruiz afirmó que “luego de la elección de la mesa directiva tenemos que comenzar a trabajar en serio. El año pasado solo se adelantaron tres o cuatro sesiones pero estuvieron encaminadas más en conocer la organización y los procesos de los organismos de inteligencia. Esperamos pronto tener unas condiciones más favorables para trabajar.

Interceptaciones ilegales

Algunos medios de comunicación han revelado que dentro de la Fiscalía habría todo un sistema paralelo de interceptaciones que se ha usado de forma ilegal para hacer escuchas a las conversaciones de varias personas. En el ojo del huracán está el general retirado Humberto Guatibonza, quien fue detenido con otras personas por supuestamente conformar una empresa de escuchas ilegales.

El 17 de junio, Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, aceptó cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.

Una de esas escuchas ilegales se habría realizado, según el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, al teléfono de quien fue el jefe de seguridad de aérea de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) con una orden falsa avalada bajo engaño por un juez de control de garantías. Según la investigación de las autoridades, Gómez Góngora era el encargado de presentar estas solicitudes.

En su momento el mismo exfiscal Martínez anunció que había 1.200 casos relacionados con chuzadas realizadas desde el organismo investigador y anunció una investigación interna.