Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a comienzos de febrero que el virus del Covid-19 iba a generar una pandemia cuyas consecuencias se vislumbraban catastróficas, en Colombia las alertas ya estaban prendidas desde unas semanas antes.

La velocidad con que el virus empezaba a extenderse en Asia, tras descubrirse en diciembre en China, y las medidas iniciales de cuarentena a 50 millones de personas en Wuhan, llevaron a que el gobierno Duque pidiera a varios de sus ministros, con el de Salud a la cabeza, que empezaran a delinear una estrategia de contingencia en caso de que el Covid-19 no pudiera ser contenido y saltará a otros continentes.

De allí que cuando en la primera semana de marzo se detectó, oficialmente, el primer caso del virus en el país, en una joven proveniente de Milán que llegó a Bogotá, ya el Gobierno se encontraba en estado de máxima alerta, tomando nota de las lecciones aprendidas de naciones como España e Italia, que empezaban a atravesar una difícil etapa entre cuarentenas estrictas, parálisis productiva, sistemas sanitarios desbordados y, sobre todo, récord tras récord diarios en materia de contagios y muertes.

Ya para entonces en Colombia se tenía claro, acorde con los lineamientos de la OMS, que la prioridad no era otra que analizar el estado del sistema de salud, sobre todo en cuanto a tres aspectos básicos: disponibilidad de elementos de protección virológica, cantidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las necesidades de personal sanitario para hacer frente a una emergencia sin antecedentes en el país. Para ello el presidente Iván Duque designó al exministro Luis Guillermo Plata como Gerente coordinador de las respuestas de todas las agencias que atenderían la emergencia nacional.

Teniendo en vista la evolución del brote en Asia y Europa, las autoridades colombianas delinearon un plan de contingencia en el que, desde el comienzo, era evidente que la cuarentena poblacional sería inevitable, ya que solo el aislamiento social se asomaba como la principal fórmula para frenar la curva de contagios y decesos. Es más, los primeros cálculos teóricos sobre los escenarios que podría sufrir el país daban cuenta de no menos, en el caso más extremo, de 300 mil muertos y un porcentaje alto de la población infectado.

De hecho, cuando el 22 de marzo, mediante el decreto 457, se ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, inicialmente por un lapso de 19 días en todo el territorio colombiano, los 34 sectores exceptuados de la cuarentena pusieron de presente que el Gobierno entendía que no se podía paralizar totalmente el país. De allí que los servicios de salud, producción y distribución de alimentos, bebidas, medicamentos, así como el sistema financiero, seguridad privada y otros rubros esenciales debían mantenerse funcionando. De igual manera no podrían tener restricciones la Fuerza Pública, la prestación de servicios públicos y otros sectores clave.

Aunque alcanzaron a presentarse algunos cortocircuitos entre la Casa de Nariño y varios alcaldes y gobernadores por asuntos como la intensidad de la cuarentena y las medidas para controlar el cumplimiento de esta, no se puede negar que tras esos primeros desencuentros se empezó poco a poco a ver una mayor coordinación de los gobiernos nacional, regional y local.
Obviamente la mayor movilización de recursos se daba hacia el sistema de salud. Ya por entonces el país inició una búsqueda afanosa en el exterior de ventiladores mecánicos para dotar a las UCI, en tanto que optó por crear una reserva estratégica de insumos médicos para atender la pandemia. Diplomacia sanitaria y donaciones de varios gobiernos fueron determinantes.

Las prórrogas sucesivas de las cuarentenas (aunque con activación gradual de sectores) no solo evidenciaron que la crisis sería más grave de lo inicialmente presupuestado, sino que sería necesario aplicar un plan de alivio y asistencia socioeconómica de alto calado, ya que los modelos epidemiológicos señalaban que el punto más crítico sería el segundo trimestre, pero luego se fue aplazando. Al final el pico se dio entre julio-agosto. Por eso en septiembre se pasó ya al Aislamiento Selectivo, es decir a convivir más con el virus, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, más que a esconderse en casa de este.

Para todo ello fue clave la otra mitad de la estrategia. Desde el 17 de marzo el presidente Iván Duque procedió a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que repitió luego a mediados de mayo ¿El objetivo? Adoptar, mediante decretos con fuerza de ley, todas las medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis, especialmente las de orden presupuestal. Las prioridades no solo eran asistir a las familias más vulnerables que se habían quedado sin ingresos, sino la protección de los puestos de trabajo y los salvavidas a las empresas y sectores más golpeados por la pandemia. Ya para entonces era claro que el desempleo estaba superando el 20 por ciento y muchas compañías amenazaban quiebra.

