Tolima: otro caso de participación en política | El Nuevo Siglo
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Lunes, 2 de Marzo de 2020
Redacción Nacional

Por presunta participación en política, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al exalcalde de Cunday, Tolima, William Escobar López (2012-2015).

El Ministerio Público señaló que el exalcalde podría estar incurso en una falta disciplinaria ya que, al parecer, en ejercicio de sus funciones y mientras adelantaba una visita oficial en la vereda El Recreo, el 28 de agosto de 2015, habría aprovechado la reunión con los habitantes de la zona para promocionar, presuntamente, al candidato del Partido Social de Unidad Nacional (La U) para las elecciones del 25 de octubre de 2015.

El ente de control le cuestionó a Escobar el que posiblemente hubiese hecho uso de su posición y cargo para respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales en los que al parecer, se beneficiaría el candidato a la alcaldía de Cunday, Edgar Sánchez Torres.

Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar el principio de imparcialidad.

En 2015, Sánchez, candidato de La U, perdió las elecciones para la Alcaldía de Cunday tras contabilizar 1.692 votos frente a Evelio Girón, de la Alianza Social Independiente (ASI), por quien se registraron 2.062 sufragios.

Escobar, con aval de La U, había ganado la Alcaldía el 30 de octubre de 2011 con 1.842 votos, superando al conservador Ever Darío Méndez (1.531 apoyos) y a Girón, de la ASI (1.324).

El 27 de octubre pasado, La U volvió a postular a Escobar, quien perdió al obtener 1.514 votos ante el conservador Luis Gabriel Pérez (1.704 sufragios).

Hace unos 15 días, la Gerencia Departamental de la Contraloría General en Tolima, en un estudio de un recurso de reposición, confirmó la decisión de responsabilidad fiscal por $76,5 millones en contra de Escobar por el daño patrimonial derivado de la construcción de un escenario deportivo y cultural en Cunday. La construcción de los camerinos y baños, por un valor de $51,8 millones, quedó inconclusa. Además, la Contraloría encontró sobreprecios por un total de $8 millones en varios aspectos del contrato.