En el año se registraron cuatro cambios en las carteras de Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Salud
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En los 12 meses de este año se presentaron cuatro cambios de ministros en el gobierno Duque. El primer movimiento se dio en el Ministerio de Justicia, donde Gloria Borrero fue reemplazada por Margarita Cabello. Posteriormente, en noviembre, Carlos Holmes Trujillo asumió la cartera de Defensa tras la renuncia de Guillermo Botero. Trujillo, quien se desempeñó hasta entonces como canciller, fue reemplazado a su vez por Claudia Blum y finalmente la semana pasada Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, anunció su salida del cargo. Está pendiente por conocerse el nombre de su sucesor.
Tras el anuncio de la salida del ministro Uribe han aumentado las voces de quienes se preguntan si en los meses que vienen habrá un revolcón en el gabinete que permita más representación de los partidos en el Gobierno, como lo han exigido varias colectividades desde que comenzó la gestión de Duque, y una mayor conexión con la ciudadanía y sus demandas, que está entre las exigencias hechas por el Comité Nacional de Paro.
La primera baja
Tras solo nueve meses en el cargo, Gloria María Borrero renunció a mediados de mayo al Ministerio de Justicia. Borrero afirmó que su dimisión desde hace varias semanas la venía hablando con el presidente Iván Duque. A lo que agregó que “son cambios normales”.
La funcionaria había sido cuestionada por miembros de la coalición de gobierno. Las críticas se habían agudizado tras la presentación al Congreso de la República de un proyecto de reforma a la justicia liderado por el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y apoyado por las otras dos colectividades que anunciaron una alianza legislativa: los partidos de La U y Liberal.
La presentación de esta iniciativa fue considerada por el uribismo como “falta de liderazgo” de la ministra Borrero, quien sostiene que en los últimos meses ha sostenido varias reuniones con diferentes sectores para concretar un texto que tenga pleno respaldo en el Congreso de la República. De hecho, la falta de consenso fue la que llevó en noviembre de 2018 a que la reforma a la justicia del Gobierno Duque terminara archivándose, pues en el Legislativo no tuvieron eco temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o del Consejo Nacional Electoral, entre otros cambios.
En su reemplazo fue designada Margarita Cabello Blanco, quien se posesionó con retos como el de liderar las políticas del gobierno en materia de Justicia y Derecho, ante la Rama Judicial, el Congreso de la República y otras instancias del Estado, teniendo en cuenta el Pacto por la Legalidad, uno de los ejes fundamentales del Plan de Desarrollo del actual gobierno, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’.
La salida de Botero
Ante la pérdida de apoyos en el Congreso que hacían insostenible su permanencia en el cargo, de cara a la votación de una moción de censura, Guillermo Botero renunció al Ministerio de Defensa a principios de noviembre. La Casa de Nariño dio a conocer la carta de renuncia luego de una reunión entre el presidente Iván Duque y el funcionario en la que ambos acordaron que lo más conveniente era presentar la dimisión.
En un aparte de la misiva el Ministro indicó que “es mi deber como Ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo”. Según Botero, “la mejor decisión que pudimos adoptar fue la de atacar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Más de 100.000 hectáreas de coca erradicadas por este Ministerio. Reitero que más coca es menos paz, más coca es menos vida, más coca es menos bosque, más coca es menos juventud, más coca es menos trabajo, más coca es menos empresa, más coca es menos democracia. El enemigo de Colombia es el narcotráfico”. Igualmente dijo que en su gestión se logró “una reducción significativa de los delitos que afectan tanto la vida e integridad, como el patrimonio”.
El paso de Trujillo a Mindefensa
Días después, el presidente Iván Duque anunció que el reemplazo de Botero sería Carlos Holmes Trujillo, quien se venía desempeñando como canciller de la República.
Trujillo en su discurso de aceptación del cargo se comprometió a adelantar ocho tareas puntuales que le permitirían recuperar la legitimidad de la cartera. Se comprometió a fortalecer los resultados contra el hurto. “En estos 15 meses se ha demostrado una reducción de todos los delitos excepto el hurto. Esos resultados van bien, pero tenemos que buscar más. Necesitamos reducir los delitos, en especial el hurto, el homicidio y la extorsión”, dijo.
Trujillo sostuvo que se encargará de que el uso de la fuerza se sujete al “respeto a las normas de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En Colombia no se toleran violaciones a los derechos humanos. No aceptaremos que con las armas de la República se violen los tratados internacionales”.
Nueva canciller
En la Cancillería tomó el relevo la excongresista Claudia Blum, quien también es exdiplomática. Duque asignó a la nueva Canciller tareas urgentes en el Ministerio como mantener vivo el Grupo de Lima, organismo internacional que ha realizado varios pronunciamientos en contra del señalado régimen de Venezuela de Nicolás Maduro.
“Deberá seguir defendiendo la posición de Colombia en la defensa de San Andrés, tendrá que continuar la labor que venía desempeñando Carlos Holmes Trujillo García, y que sigamos activos en organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, además de impulsar la inversión extranjera en Colombia”, aseguró.
Cambio en Minsalud
La semana pasada, tras una conversación entre el presidente Iván Duque y Juan Pablo Uribe, se acordó la salida del ministro de la cartera de Salud. Duque exaltó los logros de Uribe frente a la cartera, como la Ley de Punto Final para saldar las deudas en el sector de la salud, brindarle mayor liquidez y mejorar este servicio, y la Ley de Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Salud en materia de sanciones.
También sacó adelante la reglamentación del uso de desfibriladores en espacios públicos, así como la Ley de Residentes para mejorar las condiciones de más de 4.800 médicos del país. Durante su administración se destinaron $438 mil millones en 2019 para mejorar hospitales públicos.