El expresidente y el excandidato, ambos hoy senadores, tendrán en juego su carrera política en sendos procesos judiciales 

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El año que está por comenzar será, sin duda alguna, al igual que el que termina, electoral. De allí que los principales dirigentes políticos, que ya se jugaron a fondo en 2018 en las contiendas parlamentarias y presidenciales, deberán redoblar esfuerzos para consolidar o recuperar terreno en el nuevo mapa de poder dejado por las urnas meses atrás.

El senador y expresidente Álvaro Uribe será uno de esos dirigentes llamados a poner toda la carne sobre el asador con el fin de completar el triplete: máxima votación a Senado, Presidente de la República de su partido y quedarse con la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías así como escaños en concejos municipales y en asambleas departamentales. No hay que olvidar que esta es una asignatura pendiente para el uribismo, pues tiene pocos cargos en ejecutivos y legislativos regionales y locales.

En la otra orilla política, Gustavo Petro también debe jugarse el todo por el todo, ya que si bien sumó 8 millones de votos en la segunda ronda presidencial, su bancada parlamentaria es incipiente, por lo que las elecciones regionales y locales asoman como su única oportunidad de darle cuerpo real a su movimiento político de la “Colombia Humana”, a la que incluso el Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica. El excandidato presidencial sabe que en los comicios de octubre no sólo medirá fuerzas con la centro-derecha sino tendrá un pulso especial en materia de liderazgo de la centro-izquierda, sobre todo con Sergio Fajardo, de cara al 2022.

Sin embargo, para Uribe como también para Petro el 2019 tendrá un reto adicional, si se quiere, incluso, más importante que el electoral. Ambos deben afrontar una complicada situación jurídica frente a la cual no pueden bajar la guardia ya que, si los procesos se complican, podrían determinar hasta su ‘muerte política’.

La indagatoria

Como se sabe, al expresidente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria en julio de este año, sindicándolo de los delitos de soborno y fraude procesal. Se investiga si el exmandatario, el parlamentario Hernán Prada y otros particulares habrían, presuntamente, manipulado testigos en el caso de la denuncia interpuesta contra el senador del Polo, Iván Cepeda. A este el mismo alto tribunal lo había absuelto meses antes -en febrero- de las denuncias interpuestas por el uribismo en torno a presunta manipulación de testigos para comprobar un nexo del entorno expresidencial con el paramilitarismo.

Aunque una primera reacción de Uribe fue anunciar su renuncia al Senado, bajo el entendido de que debía concentrarse en su defensa, lo cierto es que se posesionó finalmente en julio, alegando siempre su inocencia y la disposición de concurrir ante la Corte para demostrarla.

La fecha de la indagatoria fue fijada para comienzos de septiembre pero luego aplazada porque la defensa de Uribe recusó a tres magistrados de la Sala Penal. Sin embargo, paralelamente, en octubre, se eligieron e integraron las nuevas Salas de Instrucción y de Juzgamiento en la Corte, con el fin de dar cumplimiento a la segunda instancia en los procesos a los aforados. Así las cosas, mientras estos nuevos juristas, que recibieron más de 400 expedientes provenientes de la Sala Penal, se enteran de esas causas -incluyendo la de Uribe-, entonces los términos procesales permanecen suspendidos.

Todo ello conllevó a que terminara este 2018 sin que se haya fijado, por parte de las nuevas Salas, la fecha para la indagatoria de Uribe, pero es claro que en enero o febrero habría luz verde al respecto y se verá, entonces, al hombre fuerte de la política de las últimas dos décadas jugándose toda su carrera ante la justicia.

Millonarias sanciones

No menos complicado es el panorama para Petro. Durante la campaña presidencial varias veces se advirtió que podría estar inhabilitado debido a las cuantiosas multas que tenía vigentes por el daño al erario causado por varias de sus decisiones como Alcalde de Bogotá, en relación con la rebaja del precio a los pasajes de Transmilenio, la polémica contratación de camiones para recolectar basuras, el cambio en el esquema de aseo de la ciudad y la recompra de las acciones que tenía el Distrito en la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Tanto en las multas y sanciones tanto de la Contraloría Distrital como de la Superintendencia de Industria y Comercio -en procesos ya fallados y otros en trámite- habría involucrados más de un billón de pesos. Por ello Petro debe figurar en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Aunque la polémica amainó al no ganar la Casa de Nariño, se trasladó semanas después al Congreso, bajo la tesis de que teniendo esas sanciones vigentes y no habiendo cancelado dos de las multas, que superan los 130.000 millones de pesos, no podía Petro posesionarse como senador, que fue el ‘premio de consolación’ que recibió al quedar segundo en la puja presidencial.

En medio del debate jurídico y político, el 20 de julio Petro se posesionó amparado en que ambas sanciones estaban apeladas y, por lo tanto, no en firme.

El problema, sin embargo, resucitó, ya que a finales de noviembre  la Contraloría de Bogotá ratificó dos fallos al hallarlo responsable de haber causado un detrimento patrimonial a la ciudad por la implementación de nuevo esquema de aseo.

A ello se suma que la Corte Constitucional denegó una acción de nulidad de la defensa de Petro y ratificó que las sanciones administrativas constituyen impedimento para que las personas elegidas por voto popular se posesionen en sus cargos. De igual manera el Consejo de Estado tumbó –por vicios de forma– las medidas cautelares que un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado a finales de 2017, suspendiendo los efectos de las sanciones administrativas a Petro hasta que se resolvieran las apelaciones y acciones de nulidad presentadas por este. Así las cosas, el Tribunal tendrá que pronunciarse de nuevo, esta vez en forma colegiada.

Todo ese complejo panorama judicial debería definirse este 2019 y es claro que allí el líder de izquierda con más votación en la historia del país corre el riesgo de quedar inhabilitado políticamente, a menos que pague las millonarias multas. Y, como si fuera poco, ahora la Fiscalía, la Corte y el CNE investigan un video de 2005 en que se ve a Petro recibiendo fajos de billetes en plena época electoral.

Aunque el hoy senador insiste en que no cometió anomalía alguna y que habría una persecución político-judicial en su contra, violando incluso el Pacto de DD.HH. de San José, lo cierto es que arranca un año muy difícil para él en los estrados.