Listo para afrontar su último debate en la plenaria del Senado, pero con el tiempo contado, quedó ayer el proyecto de prisión perpetua para violadores de niños, que hace trámite en el Congreso.
Aunque va a contrarreloj porque tiene hasta el 20 de junio para ser aprobada, la reforma constitucional cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos.
Comenzando la sesión virtual de ayer, los senadores Roy Barreras (La U), Gustavo Petro (Colombia Humana), Alexánder López (Polo Democrático), Carlos Antonio Lozada (partido Farc) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) decidieron hacerse a un lado debido a una recusación que había sido radicada en la célula legislativa para que todos los miembros se apartaran del debate. Según ellos, la Comisión de Ética del Congreso no se había pronunciado adecuadamente al respecto.
El presidente de la Comisión, Santiago Valencia, del Centro Democrático, había advertido que “la recusación, a juicio de la mesa directiva, no fue presentada con los requisitos establecidos en el 386 y demás artículos que han sido nombrados y por lo tanto, como lo dice la Ley Quinta, al considerar que no se cumplen los requisitos, se rechaza de plano”.
El proyecto se dio por aprobado con 13 votos positivos.
Uno de los defensores de la iniciativa, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, sostuvo que no es cierto que se esté reduciendo la pena actual para imponer la cadena perpetua, pues “actualmente el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir, agravado por ser un menor de edad, tiene una pena máxima de 27 años de prisión. Además aducen casos extremos no son ciertos. Este proyecto lo que contempla para la prisión perpetua es que sea una pena excepcional, que sea una medida grave, cuando se den todas las circunstancias de agravación punitiva”.
Para el senador Iván Name, de la Alianza Verde, “en este acto legislativo no estamos estableciendo el arquetipo penal, estamos levantando el velo constitucional que nos permita llegar a la pena privativa de la libertad a perpetuidad, pero no volviéndola irredimible que es una prohibición de los derechos humanos. Nosotros establecemos en este marco constitucional la revisión a los 25 años para volverla redimible y revisable y darle paso a la resocialización que tanto preocupa a los teóricos”.
Por otro lado, Carlos Guevara, senador del partido MIRA, aseguró que “este acto legislativo también propone una política integral que protege a los niños aquí debe haber un balance porque hemos hablado mucho de los victimarios pero no se ha hablado de las víctimas y aquí lo que estamos pidiéndole al Estado es que cree una política que permita reparar estos daños que generan en ellos problemas de tipo emocional y en algunos casos graves afectaciones a la salud. Aquí debe haber un sistema de alertas tempranas que permita identificar el abuso, no solo en los colegios sino en los diferentes ámbitos donde se presentan estos hechos”.
Según Guevara, “la Corte Constitucional ha generado sanciones ejemplarizantes y perpetuas, por ejemplo, los profesores abusadores, aquellas personas con contacto permanente con niños y que mediante un fallo se comprueba que cometieron estas conductas, la misma Corte ha señalado que de por vida estas personas quedan inhabilitadas para trabajar en establecimientos educativos. Este proyecto ya hizo trámite en el Congreso y la Corte Constitucional señaló la necesidad de prevenir y castigar ese tipo de hechos”.
Respecto a lo que sigue, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, sostuvo que espera que la plenaria del Senado le dé último trámite antes del 20 de junio, considerando “inadmisible que en el Congreso haya quienes aboguen más por la dignidad y las garantías del victimario que por los derechos de niños, niñas y adolescentes”.