El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, insistió en que Obdebrecht se encuentra moralmente impedida para contratar en Colombia porque no ha dicho la verdad

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EL NUEVO SIGLO: ¿Que la Fiscalía y la Procuraduría adviertan que la JEP se extralimita, evidencia que esta jurisdicción especial todavía no tiene sus linderos definidos pese a los fallos de la Corte Constitucional?

FERNANDO CARRILLO: La JEP se conforma a partir de un proceso de paz inédito en el mundo. Se trata de una construcción institucional novedosa, pues si se repara en otras experiencias internacionales los comportamientos relacionados con un conflicto armado han sido resueltos por tribunales internacionales o mixtos.

Establecer una jurisdicción para alcanzar la justicia, garantizando los bienes de la verdad, la no repetición y la reparación es una tarea difícil, que compromete a toda la sociedad, más cuando esa instancia especial se crea dentro de un orden constitucional vigente, pues también a diferencia de otros procesos, la superación del conflicto se dio sin echar atrás el orden jurídico vigente.

ENS: ¿Cuál es el balance de la JEP?

FC: La JEP lleva menos de un año de iniciar operación. Aún no se conocen varios fallos de la Corte sobre normas que la rigen, en tanto su funcionamiento genera muchas expectativas ciudadanas.

En síntesis y como acontece con cualquier jurisdicción nueva, su consolidación es un proceso e implica controversias, ‘ires y venires’, que en nuestro estado de derecho tienen solución por la vía de las instituciones.

La Constitución marca la ruta. Lo que no podemos es confundir diferencias de criterios interpretativos con pugnas o rivalidades que no existen. No podemos matar al tigre y asustarnos con el cuero. Apoyemos, alertemos, aportemos para que se fortalezca la institucionalidad de la JEP, articulada al orden jurídico del país.

ENS: ¿Qué argumenta exactamente la Procuraduría en el caso del estudio de la extradición ‘Santrich’ en la JEP?

FC: La JEP tiene competencia para decidir en la aplicación de la garantía constitucional de no extradición para quienes se encuentren cobijados por el régimen generado por el acuerdo final y cuando se cumplan las condiciones exigidas, en todo lo atinente a definir la fecha de ocurrencia de los hechos por los que se reclama la extradición, sin que esa atribución se convierta en un medio de control sobre la legalidad o la responsabilidad penal que atribuye la autoridad judicial de otro país.

La aplicación de buena fe de los tratados internacionales, en este caso de los instrumentos de cooperación judicial, implica que el Estado adelante la actuación sin sobreponerse a decisiones judiciales de otro Estado.

ENS: Reforma a ley de víctimas, cambios en restitución de tierras, que la JEP no conozca de agresiones sexuales, insistencia en sala para militares en esa jurisdicción…  ¿Se está tratando de reversar en el Congreso el acuerdo de paz? ¿Es posible modificarlo?

FC: Insisto en que la carta de navegación en esta materia es la Constitución y el mandato por consolidar la paz dentro del Estado Social de Derecho. No es un reto de poca monta, ni su consolidación es asunto de corto plazo.

La deliberación democrática es la mejor vía para superar diferencias políticas y buscar los consensos. El Congreso ha dado fe de ello. Si fuimos capaces de acallar las armas en el derecho, tenemos que serlo de mejorar la institucionalidad para la paz, ganar en confianza y blindar el proceso, fundamentalmente para asegurar la vigencia de los derechos de las víctimas.

ENS: Parapolíticos, yidispolíticos, culpables de feminicidios y delitos de corrupción piden pista en la JEP. ¿Corre el riesgo esta jurisdicción de convertirse en un ‘lavadero penal’?

FC: ‘Hecha la ley hecha la trampa’, es un axioma lamentable de esa subcultura del todo vale que algunos pretenden imponer en el país. Conductas así pasan ordinariamente. Los responsables buscan ampararse en procedimientos o normas inaplicables.

La JEP no es la excepción. Por eso, la Procuraduría se ha empeñado en blindar la jurisdicción de paz, alertando y denunciando los ‘colados’. Quienes no hicieron parte del conflicto no pueden ser sujetos de la JEP, quienes abusaron de niños no pueden ser amparados por el régimen de justicia para la paz, quienes pretenden hacer valer que supuestamente pertenecieron a las filas de las Farc para evadir una extradición, no pasarán. La defensa de las víctimas, papel fundamental de la Procuraduría en este campo, nos impone esa batalla y ayudar a la misma jurisdicción a detectar casos irregulares.

Corrupción y Odebrecht

ENS: ¿La corrupción sigue incontenible en Colombia? Se habla mucho de derrotarla entre todos, ¿pero sí ve medidas concretas para atacar sus nichos más evidentes?

FC: Claro, sin conflicto armado y con más confianza en entidades como la Procuraduría se hacen más visibles los fenómenos de corrupción.

Ese es el peor enemigo de la democracia. La corrupción además muta, se transforma, se hace más sofisticada. Algunas empresas llegan hasta tener departamentos operativos para estructurar pagos de sobornos en varios países. Fluyen los capitales mal habidos a paraísos fiscales, en fin, se ponen a prueba las instituciones.

Colombia, su sociedad y sus autoridades reaccionan ante la corrupción. Ahí están las actuaciones. Los que eran intocables se sancionan: gobernadores, alcaldes, concejales, altos directivos, particulares que administran recursos públicos. Estamos aplicando medidas y vamos a consolidar más herramientas con ese fin, como lo expresaron los colombianos en la consulta anticorrupción. Los intocables no existen para la Procuraduría.

