EN LOS próximos días se empezará a aplicar la primera reforma en el trabajo de los congresistas. Ahora iniciarán su actividad legislativa el 16 de febrero y no el 16 de marzo, como ocurría anteriormente.

Tras la iniciativa presentada por el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, y aprobada por el Congreso de la República, fue modificado el artículo 138 de la Constitución, con el fin de aumentar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

Sin embargo, durante este mes no podrán tramitarse proyectos de leyes estatutarias ni reformas a la Constitución, solo proyectos de ley ordinaria. De igual manera, se podrán realizar debates de control político y audiencias públicas.

Dentro del acto legislativo también quedó contemplado que en el año en que se lleven a cabo elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo (y no el 16 de febrero) y concluirá el 20 de junio.

“Una de las mayores críticas que recibía el Congreso de la República eran sus largos periodos de receso y no era para menos: los congresistas estábamos 4 meses sin actividad legislativa. Con nuestro acto legislativo tendremos más tiempo para hacer control político al Gobierno de turno y mayor tiempo para discutir proyectos de ley”, afirmó Julio César Triana, autor de esta iniciativa.

En promedio, en una legislatura se presentan 650 iniciativas, entre proyectos de ley y actos legislativos, de los cuales el 12% logran iniciar su trámite y solo el 1% son aprobados. El panorama en el 2023, en cuanto a control político, que es una de las principales funciones del Congreso, tampoco fue alentador: de marzo a junio se realizaron solo dos debates de control político y de julio a diciembre, cuatro.

Para el representante Julio César Triana esta es la primera de muchas iniciativas que debe tramitar el Congreso para reconectarse con la opinión pública y responder así a las necesidades de los colombianos.

¿Habrá más cambios en el Congreso?

Este Diario consultó con el representante qué otros ajustes a la gestión parlamentaria deben aplicarse o están en proceso en materia de salarios, tiempo de trabajo, tamaño de las Unidades de Trabajo Legislativo, gabelas en oficinas, viáticos y demás recursos.

Al respecto, Triana señaló que en el Congreso se tramita un proyecto de ley sobre rendición de cuentas de los congresistas.

“Es muy importante que la transparencia en los actos de los funcionarios públicos se dé a conocer a la opinión pública. Para esto, la rendición de cuentas es el mecanismo. En Colombia, se ha armado una discusión por el salario de los congresistas y, por supuesto, vale la pena revisarlo abriendo la discusión también a los salarios de los altos funcionarios del Estado. Hoy, podemos hacer un inventario muy largo de cuántos funcionarios obtienen unos salarios superiores a los 70 u 80 millones de pesos”, explicó.

En lo que respecta a las Unidades de Trabajo Legislativo, el representante sostuvo que lo que no se puede permitir es que estos recursos se conviertan en el pago de favores políticos.

“Las UTL son esenciales en el apoyo del trabajo del congresista: en la investigación, en la revisión de los proyectos y en el control político. Por otra parte, una cosa es el receso legislativo y otra cosa son las vacaciones de los congresistas. En el receso, que va de diciembre a febrero, y que, por supuesto sigue siendo grande, muchos congresistas lo aprovechamos para hacer recorrido en las regiones y establecer contacto con las comunidades. De esta manera, podemos trasladar esas inquietudes y preocupaciones al Congreso y al Gobierno. Pero claro, tenemos que seguir haciendo más ajustes para que logremos tener más tiempo para la actividad legislativa y más tiempo para el ejercicio del control político”, concluyó.