La Registraduría Nacional del Estado Civil le salió al paso a las denuncias del senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, quien reseñó presuntas irregularidades en el censo electoral desde hace varios años.
En un debate de control político que se cumplió el lunes pasado en la Comisión Segunda del Senado, Cepeda Castro dijo que desde 2015 el censo electoral tiene cerca de dos millones y medio más de personas que no deberían estar incorporadas en esa base.
Por ello, afirmó que se deben revisar los resultados de varias elecciones como el plebiscito por la paz y la consulta anticorrupción, entre otras, que a su juicio “habrían alcanzado el umbral fácilmente”.
Incluso, en el debate Cepeda mostró una carta al parecer enviada por el delegado para Asuntos Electorales de la Registraduría, Nicolás Farfán, a los registradores locales pidiendo que todo el material de resultados del plebiscito por la paz sea destruido.
Por ello, el congresista le pidió a ese organismo que detenga el proceso de destrucción del material electoral, mientras avanza la correspondiente investigación.
Sin embargo, otra es la lectura del organismo electoral. El registrador delegado Nicolás Farfán dijo este martes que la instrucción de destruir el material electoral sobrante hacía referencia a los votos de la jornada, por lo que los documentos para adelantar una posible investigación por las irregularidades denunciadas siguen disponibles.
“La instrucción que se dio pasados cuatro años de la jornada electoral es la destrucción de los votos, pero no de las actas de resultados ni de la lista de votantes. Todos los documentos con toda la información de la jornada estarán siempre disponibles”, explicó el funcionario.
De hecho, una de las instrucciones de la Registraduría Nacional en toda jornada electoral es destruir los votos que no se utilizaron en la jornada democrática, una vez se cierran las urnas.
“La instrucción que se dio pasados cuatro años de la jornada electoral es la destrucción de los votos, más no de las actas de resultados, ni de la lista de votantes. Todos los documentos con toda la información de la jornada estarán siempre disponibles”, explicó el alto funcionario.
Farfán reconoció que pueden aún persistir ciertas fallas en el proceso de depuración del censo electoral, por ejemplo en la información que deben enviar las notarías a la Registraduría para la depuración del censo electoral con la lista de personas fallecidas.
“La Registraduría sí tiene acceso a la información, pero en algunos puntos no hay interoperabilidad. Por ejemplo, de las Fuerzas Armadas recibimos un archivo pero no hay un archivo automático que emita la información”, explicó Farfán.
En ese punto específico, Cepeda Castro denunció que “hemos encontrado hechos tan graves como que en Colombia están registradas para votar personas que han fallecido, personas que tienen más de 100 años y que siguen utilizando el derecho al voto, cuando sabemos que han fallecido, y miembros de la Fuerza Pública en condición de militares activos que están también concurriendo a las urnas”, afirmó.
Igualmente, dijo que “en Colombia hay 201 municipios del país en los que hay más votantes que personas censadas como pertenecientes a esos lugares”.
El parlamentario señaló que si el censo electoral se hubiera depurado correctamente y a tiempo, el umbral real para la consulta anticorrupción debió ser de 11’247.723 inscritos y no 12’149.342, como ocurrió. Por ello aseguró que “la consulta anticorrupción, con un censo electoral debidamente depurado, el verdadero umbral de esta consulta fue superado con más de 427 mil votos”.
Cepeda Castro no descartó que sean llevadas ante instancias judiciales las posibles irregularidades en el censo electoral que afectaron, entre otras elecciones, la de la consulta anticorrupción y el plebiscito por la paz.
“Un hecho tan grave como estos vamos a dilucidarlo ante las autoridades competentes y si es necesario utilizando las vías judiciales, lo haremos”, aseguró.
Frente a ello, el registrador delegado en lo electoral manifestó que es respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos de acudir a las instancias judiciales para aclarar este tipo de situaciones electorales.