El Congreso de la República tiene la difícil tarea en esta primera legislatura del año de darles prioridad a varios proyectos de importancia para el Gobierno nacional.

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En las secretarías generales de Senado y Cámara hay en este momento 597 proyectos de ley, actos legislativos y estatutarios, todos ellos deberán cumplir ciertas condiciones para convertirse en leyes de la República.

El tiempo es corto pues las sesiones iniciarán el próximo 16 de marzo y se extenderán hasta el 20 de junio cuando el receso legislativo es de solo un mes. Además, el Gobierno y otras organizaciones como la Registraduría esperan radicar este 16 de marzo otras iniciativas que tendrán prioridad y ocuparán la mayoría de la agenda.

Hasta el momento hay activos en la Secretaría del Senado 281 proyectos de ley, de estos tres son actos legislativos que cumplieron las condiciones para pasar a segunda vuelta; mientras que en la de Cámara hay 316 proyectos de ley y un acto legislativo que pasó a segunda vuelta. Llama la atención que el 20 de julio pasado fueron radicadas 22 reformas constitucionales en Cámara y 25 en Senado.

La avalancha legislativa no es extraña en un país en el que la coyuntura parece ser el indicador principal de la radicación de proyectos.

Cabe anotar que los tiempos varían con respecto al tipo de proyecto presentado. Por ejemplo, según la ley, los actos legislativos tienen que ser discutidos en dos legislaturas consecutivas y tienen que cumplir con la condición de tener ocho debates. Esa fue la razón por la que el año pasado se terminó hundiendo el proyecto de acto legislativo que desligaba el delito político de la violación sexual.

En el caso de los proyectos de ley ordinarios estos deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas. De hecho, el Senado en su página aclara que “cuando un proyecto de ley hubiere completado su trámite en la comisión de la Corporación donde inicia su trámite en la primera legislatura, continuará su curso en la siguiente legislatura en el estado en el que se encuentre. De no haberse tramitado un proyecto de ley en Comisión durante la legislatura en la cual se radica, se hundirá y debe ser presentado nuevamente en una siguiente legislatura, si así lo desea el proponente”.

El asunto de la avalancha legislativa tampoco es nuevo, según el informe de la Secretaría del Senado el año pasado se tramitaron 273 proyectos de ley de los cuales la mayoría, 82, fueron discutidos por la Comisión Primera de asuntos constitucionales. La Comisión Segunda que trata los temas de política internacional y fuerzas militares tramitó 46 proyectos. La tercera 18, la cuarta tres, la quinta 30, la sexta 46 y la séptima 47.

En Cámara

El asunto se repite en la Cámara de Representantes, la más activa fue la Comisión Primera que tramitó 98 iniciativas; seguida de la séptima con 62 iniciativas. La segunda tramitó 29 iniciativas, la tercera 43, la cuarta dos, la quinta 26 y la sexta 56.

De todos los proyectos presentados el año pasado, por lo menos en Senado, los más activos fueron los congresistas que radicaron 253 proyectos, mientras que el Gobierno solo presentó 20 iniciativas. En la Cámara de Representantes la situación no fue distinta, fueron radicados 302 proyectos por iniciativa parlamentaria y 13 de iniciativa gubernamental.

Cabe anotar que el Congreso solamente aprobó tres proyectos de reforma constitucional, el primero el de cadena perpetua para violadores de niños. La iniciativa modifica el artículo 34 de la Constitución Política así: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado. El Gobierno nacional contará con un año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua”.

El proyecto, que contó con concepto favorable por parte del Consejo Superior de Política Criminal, fue impulsado, entre otros congresistas, por la representante del Partido Conservador por el Tolima, Adriana Magaly Matiz.

En su momento, la legisladora le aseguró a EL NUEVO SIGLO que “este proyecto no elimina el carácter resocializador de la pena, lo que lo hace diferente a otros proyectos que se han presentado. Y esto no lo hace porque estamos frente a una cadena perpetua que es revisable y reversible, ya que esta puede ser revocada si se cumple la efectiva resocialización del condenado, además los condenados pueden acceder a toda la oferta resocializadora del Estado”.

Los otros proyectos aprobados

Además, fue aprobado el proyecto por el cual se adicionan al artículo 310 de la Constitución normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. Dicha iniciativa incluye en la Constitución, para estos departamentos, normas especiales como las que tiene el departamento de San Andrés y Providencia.

Por otro lado, el Congreso también aprobó la asociación entre Bogotá y Cundinamarca para “conformar la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca bajo el principio de equidad territorial, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley”, según reza el articulado.

Para la representante capitalina Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, Bogotá y la Sabana ya son una región, ya son una sola cosa, “pero no nos hemos planeado como una sola cosa, y no tenemos una visión conjunta de ordenamiento con los distintos municipios para decidir los usos del suelo”.