Sala Plena de este jueves luce clave para que el alto Tribunal elija, al menos, a cuatro magistrados para ocupar seis vacantes que tiene, abriendo de paso la puerta a la elección del titular del ente acusador

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La Sala Plena de la Corte Suprema programada para el próximo jueves reviste una importancia más allá de lo normal, pues es una de las últimas oportunidades este año para desatar el nudo gordiano en que se ha convertido la elección de magistrados para suplir las vacantes que se han ido acumulando en su seno, hasta llegar a seis en este momento.

Además un hecho que podría presionar para que se solucione este problema es que mañana el presidente Duque haría llegar la terna para la elección de Fiscal, pues ha esperado más de cinco meses a que el alto Tribunal esté completo o, al menos, con la mayoría de sus integrantes.

En las 21 salas plenas que ha desarrollado este año la Corte Suprema de Justicia no ha alcanzado los 16 votos, que constituyen la mayoría para ser elegido, ninguno de los aspirantes que el Consejo Superior de la Judicatura envió en diferentes listas para suplir las vacantes que dejaron desde 2018 los magistrados Fernando Castro y José Luis Barceló, en la Sala Penal, por cumplir su periodo de ocho años.

Lo mismo ha sucedido en las votaciones en Sala Plena para elegir a los remplazantes de los otros togados que cumplieron su periodo en la Corte este año, Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos en la Sala Laboral.

En días pasados la Sala Plena realizó la audiencia con los aspirantes a ocupar las plazas que dejaron Margarita Cabello Blanco en la Sala de Casación Civil, quien renunció en junio pasado para aceptar el ofrecimiento del presidente Duque a ser Ministra de Justicia, y Luis Guillermo Salazar Otero en la sala de Casación Penal, quien finalizó en octubre pasado su periodo.

Es decir que en este momento la Corte Suprema apenas cuenta con 17 de los 23 magistrados que la integran en la Sala de Casación Penal, Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Civil y Agraria.

Esta situación denota el problema que ha tenido en los últimos años la Corte Suprema de Justicia para cumplir su función electoral, que consiste en elegir por el sistema de cooptación parcial a magistrados para ocupar las vacantes que se producen por la finalización del periodo de quien estaba o por renuncia.

También en uso de sus facultades electorales la Corte Suprema elige Fiscal General de una terna que le hace llegar el Presidente de la República; igualmente el alto Tribunal escoge por votación a los integrantes de una terna para que el Consejo de Estado elija Auditor General de la República.

En teoría en la Corte Suprema sería menos complicado alcanzar la mayoría en las votaciones si contara con los 23 magistrados que la conforman, que con los 17 que están actualmente, pues en este último caso se necesita prácticamente que todos los magistrados presentes en Sala Plena voten en el mismo sentido.

La situación podría complicarse aún más si este jueves la Corte Suprema no logra ocupar algunas de sus vacantes, pues el 29 de este mes el magistrado Rigoberto Echeverry Bueno, Sala de Casación Laboral, se va por periodo cumplido. 

La última Sala Plena de este año en la Corte Suprema de Justicia será el 5 de diciembre porque enseguida se producirá la vacancia judicial por tres semanas y, como consecuencia, los magistrados de las altas Cortes volverán a reunirse solo hasta después del 20 de enero del próximo año.

El fiscal

A pesar de que la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez se produjo el 15 de mayo pasado, el Jefe de Estado se ha abstenido de conformar y enviar a la Corte la terna para la elección de su sucesor, como lo establece la Constitución, por el alto número de vacantes en este alto Tribunal.

El pasado 4 de junio, Duque Márquez dijo en una entrevista que ha querido “guardar un poco de prudencia” ya que en este momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Añadió que “voy a esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”.

Duque también se refirió al perfil del nuevo Fiscal General que debe cumplir tres condiciones: solvencia jurídica, sentido de la administración del Estado y una “gran trayectoria, que le dé confianza” al país y a la Rama Judicial.

“Le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia para ejercer ese cargo”, agregó.

No obstante fuentes indicaron que el presidente Iván Duque presentaría la terna para Fiscal General este mismo lunes, dejando de esta forma, como se dice popularmente, el balón en la cancha de la Corte Suprema de Justicia, pues a pesar de que la Constitución no fija al Mandatario un término para ello, de todas formas la situación que se presenta es atípica pues no se justifica que el país lleve casi 6 meses con un fiscal encargado, como sucede con el vicefiscal Fabio Espitia, a quien le correspondió asumir esa responsabilidad.

En ese sentido el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, dijo a EL NUEVO SIGLO que “cuando se produjo la vacante de Fiscal, el Presidente de la República debería haber provisto la terna, pero hasta ahora no ha habido terna. De manera  que hasta este momento, no podría decirse que la Corte ha incumplido con la función de proveer el cargo de Fiscal”.

Añadió Beltrán que “el Presidente de la República consideró que mientras la Corte no estuviera debidamente integrada, no mandaba la terna. Es una consideración de orden político-institucional que hizo, pero frente a la Constitución, producida la vacante pues debería haberse producido la terna, a lo mejor ya habrían elegido en propiedad, no sabemos porque la terna hasta ahora no se presentó”.

La terna

Se ha filtrado que la terna que presentaría el presidente Iván Duque esta semana a la Corte Suprema para la elección del Fiscal General estaría integrada por Francisco Barbosa, actual consejero Presidencial para los Derechos Humanos; Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Jurídica del Estado; y Paola Meneses, superintendente del Subsidio