EN CONMEMORACIÓN al Día Nacional de las Víctimas, varias entidades han presentado el balance del último año por afectaciones en la población civil por parte de los grupos armados.

Inicialmente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló: “Nuestro propósito como entidad de derechos humanos es dignificar a las víctimas, responsabilizar a los perpetradores y contribuir a la memoria colectiva de la sociedad colombiana en lo relacionado con los horrores, las injusticias y el drama que el conflicto ha dejado en nuestra historia a lo largo de más de 60 años”.

Además, el funcionario anunció la entrega formal del Almanaque de la Memoria, como medida simbólica de reparación a las víctimas, situación que se constituye por primera vez en Colombia.

Así, les rindió un sentido homenaje en Sincelejo, Sucre, e insistió en que son la prioridad y el punto de referencia para alcanzar una sociedad que entienda la dimensión de la tragedia que han vivido y las acoja con generosidad.

El defensor indicó, además: “No dejemos pasar la oportunidad de reformar la Ley de Víctimas, para que se centre en la garantía de derechos. En nuestro proyecto de reforma, otro de los puntos primordiales es la protección de las personas víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo y el diseño de programas para atender a las niñas, los niños y jóvenes en situación de orfandad a causa del conflicto”.

Asimismo, afirma que “los 135.5 billones de pesos, interpretados como el esfuerzo fiscal de los gobiernos nacionales desde el 2012 hasta hoy, son insuficientes, y al 2031 se requieren poco más de 252 billones de pesos, un monto que equivale, si hacemos la analogía, al 22 por ciento del Presupuesto General de la Nación. Garantizar la cifra para reparar a las víctimas supondrá un esfuerzo conjunto sin precedentes”.

El llamado de la Procuraduría General

La procuradora general, Margarita Cabello, dio a conocer el informe sobre violencia de la entidad desde la ciudad de Medellín e incorporó el caso que se adelanta por víctimas del conflicto armado en Antioquia, en ese sentido aseguró que “esperamos una reparación integral de las víctimas del conflicto armado, en el marco de las funciones reconocidas en el proceso penal de justicia y paz para poder promover incidentes de reparación integral del colectivo humano de la comuna 13 de Medellín”.

De igual manera destaca: “Se evidencia que, en el territorio, aún persisten graves problemáticas como lo son: el microtráfico, las famosas fronteras invisibles, el desplazamiento interurbano, los casos de desaparición forzada no resueltos, ineficacia e ineficiencia institucional, qué es lo que yo llamo la violencia institucional”.

Ante estos hallazgos, la procuradora Cabello señaló: “Se hace necesario hacer un llamado a las autoridades locales, a las regionales, y aún a las nacionales, para que se trabaje articuladamente por la superación progresiva y consistente de estas circunstancias. Que, reitero, son estructuralmente injustas con quienes las sufren”.

De igual manera, Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, manifestó en este sentido que “existe un rezago en la indemnización con esta población que, inclusive, han tenido que presentar acciones de tutela. El Gobierno nacional ha tomado la decisión de priorizarlos a todos”.

En ese sentido añade que “la meta es indemnizar antes de terminar el 2025 a todas las 106.337 personas que, a corte de 31 de diciembre de 2023, se encontraban con alguna de estas tres condiciones incluidas en la ruta priorizada. Este mes entregaremos 32.000 de esas indemnizaciones”.

Finalmente, la directora, reconoció que son muchas las metas que la Unidad para las Víctimas tiene que cumplir: “Mostraremos con hechos, no con discursos, que avanzaremos en superar el rezago que tenemos con las víctimas del conflicto armado”.

 El Congreso en pleno

La Comisión de Paz, sostuvo sesión sobre víctimas del conflicto armado en conmemoración al Día Nacional de las Víctimas por el Conflicto Armado, y escuchó el informe humanitario presentado por la Cruz Roja Internacional en Colombia para el año 2023.

Allí, se reveló que las víctimas por artefactos explosivos y minas antipersona, registraron un aumento en comparación con el año anterior, y que los departamentos más afectados son Putumayo, Nariño, Cauca y Valle.

Al respecto, los congresistas se comprometieron a ajustar la legislación para que todos los afectados por el conflicto armado tengan garantías de reparación y no repetición.