CRECE LA DISCUSIÓN por el artículo que aprobó la plenaria del Senado y que permite a los congresistas tener un trabajo adicional. Son dos las críticas expresadas: que es inconveniente porque elimina la dedicación exclusiva a la actividad legislativa que establece la Constitución a senadores y representantes y, también, que sería inconstitucional, pues se pretende hacer por medio del proyecto de ley que reduce el salario de los parlamentarios, cuando se requeriría un acto legislativo.

El constituyente y exministro Jaime Castro, consultado por EL NUEVO SIGLO, dijo que es inconveniente suprimir la dedicación exclusiva de los parlamentarios; así como advirtió que el cambio que propone no se puede hacer por una ley, sino mediante una reforma constitucional.

“Hoy en la Constitución en el artículo 180 se prohíbe a los parlamentarios ejercer cualquier actividad que tenga consecuencias de carácter económico. Eso solo se puede reformar mediante acto legislativo, lo que están aprobando no es un acto legislativo, sino una ley. Entonces eso estaría viciado de inconstitucionalidad", subrayó Castro.

Agregó que no queda claro en el proyecto qué tipo de actividades autorizarían a los parlamentarios ejercer, "se imagina uno que pueden ser profesores universitarios o profesores en un colegio y devengar algún sueldo o poder ser médicos y tener consultorio. No creo que los autoricen para constituir sociedades para contratar con el Estado o cosa parecida”.

Consideró Castro que "me parece que ese es el veneno del proyecto, la manera de hacerlo avanzar en la Cámara". No obstante, el exministro comentó que "sinceramente no creo que la Cámara apruebe nada, creo que en la Cámara el proyecto muere".

"Soy partidario de que los congresistas tengan una prohibición total en la materia, no pueden estar desempeñando otras actividades que les representen ingresos económicos, eso sería altamente inconveniente”, apuntó Jaime Castro.

Señaló también que "otra cosa es que vayan a una universidad a dictar una conferencia, a participar en un foro, que eso no les represente honorarios. Desde todo punto de vista es inconveniente, eso debe ser una actividad de dedicación exclusiva".

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La propuesta

El pasado martes la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde) para reducir el salario de los congresistas, que para este año quedó en $ 43.418.537.

Desde hace varios años se han presentado proyectos para bajarle el salario a los parlamentarios porque se considera es muy alto en comparación a lo que devenga la mayoría de los colombianos. En época de la pandemia se dispararon iniciativas de ley en este sentido, pero invariablemente se hundieron en el Congreso.

Sin embargo, el proyecto del senador Pulido logró superar en Senado y ahora le espera la discusión en Cámara.

La iniciativa de ley básicamente lo que hace es suprimir la prima especial de servicios que hoy reciben los congresistas, de $ 14.256.837. Siendo así y restando impuestos, quedarían ganando $ 19.232.574 mensuales.

Empero, en la plenaria del Senado varios parlamentarios mostraron su preocupación por que el salario que recibirán tras esta reforma sería insuficiente, especialmente para los que vienen de las regiones.

Por ello el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático presentó una proposición aditiva al proyecto para permitir a los congresistas "desempeñar otra actividad económica".

Meisel explicó que "lo que busca la propuesta es que nuestros ingresos no vengan de los impuestos de los colombianos. Hay algunos que quieren seguir viviendo de sus bolsillos. Son mis convicciones y no voy a renunciar a ellas".

El senador Pulido admitió que "nunca estuve de acuerdo, le rogué varias veces que la retirara, le expliqué varias veces a la plenaria que no podíamos cambiar la Constitución a través de una proposición".

Mientras que el senador Humberto de La Calle señaló que “es un error histórico. Abre la puerta a numerosos conflictos de interés. Borran con el codo lo que aprueban con la mano".

Otro tema de discusión en este proyecto es que el Senado aprobó en la vigencia que la ley entrará en vigor en 2026. Algunos parlamentarios creen que la medida debe ser inmediata.

Meisel verbalizó que “hay que hacerlo desde que entre en sanción la ley porque, si no, el mensaje que queda en la opinión pública es que le estamos bajando el sueldo es a los que vengan y no a nosotros”.