Hasta el momento ni Senado, ni Cámara tienen ninguna iniciativa radicada, sin embargo se augura que vienen reformas

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Los proyectos de reforma a la Constitución (actos legislativos) son de los más complicados en su trámite. Para ser aprobados requieren mayorías calificadas, la mitad más uno del total de congresistas.

Además tienen que pasar por ocho debates, cuatro en un periodo de sesiones y cuatro en otro, antes de ser una realidad.

Si bien hasta el momento las secretarías del Congreso no tienen radicado ningún nuevo proyecto de reforma a la Constitución, se espera que el 16 de marzo, cuando se reanuda la legislatura, el Gobierno lleve algunos.

Entre tanto, las comisiones primeras tienen que volver a tramitar y discutir los proyectos de acto legislativo que en el anterior periodo de sesiones lograron cuatro debates.

De las reformas constitucionales radicadas en la primera parte de la legislatura (22 en Cámara y 25 en Senado) solo tres lograron cumplir los requisitos para seguir su trámite.

Región Metropolitana de Bogotá

El primero: “Por el cual se modifica el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”, es decir, el proyecto de ley que crea el Región Metropolitana de Bogotá.

El artículo, de ser modificado, quedaría así: “El Distrito Capital y los municipios circunvecinos con los que comparte dinámicas territoriales sociales y económicas y el departamento de Cundinamarca podrán conformar la Región Metropolitana de Cundinamarca bajo el principio de equidad territorial con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo”. Luego de aprobado el acto legislativo tiene que hacerse una Ley Orgánica.

Según el ponente, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, “se busca que la conformación de la Región Metropolitana permita mejorar los procesos de planificación del territorio e implementación de políticas públicas subregionales que resuelvan temas prioritarios como movilidad, prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, ordenamiento del territorio, logística, disposición de recursos sólidos, entre otros, convirtiéndose en un instrumento que sirva para planear eficientemente la subregión a futuro y atender los retos que se presentan por la falta de integración histórica”.

Así mismo, resalta que la subregión ya existe “de manera territorial y orgánica en la que hay dinámicas de colaboración que ocurren entre diferentes municipios, en temas como agua potable o transporte. Sin embargo, hay una necesidad latente de generar confianza entre Bogotá y los municipios aledaños para que dichos proyectos se expandan hacia soluciones concretas de las diferentes problemáticas de la subregión”.

Amazonia

Para segunda vuelta también está el proyecto de ley que busca crear normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.

Dicha iniciativa pretende que así como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen condiciones especiales “los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente afectadas, que provean bienestar social y económico a sus habitantes y garanticen la preservación de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro, y detengan la deforestación y el tráfico de fauna”.

Según la iniciativa “en dichas normas podrán establecerse mecanismos de compensación y pago de servicios ambientales que permitan que otras entidades territoriales, el Gobierno nacional y los colombianos, en general, aporten recursos para la preservación de estos departamentos”. Cabe anotar que el proyecto de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue criticado por el también legislador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, quien dijo que le preocupaba una posible explotación de la Amazonia a través de esta iniciativa.

Cadena perpetua

Una de las iniciativas que generarán polémica es el que reforma la constitución para permitir la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños. Según la iniciativa “de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco años”.

La Justicia

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, ya reveló el proyecto de borrador del acto legislativo que reformaría la justicia en Colombia.

En el borrador figuran algunos temas como el aumento de periodo de los actuales magistrados y la supresión de las facultades electorales de los magistrados. En este momento el Gobierno no sabe si presentará la iniciativa para esta legislatura o para la siguiente, “se está conversando, hay que mirar tiempos, si vale la pena en marzo o de acuerdo a los análisis que nos den sea mejor en julio, no hay decisión al respecto, traerla en marzo, esa es la idea inicial, hay que ser tranquilos en ese tema”, explicó Cabello.

Sin embargo, una reforma que sí está segura es la que presentará el registrador Nacional, Alexander Vega. La reforma ya ha sido socializada y trae entre otras cosas el voto mixto, la implementación de un sistema que incluye identificación biométrica, máquina para votar y el voto en la urna.

La ministra del Interior, Alicia Arango, ha hecho varias reuniones con las bancadas del Congreso para perfilar una reforma política cuya columna vertebral sea la eliminación de la lista cerrada. Así mismo, varios partidos han insistido en que la reforma deberá contener un artículo que permita el transfuguismo, es decir el cambio de partido sin ninguna sanción. Aunque se ha dicho que la reforma todavía no se va a presentar tampoco se descarta que el gobierno la ponga sobre la mesa para su discusión.