El paquete de proyectos anticorrupción que se impulsó el año pasado y en el que el presidente Iván Duque se apersonó será retomado en el final de este periodo legislativo, que se inicia a partir de hoy.

No obstante, el partido Alianza Verde, uno de los principales protagonistas de estas iniciativas después de que la consulta contra este flagelo realizada el año pasado no alcanzara el umbral de participación, no se muestra esperanzado en que salgan adelante, pues considera que en este momento el Gobierno tiene otras prioridades.

El senador Antonio Sanguino dijo a EL NUEVO SIGLO que tienen “realmente muy pocas expectativas porque la prioridad del Gobierno del presidente Duque es destrozar el Acuerdo de Paz, es destrozar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), es imponer una agenda de devolvernos a la guerra, es el de desmontar lo que hemos avanzado en atención integral a las víctimas del conflicto y en sacar su plan de desarrollo, que es un documento lleno de micos y de orangutanes. De tal suerte que de la agenda anticorrupción creo que muy poco vamos a avanzar en el trámite en el Congreso de la República”.

El parlamentario del Partido Alianza Verde indicó que una posibilidad para tratar de salvar la agenda de proyectos anticorrupción podría ser reactivar la mesa técnica que operó el año pasado con la participación de los diferentes partidos políticos y la coordinación del Ejecutivo.

“Esa puede ser una iniciativa, la otra es que los alcaldes y gobernadores que elijamos en octubre en nombre del verde, de los sectores alternativos, pues implementen hasta donde les sea posible esa agenda anticorrupción. Incorporar de sus propuestas de gobierno, de sus propuestas de campaña y posteriormente en sus ejercicios de gobernabilidad”, indicó.

La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción identificó 24 proyectos relacionados con lo que votó la ciudadanía el pasado 26 de agosto (los proyectos de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, del pacto sobre los siete puntos de la consulta y lo correspondiente a anticorrupción dentro de Reforma Política y Reforma a la Justicia).

De estos, hay un proyecto que ni siquiera tiene ponentes (cátedra anticorrupción), seis que no tienen ponencias, nueve que no fueron agendados para discutir, tres que se hundieron, cinco que tienen trámite (con micos o sin contenidos transformadores).

La Veeduría Ciudadana al Mandato Anticorrupción explicó que los tres proyectos que se hundieron fueron límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, que pasó primer debate en Comisión Primera de Cámara con el cambio al texto de hacerlos no consecutivos y en plenaria de Cámara fue archivado con 69 votos a favor, provenientes del Partido Liberal, La U, los conservadores y Cambio Radical; el tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado que ni siquiera superó su primer debate, también en Comisión Primera de Cámara, donde la mayoría de sus miembros se declararon impedidos (incluidos sus ponentes) por conflicto de intereses (dejando de lado que el proyecto planteaba un régimen de transición y estaba supeditado a nuevos congresistas), abandonando la sesión y no discutiendo; por consiguiente, el Ministerio del Interior decidió retirarlo; y la Reforma a la Justicia que se hundió porque no cumplió con sus primeros cuatro debates en esta legislatura.

Pliegos tipo

De los proyectos con algún tipo de trámite dos van por buen camino: el de pliegos tipo, que fue aprobado sin problemas en Comisión Primera de Cámara, y el proyecto de la Fiscalía, que había pasado por Cámara la legislatura pasada y tiene pendiente su último debate en Plenaria de Senado.

Sin embargo, el pasado 4 de marzo el Gobierno se adelantó al expedir el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, donde estableció los pliegos tipo para obra pública de infraestructura de transporte.

En esa oportunidad el Jefe de Estado dijo que “esta herramienta que se lanza, los pliegos tipo para infraestructura, es el antídoto a esas malas prácticas que han imperado en muchos lugares del territorio nacional”.

No obstante, el senador Sanguino consideró que esta medida “es insuficiente, los pliegos tipo hay que imponerlos en general en toda la contratación pública en el país porque los hechos de corrupción, por ejemplo, también hacen presencia en los planes de alimentación escolar, en el PAE, y hacen presencia también en la contratación de los recursos de la salud. Aquí tenemos carruseles por todos lados, esos carruseles se derivan precisamente de la manera como se amañan las licitaciones, se adjudican los recursos y los contratos”.