Tumbada fue la sanción que interpuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, precisamente cuando este estaba en ejercicio en dicha administración.

“La Sala revocará la decisión de primera instancia y declarará la nulidad de los actos administrativos demandados por haberse impuesto por parte de la Procuraduría una sanción de inhabilidad y suspensión a un servidor público elegido popularmente (la cual, posteriormente, se convirtió en el pago de salarios), lo que conlleva una restricción de derechos políticos, que como se analizó con anterioridad, es competencia exclusiva de las autoridades judiciales competentes”, se lee en el comunicado de nulidad.

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El Consejo de Estado argumentó que el ministerio Público no puede tomar dicha decisión, ya que Hernández fue elegido por voto popular.

Cabe recrodar que este caso se remonta al acontecido en el año 2019, cuando el entonces alcalde Rdolfo Hernández agredió físicamente al Concejal Jhon Jairo Claro.

Las otras sanciones

El pasado 15 de noviembre, la Procuraduría sancionó con 12 años de  inhabilidad  contra Hernández en medio de una revisión de segunda instancia, por el polémico caso Vitalogic.

El antiguo alcalde de Bucaramanga había solicitado una revisión de su caso y, en función de ello, el Ministerio Público confirmó ayer que el político de 78 años de edad incurrió en interés indebido en la selección del contrato de las basuras para la ciudad.

Como es sabido, la sentencia emitida por el órgano de control liderado por Margarita Cabello en primera instancia sacó a Hernández del juego político por un lapso de 14 años. Si bien en esta oportunidad reducen a dos la cantidad de años en los que no podrá ejercer a cargos públicos, algunos expertos sugieren que esta podría ser su muerte política.

El caso Vitalogic generó gran controversia entre sectores políticos, ya que durante la gestión del ingeniero se firmó un contrato de consultoría, con la intención de dar respaldo técnico al manejo de los desechos sólidos en la ciudad de Bucaramanga.

De acuerdo a las autoridades, en medio de todo ese proceso se habrían cometido irregularidades que terminaron en señalamientos contra el excandidato a la Presidencia y posterior inhabilidad política.

Dicho contrato se habría celebrado en el año 2016. En él, figuraron quien para aquel entonces fungía como gerente de Aseo Bucaramanga, José Manuel Barrera; además del contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Adicionalmente a eso, las investigaciones de las autoridades revelaron que el costo inicial del acuerdo era de 344 millones de pesos y que él mismo tendría una vigencia cinco meses.

Las indagaciones también permitieron concluir que Hernández habría logrado que Barrera otorgara el contrato de asesoría a Alarcón. En dicho proceso, también salió a relucir el nombre del hijo del ingeniero, Luis Carlos Hernández, quien, de acuerdo a las pesquisas, habría repartido “incentivos” para que el contrato fuera cedido a Vitalogic.