Arsenal de medidas

Sin lugar a duda el esfuerzo hecho por Colombia a lo largo de estos diez meses de emergencia por la pandemia no tiene precedentes. Nunca en la historia del país el Estado en todo su conjunto se había movilizado en tan grandes proporciones en materia de presupuesto, talento humano, coordinación interinstitucional, cobertura territorial y asistencia sectorial.

Ha sido un proceso sui generis en el que se ha tenido que aprender sobre la marcha, incluso evidenciándose que algunas de las estadísticas sobre cobertura de subsidios o porcentaje de población en situación de vulnerabilidad estaban desfasadas. La pandemia ha desnudado falencias que no se tenían en el radar.

¿Cuál ha sido la inversión? No es fácil establecer un monto exacto. Los propios cálculos oficiales hablan de inversiones o destinaciones por entre el 3,5 y el 11% del PIB, con un costo fiscal billonario en cualquiera de los dos casos.

La prioridad, como es apenas obvio, ha sido la salud. En menos de diez meses Colombia logró duplicar las camas UCI pasando de pasando de 5.346 en febrero, a casi 11 mil en estos momentos. De igual manera, se multiplicó de manera exponencial la capacidad de realizar pruebas de detección de Covid-19 en más de cien laboratorios. El plan de apoyo financiero a la red hospitalaria permitió un flujo de emergencia de recursos para poner al día salarios e incluso pagar una bonificación especial al personal que atiende la pandemia.

Todo ello ha sido clave para que Colombia tenga 92% de personas con el virus recuperadas y una tasa de mortalidad por millón menor a la de países altamente desarrollados y la mayoría de las naciones de nuestra región.

En lo que hace a los subsidios y asistencia social el Gobierno puso en marcha un esquema de ayudas directas e indirectas sin precedentes. En Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción se hicieron giros extraordinarios para apoyar a esta población. Igual en el Plan de Alimentación Escolar, llevando los refrigerios casa por casa.

Uno de los programas más ambiciosos ha sido, sin duda, Ingreso Solidario que hoy llega a más de tres millones de colombianos, buena parte de los cuales no estaban recibiendo ningún tipo de apoyo estatal, antes o durante el tramo inicial de la crisis sanitaria.

No todo se paró

En materia económica es claro que la cuarentena y el ciclo más crítico de la pandemia (mayo-agosto) tuvo muy duros efectos sobre la productividad, el empleo, los ingresos de las familias y la potabilidad de las empresas.

Un asunto clave aquí ha sido que incluso cuando se decretó el Primer Aislamiento Preventivo Obligatorio, se mantuvo el 40% de la actividad económica operando, y, después del 11 de abril (cuando se dio la primera flexibilización), se aumentó a más de un 55%, con la entrada de la construcción y el comercio al por mayor. A hoy ya se tiene más del 97% de la economía en operación.

A ello se suma el efecto positivo que ha tenido el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que subsidia el 40% o el 50% de la nómina para trabajadores cuyos empleadores han visto reducidos un 20% o más los ingresos, con ocasión de la pandemia. Este programa, incluso, ya se extendió hasta junio, al igual que otros subsidios.

Para las empresas y los particulares ha sido clave el esquema de garantías crediticias a cargo del Fondo Nacional de Garantías. Más de 20 billones de pesos se han respaldado ya con un 90% de garantía de la nación.

No menos importantes han sido dos programas que, aunque fueron creados en la Ley de Crecimiento Económico aprobada en diciembre por el Congreso (cuando no se preveía una crisis de las magnitudes de la creada por la pandemia), terminaron teniendo un impacto superlativo en medio de la crisis.

De un lado, los tres “Días sin IVA” (realizados en este segundo semestre) han permitido movilizar más de 10 billones de pesos, en tanto que el programa de devolución del IVA a los sectores más pobres de la población ha beneficiado a más de un millón de colombianos.

A ello se suma que en julio el Gobierno lanzó el llamado “Compromiso por Colombia”, que delinea todo el plan de reactivación social y económica, que busca movilizar más de 100 billones de pesos en los próximos años y crear más de un millón de empleos.

En esa estrategia ha sido clave el impulso a la construcción, que hoy registra un boom a partir de la puesta en marcha de 200.000 subsidios de vivienda.

