Mientras el Gobierno presentaba ayer ante el Congreso el documento con las seis objeciones que por inconveniencia hizo Iván Duque a Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se desataba una verdadera tormenta política entre quienes apoyan la decisión presidencial y los que la critican.

El documento con las objeciones fue radicado por la secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, ante el secretario general del Senado, Gregorio Eljach.

“Hay que mirar una reforma”

Tras la presentación de las objeciones al Congreso, el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, dijo que “le daremos el tratamiento de acuerdo a la Ley Quinta, que dice que se nombrará una comisión accidental por parte del Presidente de la corporación para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria y la plenaria decidirá sobre el informe, si aprueba o desaprueba”.

Respecto a los términos que tiene el Legislativo para estudiar las objeciones, el senador Macías afirmó que “depende de la agilidad con que se estudie en las comisiones y en la plenaria, ya que se nos cruza con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad, porque es una ley que tiene término, de tal manera vamos a hacer que sea lo más rápido posible y sin correr”.

Referente a si las objeciones son un golpe a los acuerdos de paz, el legislador señaló que “el golpe se lo dieron a la Constitución cuando aprobaron esta normatividad, de manera que hoy nosotros que no estuvimos de acuerdo con la JEP, que no la votamos, aceptamos hoy su existencia, pero hay que mirarla bien con detenimiento. Yo diría más allá de las objeciones, hay que mirar una reforma y sobre todo los controles para evitar la corrupción que ya se asomó allá en ese organismo”.

“Inoportuno e inútil”

Sin embargo, para el procurador Fernando Carrillo objetar el proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP “abre un debate político inoportuno e inútil y desconoce el rol de la Corte Constitucional”, y agregó que la ruta propuesta por el presidente Duque conduce a “agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia”.

“La Constitución de Colombia se respeta”, advirtió Carrillo, para advertir que “a situaciones excepcionales, salidas excepcionales pero institucionales”, llamando a Duque a generar consensos y a no perder la oportunidad de ser el adalid de un gran pacto en el que participen las fuerzas vivas, las víctimas, los partidos, donde se “construya una agenda inmediata de ajustes y modificaciones a la JEP, si ello es necesario”.

“Objeciones destacables”

En cambio, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, indicó que son de “destacar de las objeciones presidenciales y los proyectos de actos legislativos. Los derechos de los niños hay que respetarlos, ningún pacto puede violarlos y en buena hora el Presidente ha reivindicado esta tesis”.

Uribe reiteró que no puede prohibirse la extradición. “Ya la prohibieron por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, pero no la pueden seguir dilatando por delitos cometido con posterioridad”, anotó.

“Y en el tema de los beneficios, ¿cómo así que aquellos que reincidan en el delito no van a perder los beneficios? Deben perderlos. Yo diría que las objeciones simplemente tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total”, agregó.

“Grave lesión”

Entre tanto, los negociadores del Acuerdo de Paz alertaron a la ONU sobre un intento del gobierno de Duque de “lesionar gravemente” lo pactado con las Farc.

En carta al secretario general Antonio Guterres, los negociadores cuestionan las objeciones y reformas anunciadas por el presidente Duque al sistema de la JEP.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”, señalaron.

Para los negociadores, Duque “persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados” sobre el funcionamiento de la JEP.

La carta dirigida a Guterres está suscrita por 117 personas, incluidos políticos, académicos y activistas de paz.

De su lado, el partido Farc sostuvo que “solicitará de forma inmediata” la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la comunidad internacional para evitar que la paz “sea destrozada” con la determinación de Duque de objetar la ley. 

“Con esta decisión que apuñala el corazón del Acuerdo de Paz, Colombia se convierte en (...) un país sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones”, indicó la organización política en un comunicado.

Socialización con ex combatientes

El presidente Duque visitará el viernes una zona de Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para socializar las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, anunció el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien aseguró que el Gobierno nacional quiere dar un mensaje de tranquilidad sobre la continuidad de la implementación de los acuerdos de paz, con ese antiguo grupo subversivo.

La intención de la visita, en la que estará acompañado por el consejero de Estabilidad, Emilio Archila, y la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart Cussac, “es compartir cada una de las seis objeciones que se hicieron sobre la Ley Estatutaria de la JEP y cada una de las reformas constitucionales con la base de la extinta guerrilla de las Farc para que personalmente se den respuestas a las inquietudes”, agregó Ceballos.