Una serie de proyectos de ley o de reforma constitucional que no han prosperado en el pasado actualmente se encuentran en trámite en comisiones y plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. EL NUEVO SIGLO presenta, a continuación, un compilado de estas iniciativas.

Hay que señalar que algunos proyectos que han llamado la atención de la opinión pública, como la cadena perpetua para violadores, la modificación de la Ley de Habeas Data y la reducción de los aportes a salud de los jubilados ya han sido aprobados en su primer debate.

Habeas Data

Los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco presentaron nuevamente la reforma a la Ley de Habeas Data, que fue archivada la legislatura pasada tras haber sido aprobada en dos debates. Esta tiene el propósito que los ciudadanos reportados en las centrales de riesgo tengan una segunda oportunidad de retornar al sistema bancario. La iniciativa fue aprobada en su primer debate el mes pasado.

Aporte de pensionados

El proyecto que tiene como objetivo reducir del 12% al 4% el aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud que realizan los jubilados volvió al Congreso. En el periodo legislativo anterior la iniciativa fue aprobada, sin embargo, fue objetada por el presidente de entonces, Juan Manuel Santos. La Corte Constitucional, posteriormente le dio la razón al exmandatario. El proyecto actual, que busca que esta disminución se realice de forma progresiva durante cuatro años, fue aprobado en su primer debate la legislatura pasada y será discutido en la plenaria de la Cámara de Representante próximamente.

Cadena perpetua

El establecimiento de la cadena perpetua para violadores de menores volvió a la discusión en esta legislatura. Luego de más de una decena de intentos fallidos, esta vez el proyecto, que ha sido respaldado por el presidente Iván Duque, logró avanzar en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Campesinado

Esta iniciativa que ya ha sido radicada en anteriores ocasiones busca modificar el Artículo 64 de la Constitución para establecer que “los campesinos y campesinas son sujetos de especial protección. Las comunidades campesinas tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”. Esta semana fue aprobada en su primer debate en la Comisión Primera de Senado.

Límite de periodos

Esta iniciativa, que responde uno de los puntos de la consulta anticorrupción de agosto de 2018, pretende reformar el Artículo 133 de la Constitución para prohibir que nadie pueda reelegirse para más de tres periodos consecutivos o no consecutivos en todas las corporaciones públicas. En la legislatura pasada fue archivada tras su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Audiencias públicas

La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y las corporaciones públicas decidan acerca del presupuesto de inversión de la nación, departamentos y municipios era una de las iniciativas de la consulta anticorrupción. En la pasada legislatura un proyecto en ese sentido fue archivado luego que no tuviera un solo debate. Hace unas semanas congresistas de la Alianza Verde volvieron a radicarlo.

Jornada laboral

Esta semana fueron radicados dos proyectos de ley que contemplan la reducción de la jornada laboral. En el primero, presentado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, se busca que pase de 48 horas a 45, mientras que el segundo, de autoría del representante León Fredy Muñoz, se pretende que sea de 36 horas. En el pasado han sido radicadas varias iniciativas con el propósito de reducir la jornada para varios sectores, como los padres y madres cabeza de hogar y los cuidadores.

Restitución de tierras

Este proyecto busca reformar la Ley de Víctimas de 2011, específicamente lo referente a la restitución de tierras. Desde el uribismo fue presentada la iniciativa por considerar que a algunas personas con esta norma “les desconocieron sus legítimos derechos de posesión y propiedad adquiridos de buena fe”, con lo que el precepto se convirtió “en un instrumento de despojo de la tierra” y “la gestora de nuevas víctimas”. Por eso, propuso que existiera una segunda instancia en los procesos de restitución de tierras y un “debido proceso”. El proyecto ya tiene ponencia para ser discutido en Comisión Primera.

Etiquetado

El proyecto contempla que los productores e importadores de comestibles y bebibles deberán declarar en el etiquetado si el producto tiene azúcar, azúcares libres, y demás edulcorantes, sodio, grasas saturadas, grasas trans, o grasas totales. Así mismo, la lista de ingredientes debe incluir todos los aditivos. Una iniciativa similar fue archivada la pasada legislatura.

Plomo

Este proyecto de ley busca la regulación del plomo en el país. Entre los principales elementos de la iniciativa se encuentra establecer un máximo de concentración de este material en la sangre de los niños en todo el territorio nacional, prohibir la fabricación, importación o comercialización de los artículos que contengan una alta composición de este y fomentar las investigaciones dirigidas a consolidar las tecnologías limpias en las áreas industriales para su reducción y eliminación. Ha sido aprobado en sus primeros dos debates.

Voto obligatorio

Este proyecto de reforma constitucional busca modificar el Artículo 235 de la Constitución para establecer que el voto es un “deber ciudadano de obligatorio cumplimiento”. Para ello, estipula que el Estado “implementará las sanciones y exoneraciones de responsabilidad pertinentes para los ciudadanos que incumplan esta obligación”. En el marco de las últimas reformas políticas esta iniciativa se ha discutido, sin embargo, no ha prosperado.

Contra el pupitrazo

Esa iniciativa fue presentada nuevamente luego de que una similar fuera archivada la pasada legislatura. El proyecto estipula que las iniciativas deben tener un estudio de tres a cinco días y obliga a iniciar los debates tres días después, lo que ampliaría los tiempos de trámite, pero daría más tiempo a los parlamentarios para estudiar las iniciativas. Así mismo, plantea que el estudio del debate se haga de 45 a 41 días garantizando las conciliaciones y prohibiendo las proposiciones que permiten votar parte del articulado en bloque.

Contralorías

Esta semana fue radicado un proyecto de reforma constitucional que contempla la eliminación de las contralorías territoriales. En el pasado han sido radicados varios proyectos en ese sentido que tampoco han tenido éxito.