Al final, luego de que el desempleo llegará a más de 25 en mayo, hoy está un poco arriba del 14%, luego de recuperar, reactivar o crear 4.5 millones de puestos de trabajo en cinco meses.

Todo lo anterior se ha sumado a apoyos e incentivos a la educación, el turismo, el transporte público, los microempresarios, la agroindustria, el desarrollo científico, el sector cultural y de entretenimiento, los fiscos regionales y locales… En fin, basta con decir que al amparo de los dos estados de Emergencia se han emitido más de 150 decretos, la mayoría de los cuales pasaron el tamiz de la Corte Constitucional, que avaló su objetivo y oportunidad.

La otra agenda

La tarea gubernativa, si bien ha estado concentrada en atender la pandemia, ha tratado también de no descuidar otros énfasis de la gestión.

Por ejemplo, se puso en marcha la primera línea del Metro de Bogotá, se inauguró el túnel de La Línea, otras vías clave de cuarta generación. Igual se lanzó el Plan Férreo Nacional y un documento Conpes que prevé 9,2 billones de pesos para infraestructura vial. Igual se ha avanzado en el fortalecimiento de la matriz de energías renovables…

En materia legislativa el Gobierno también ha hecho apuestas fuertes como las reformas a la salud, el acuerdo de Escazú, el presupuesto 2021, la ley del turismo, el emprendimiento, la reforma a las regalías e incluso los nuevos marcos normativos para el turismo y la vivienda

La apuesta digital es una de las más ambiciosas: meta de formación de 100 mil programadores y millonarios apoyos a la reconversión tecnológica, sobre todo en teletrabajo, educación virtual, comercio electrónico… En el frente de hidrocarburos, no solo se viabilizaron en estos meses los proyectos piloto para fracking sino que hubo subastas de más campos y bloques de exploración…

Estado, una sola voz

Todo esto evidencia que, si bien el plan de contingencia ha demandado una gran cantidad de recursos y priorización de la agenda, dejando incluso de lado algunas de las metas del Plan de Desarrollo, la institucionalidad colombiana ha sabido responder a la crisis. Y lo ha hecho dentro de los cánones constitucionales y legales, manteniendo el equilibrio de poderes, sin violentar las garantías de los derechos humanos y las garantías fundamentales.

Una prueba de esto último es lo que ha ocurrido con los decretos tumbados por la Corte Constitucional, las acciones de tutela falladas contra medidas gubernamentales y otras decisiones relacionadas con la pandemia que han sido corregidas o reversadas ante la desaprobación pública o la evidencia de su inviabilidad.

El Congreso, pese a sus accidentadas sesiones virtuales y semipresenciales, también ha puesto su cuota, como lo evidencia el hecho de que varios de los decretos adoptados por vía excepcional, sobre todo en materia de alivios y beneficios económicos y laborales, fueron ampliados hasta mediados de 2021.

También es claro que nunca se había presentado una coordinación de tan alto nivel y complejidad entre el Gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes, muchos de ellos de partidos e ideologías contrarias al titular de la Casa de Nariño. Si bien, como es apenas natural, hubo cortocircuitos, al final se ha trabajado en una sola dirección para atajar la pandemia lo más posible.

De igual manera se puede concluir que ha abordado una estrategia de doble vía para acceder a la vacuna lo más pronto posible. Por ahora hay que esperar los resultados.

¿Ha dado resultado la estrategia sanitaria, económica y social? ¿Si se hubiera actuado de distinta forma o con otras medidas habría hoy menos de los 1,3 millones de infectados y 37.467 fallecidos? ¿Debió ser más larga o corta la cuarentena? ¿La destinación presupuestal ha sido adecuada o la cautela fiscal ha frenado el gasto más acorde con la gravedad de la emergencia? ¿El plan de reactivación pospandemia es realista? ¿Hay sectores que no han recibido el suficiente apoyo? ¿Se podrá revertir en 2021 la caída del PIB? ¿Hasta cuándo mantener las ayudas, subsidios y alivios?...

Son muchos los interrogantes que se pueden formular, tanto frente al gobierno colombiano como frente a cualquier otro en el planeta. Sin embargo, lo que sí es innegable es que Duque ha movilizado y liderado todo el aparato estatal para hacerle frente a la pandemia, obteniendo resultados plausibles en muchos campos. Si no lo hubiera hecho, la tragedia habría sido significativamente mayor.