A través de un comunicado los copresidentes de la Alianza Verde, Antonio Navarro y Carlos Ramón González, desautorizaron el uso que está haciendo de la colectividad el diputado del Magdalena, Carlos Julio Díazgranados, para hacerle oposición al gobernador de ese departamento, Carlos Caicedo, quien fue elegido con aval del movimiento Fuerza Ciudadana.
“Nuestro partido apoyó la candidatura de Caicedo y sigue apoyando su ejercicio de gobierno. Además, reiteramos que el diputado Díazgranados está suspendido por el Consejo de Ética del partido para votar” en la Asamblea del Magdalena, puntualizaron Navarro y González.
El senador verde Antonio Sanguino aplaudió el “contundente comunicado de Presidencia Nacional” de la organización política “que desautoriza al investigado y sancionado diputado Díazgranados que al servicio del Clan Cotes se opone a la gestión” del gobernador Caicedo “y a iniciativas para enfrentar el coronavirus”.
Sanguino anotó que “a la ciudadanía del Magdalena los verdes le reiteramos nuestro pleno respaldo a la gestión” de Caicedo.
Sobre la suspensión de su curul, Díazgranados dijo que es una persecución politiquera del senador Sanguino y el gobernador Caicedo porque no quieren que él defienda los intereses del pueblo cienaguero y magdalenense. Además, argumentó que se defenderá fuertemente de la persecución a la que está siendo sometido.
Persecución o no, lo cierto es que los roces de Díazgranados con las directivas verdes no son nuevas. Siendo diputado en el periodo pasado, curul que alcanzó tras ser concejal de Ciénaga entre 2011 y 2014 (siempre en las listas de la Alianza Verde), fue acusado de hacer campaña por Luis Miguel Cotes, de la coalición Magdalena Gana (integrada entre otros partidos por el Liberal, el Conservador y Cambio Radical).
Díazgranados dijo entonces que “el argumento presentado es muy pobre”, agregando “que las pruebas hechas por los ciudadanos no son contundentes”.
El diputado pudo seguir en campaña y hacerse reelegir en la Asamblea, lo que fue objeto de una demanda de nulidad instaurada en febrero por el senador Sanguino ante el Tribunal Administrativo del Magdalena argumentando doble militancia.
Hace un par de semanas, Díazgranados hizo parte del grupo de diputados que denunció a Caicedo ante Procuraduría, Contraloría y Fiscalía por los presuntos malos manejos administrativos para enfrentar la pandemia del Covid-19 en el departamento.
Los otros denunciantes son Claudia Patricia Aarón (Cambio Radical), Elizabeth Sabina Molina (La U), Julio David Alzamora (Cambio Radical), César Augusto Pacheco (Centro Democrático), Jair Alexander Mejía (Centro Democrático) y Gustavo Adolfo Durán (Cambio Radical).
Según los diputados, en 16 hospitales de los municipios, el gobernador Caicedo adeuda más de $4.000 millones por concepto de transferencias correspondientes a enero, febrero y marzo, cuando cuenta con $600.000 millones que aún no se materializan adecuada y eficientemente, en favor de las poblaciones más vulnerables del departamento.