Temáticas como las denuncias en el Ejército, las condiciones laborales de Rappi, la cifras del Censo de Población, los atentados contra líderes sociales y el cierre de la vía al Llano, entre otras, serían abordadas en la próxima legislatura

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Con el inicio de la legislatura, este 20 de julio, se vislumbran nuevos debates de control político a miembros del Gobierno.

En los últimos días miembros de los partidos de la oposición han anunciado que convocarán a ministros para conocer sus respuestas a temáticas como las denuncias en el Ejército y las condiciones laborales de los trabajadores de la aplicación móvil Rappi.

El NUEVO SIGLO presenta, a continuación, estas temáticas y otras que serían abordadas en el Parlamento en el segundo semestre de este año.

Ejército

En el primero de ellos será citado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por las denuncias de corrupción en la institución publicadas que salpican al menos a tres generales.

“Tienen que darnos explicaciones sobre todos estos hechos. Tanto el Ministro como el Comandante del Ejército y la alta cúpula militar”, afirmó el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde. De acuerdo con el parlamentario, en el debate se va a “justificar que haya consecuencias dentro del punto de vista de la responsabilidad política tanto del Ministro como del Ejército”.

En junio pasado miembros de la oposición citaron a un debate de moción de censura a Botero tras los cuestionamientos que surgieron por la muerte de un desmovilizado de las Farc a manos de un integrante del Ejército y un artículo del influyente periódico estadounidense The New York Times que hablaba de un supuesto renacimiento de los falsos positivos. La moción fue rechazada de forma contundente por la Cámara de Representantes con una votación de 121 contra 20.

Rappi

Otro debate que ya se anunció es sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la aplicación Rappi, quienes realizaron protestas en los últimos días. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, y otros funcionarios serán convocados.

El representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, afirmó que la citación se realizará con el propósito de “entender cuál es el plan que tienen para proponerles a las plataformas. Hoy hay una realidad en Colombia y es que estas nuevas tecnologías tienen que ser entendidas por el Estado y la legislación, pero también tiene que proteger los derechos de los trabajadores de las plataformas o de los asociados para evitar la precarización laboral de los mismos”.

En relación con la situación de los denominados rappitenderos, la ministra Arango se pronunció el pasado lunes, en una rueda de prensa, señalando que este “es un tema difícil y delicado, que tiene varias aristas”.

De acuerdo con la jefa de la cartera laboral, “los contratos con Rappi son independientes, y los hace el trabajador con la empresa o con la plataforma, lo que no implica por parte de ellos el pago de seguridad social y pensión, ese es el primer problema que hay, pero es legal lo que están haciendo”.

En relación con la problemática, la Ministra afirmó que una solución podría ser la cotización por horas. “Necesitamos cotizar por horas. Todas las personas que trabajan en Colombia deben tener derecho a cotizar a salud y a pensión, hasta los que ganan menos de un salario mínimo legal vigente”, dijo. Y agregó que “el presidente Iván Duque y desde el Ministerio del Trabajo estamos dispuestos a luchar por los trabajadores más vulnerables y esto incluye el 44% de ellos que no alcanzan a devengar un salario”, sostuvo.

Censo de Población

Otra citación que se podría llevar a cabo en las primeras semanas de la nueva legislatura es sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda. Los resultados definitivos, publicados el pasado jueves, han generado polémica en varias regiones.

Parlamentarios del Valle del Cauca han hecho reparos a las cifras entregadas sobre el número de habitantes de su departamento. “El Censo del Valle no se hizo como debía ser. Por esta razón propongo conformar una comisión en la que hagan parte técnico, asesores de los congresistas y entidades de los sectores público privado para analizar y confrontar las cifras”, señaló, por su parte, el representante Christian Garcés, del Centro Democrático.

“No podemos permitir que DANE le meta este gol al Valle con el Censo. Frente unido de los parlamentarios del departamento para que nos cuenten bien. Estar mal contados tiene graves consecuencias para el departamento”, dijo la representante Catalina Ortiz, de la Alianza Verde.

Ante las críticas, el director del departamento de estadística, Juan Daniel Oviedo, manifestó que tienen “los argumentos técnicos para decirles al país que la información que estamos brindando y, específicamente, a los honorables congresistas, que la información que estamos brindando es de calidad e invitamos a que pueda ser utilizada para las decisiones políticas del país”.

Líderes sociales

Otra de los temas en boga es la violencia contra líderes sociales y políticos en el país. Recientemente, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su Informe sobre violencia política en el que indicó que tras 244 días de calendario electoral, en promedio cada tres días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia.

En ese periodo de tiempo, entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de junio de 2019, la MOE ha registrado 265 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 75 (28%) fueron asesinados.

En su informe, la MOE llamó la atención sobre el nivel de violencia contra precandidatos, incluso antes de la inscripción a las elecciones y el inicio de la campaña. Al corte actual, la MOE registra 34 precandidatos víctimas de violencia, siete de ellos asesinados (cinco aspiraban a la Alcaldía, los otros dos al Concejo).

Vía al Llano

La problemática por el cierre de la vía al Llano también podría ser abordada por los congresistas. El Gobierno nacional anunció recientemente 67 medidas con el objetivo de mitigar el impacto generado en la población y en los sectores productivos. A pocos días de finalizar la anterior legislatura, se realizó un debate sobre esta problemática en la Comisión Quinta del Senado. A dicha citación asistió el viceministro Manuel Felipe Gutiérrez quien señaló que el Gobierno nacional busca $250.000 millones para atender puntos críticos del corredor, adicionales al kilómetro 58, donde se presentan los mayores inconvenientes por derrumbes, los cuales obligaron su cierre indefinido por tres meses. Dichos recursos provendrían de vigencias futuras.