ENS: ¿Odebrecht puede o no participar de contratos de obras públicas en Colombia como el Metro de Bogotá?

FC: Odebrecht no está moralmente habilitada para participar en alguna contratación pública en Colombia. La Procuraduría se opondrá con toda la energía del derecho a que ello ocurra. Ellos tienen una gran obligación en Colombia que han incumplido: contar la verdad de los sobornos y del financiamiento de las campañas.

ENS: Tras el caso Petro y de otros dirigentes que acuden a la CIDH y se escudan en el Pacto de San José, ¿qué tan blindada está hoy la facultad de la Procuraduría para sancionar y destituir a funcionarios de elección popular?

FC: Está perfectamente blindada por el propio derecho convencional. La Procuraduría General considera que son perfectamente armonizables las regulaciones internacionales y nacionales en materia de protección de derechos políticos y de lucha contra la corrupción.

La Corte Constitucional ha avalado el uso de estas herramientas para combatir el flagelo, como recientemente lo ha decidido al reafirmar la validez de la inhabilidad que se genera por la responsabilidad fiscal establecida por la Contraloría.

Estamos en permanente contacto con el sistema interamericano de derechos humanos y atentos a desarrollar los criterios de la jurisprudencia en esta materia, sin descuidar un ápice nuestra lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción. La Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción son complementarias y compatibles.

ENS: ¿Cómo vio el último ajuste al PAE anunciado por el Gobierno? ¿Ahora sí estará blindado?

FC: Es un primer paso en la dirección correcta. Hemos logrado posicionar el tema como prioritario en la agenda pública, con lo cual hemos ganado mucho.

Ya no vamos a tolerar que, como hasta hoy, se suspendan los servicios de alimentación escolar y no se haga nada o que se conformen grupos criminales cartelizados para robarse los dineros de la alimentación de los niños.

Falta buen trecho del camino. La Procuraduría exhorta al Gobierno para que el desarrollo del nuevo PAE y su institucionalidad se incluya como capítulo clave en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y se asegure transparencia y selección objetiva en la contratación, más flujo adecuado de recursos y amplia veeduría por parte de los padres de familia y de la comunidad educativa.

ENS: ¿Cómo evitar que los 19 billones del plan bianual de regalías se los roben?

FC: Con un trabajo articulado entre Procuraduría, Contraloría y Departamento Nacional de Planeación. Ya avanzamos en esa dirección. Tenemos definido un plan de trabajo articulado, que incluye herramientas como un expediente digital que sirva a todas las autoridades de control y la adopción de un plan de trabajo de vigilancia preventiva en las regiones. Además, lo vamos a lograr mediante la generación de una cultura de defensa de lo público; las regalías son de los colombianos, no de los contratistas.

ENS: ¿Cree que el proyecto de probidad, que presentó en asocio con el Gobierno al Congreso, alcanzará a avanzar esta legislatura? ¿Ve voluntad política en un Parlamento al que se acusa de dejar hundir iniciativas anticorrupción?

FC: Estoy convencido de la voluntad política del Congreso en la lucha contra la corrupción. El mensaje de urgencia impartido por el Gobierno al proyecto le da mayor impulso. No obstante, ya en la Comisión Primera del Senado se había avanzado con una primera ponencia.

La Procuraduría ha cerrado filas con instancias del Congreso como la Comisión Legal de Cuentas y la de Seguimiento a los Organismos de Control. Hay además una generación nueva de congresistas que le está imponiendo dinamismo al ritmo de trabajo legislativo; esto y la experiencia de los parlamentarios, más el sentir social, harán que estas iniciativas se adopten rápidamente, claro, con la deliberación razonada que se exige en materias tan importantes para el país.

ENS: ¿Ha disminuido o aumentado el asesinato de líderes sociales?

FC: La Procuraduría ha logrado la generación del acuerdo de Apartadó entre el Gobierno y los representantes de las organizaciones sociales, para que se adopte a la mayor brevedad una política integral de prevención y erradicación de la violencia contra líderes sociales.

También ha impulsado con medios de comunicación y el sector privado, campañas de socialización y compromiso en la materia. Trabajamos de la mano de la Defensoría del Pueblo en este frente, denunciando y requiriendo la presencia del Estado para proteger a los líderes y hemos pedido se convoque la Comisión Nacional de Garantías, precisamente para hacer seguimiento a los hechos de violencia, que se concentran en zonas del país, especialmente en el Pacífico y en el Catatumbo, y en regiones como Antioquia.

ENS: Auge del narcotráfico y rebrote de violencia, ¿hace agua el acuerdo de paz? ¿Qué está fallando del posconflicto?

FC: El delito siempre busca afectar la convivencia y la institucionalidad. Para qué ahondamos en los estragos que ha generado el narcotráfico en Colombia, si hasta pretendió apropiarse del Estado. Por supuesto que ahora el delito en el campo y en la ciudad, el narcotráfico, pretenden ocupar espacios y generar desorden. La paz está por sobre ello. Claro, con muchos retos por delante; el primero de ellos, consolidar la confianza en las instituciones de la paz y apropiarnos como sociedad de las bondades de superar el conflicto. Se requiere liderazgo, política integral, recursos claros y procedimientos que blinden los procesos y el uso de los recursos comprometidos en el posconflicto. Pero también es esencial que se den muestras inequívocas sobre la voluntad de quienes acogieron el acuerdo, en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. No podemos tener reinsertados ¨perdidos¨, ni anidar dudas sobre el surgimiento de disidencias. Quien se salga de lo pactado en el acuerdo de Paz, debe ser perseguido y capturado por las autoridades de la justicia ordinaria. El acuerdo no se puede cumplir a medias.