La eliminación de las contralorías regionales vuelve al Congreso gracias a un proyecto de reforma constitucional presentado por el Centro Democrático.

“Con la supresión de las contralorías el Estado tendrá un ahorro de $600.000 millones que podrían ser utilizados para fortalecer la inversión en educación, salud y proyectos sociales. Esta iniciativa permitirá un Estado más eficiente y austero en el ejercicio de la administración pública de manera transparente y eficaz”, según la exposición de motivos.

Además, el proyecto contempla un ajuste a la elección del Contralor General. El senador Álvaro Uribe explicó que a lo que existe actualmente, es decir “hacer convocatorias públicas y los que la ganen tendrán un periodo fijo, y no podrán ser nombrables para el siguiente”, se agregaría que “tendrían también un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades”.

“Esta reforma busca eliminar las contralorías departamentales, municipales y distritales y que esa tarea de control fiscal la asuma la Contraloría General de la nación”, anotó Uribe.

El proyecto también estipula que haya oficinas regionales con delegados del Contralor General de la República, con lo que se acabaría la duplicidad de funciones. “Hoy tenemos las contralorías municipal, departamental y la gerencia de la Contraloría nacional, y en algunas partes hay control triple: el nacional, el departamental y el municipal”, dijo Uribe.

Actualmente, y según como quedó en la refirma recién aprobada, los contralores en las regiones son elegidos por medio de una convocatoria pública que deben hacer los concejos y las asambleas.

Según el articulado de la iniciativa, “las contralorías departamentales, distritales y municipales, hoy existentes, quedarán suprimidas cuando el contralor general de la República determine que está en condiciones de asumir totalmente sus funciones. En el proceso de transición se respetará el período de los contralores actuales. Los funcionarios de la Contraloría General de la República, que se designen para desempeñar estos cargos, no podrán ser reelegidos para el período inmediato”.

La exposición de motivos del artículo indica que lo que impulsa al partido a presentar esta reforma es que “la economía del país está muy deteriorada, las finanzas públicas se encuentran en un estado crítico; se debe tener toda la austeridad y eficiencia para acabar con el derroche y recuperar el crecimiento económico, basado en una economía cristiana”.

Y agrega que suprimir esos organismos “no debe multiplicar la burocracia de la Contraloría General ni sumirse en el derroche. Se tiene la certeza de que estos procesos de transformación permitirán que, sin costos adicionales, la supresión de las contralorías represente, no solo la eliminación de la ineficiencia y el despilfarro, sino que además represente la oportunidad para hacer los procesos de tecnificación, simplificación y transparencia que la Contraloría General de la República requiere”.

Así mismo, el proyecto indica que la Auditoría General, “de acuerdo al artículo 274 de la Constitución vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales, sin embargo, al suprimir las contralorías territoriales y teniendo en cuenta que el Contralor General de la República tiene control penal y disciplinario de la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso de la República ejerce su control político, la Auditoría se convierte en un entidad innecesaria que debe ser eliminada”.

El acto legislativo aprobado por el Congreso de la República para reformar el funcionamiento de la Contraloría General, que no incluyó este artículo, permite que la entidad realice un control fiscal que podrá ser preventivo, concomitante, posterior y selectivo, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.