Asuntos como la investigación al expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos o la demanda que suspendió dos normas que permiten hacer fracking, deben esperar por las vacaciones de la Rama

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El próximo viernes se iniciará la vacancia judicial (periodo de vacaciones) en la Rama y por ello connotados casos tendrán que esperar a que se reactiven las labores en la tercera semana de enero próximo, como es el proceso en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

El senador Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada son investigados por el cargo de fabricación de testigos en un proceso que arrancó con una denuncia formulada por el exmandatario contra el senador Iván Cepeda, por ese mismo delito, y que tras cinco años de investigación terminó absolviendo al Parlamentario del Polo y volviéndose en contra del jefe del Centro Democrático.

Uribe rindió indagatoria el pasado 8 de octubre ante la Corte Suprema, en donde reiteró que no pidió a sus abogados contactar testigos para que declararan a su favor; mientras que Prada se presentó en esta diligencia el pasado 6 de noviembre.

Uribe y Prada quedaron formalmente vinculados a esta investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la cual deberá definir a partir de finales de enero próximo si dicta o no medida de aseguramiento en contra de los dos parlamentarios del Centro Democrático.

De igual forma para el otro año quedó en la Corte Suprema la reanudación del juicio al suspendido magistrado Gustavo Malo por su presunta participación en el escándalo de compraventa de fallos a favor de políticos que se habría presentado en este alto Tribunal entre 2013 y 2015, conocido como el ‘Cartel de la Toga’.

A propósito el pasado viernes la Corte negó la solicitud de la defensa de Malo para que afrontara este proceso en libertad, por lo que se mantendrá tras las rejas.

De igual forma por la vacancia judicial queda en suspenso el juicio contra el exsenador de La U, Musa Besaile, a quien la Corte Suprema lo acusó por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer en el marco del ‘Cartel de la Toga’.

Consejo de Estado

A principios del otro año el Consejo de Estado debe pronunciarse de fondo sobre la demanda que tiene frenada la implementación del fracking en Colombia, pues el alto Tribunal concedió medidas cautelares en una demanda contra el Decreto 3004 de 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 que establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, normas que por esa determinación del alto Tribunal quedaron suspendidas provisionalmente.

Ecopetrol y las multinacionales están a la espera de que el Consejo de Estado dilucide esta demanda pues de levantar la suspensión sobre estas normas podrían implementar el fracking, con la expectativa de obtener grandes rendimientos en la explotación de petróleo y gas.

Mientras tanto los ambientalistas esperan que el Consejo de Estado deje sin efecto estas normas para cerrar la puerta, por lo menos en el futuro cercano, a esta técnica que es prohibida en muchos países por el impacto ambiental.

Además el Consejo de Estado al retornar a labores a finales de enero próximo debe iniciar el estudio de un importante número de demandas de nulidad de la elección de gobernadores y alcaldes producto de los comicios de octubre pasado, por supuestas inhabilidad para ocupar el cargo.

De otra parte, también se espera que el Consejo de Estado el otro año falle de fondo acerca de la demanda que impetró Antioquia contra el acto administrativo por medio del cual el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó un mapa en que ubica a los corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente en territorio de Chocó.

Este diferendo limítrofe entre los dos departamentos, que ajusta 17 años, ya está finiquitado desde el punto de vista de la diligencia de deslinde, que fue la diligencia administrativa que se adelantó por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con base en lo preceptuado en la Ley 1447 de 2011, que como se dijo el estudio técnico determinó que estos territorios se encuentran en suelo chocoano.

Corte Constitucional

Si bien el gobierno Duque se comprometió el viernes pasado a que presentará el proyecto de reforma para revivir las 16 curules para las víctimas, establecidas en el acuerdo de paz, la Corte Constitucional seleccionó en días pasados una tutela que presentó el senador Roy Barreras con la que busca que por fin se habiliten las 16 circunscripciones para las víctimas.

El Parlamentario argumenta que esta reforma constitucional sí fue aprobada por las mayorías requeridas en la votación en el Senado en noviembre del 2017, y por lo tanto deben crearse.

En esa oportunidad la  mesa directiva del Senado consideró que el proyecto en cuestión no pasó, a pesar de que el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, argumentó que la mayoría absoluta se configuraba en 50 y no en 51 parlamentarios, pues había dos sillas vacías en la Corporación.

También el alto Tribunal debe pronunciarse, entre otros, acerca de una demanda a la Ley 1864 de 2017, mediante el cual se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática.

Una de las disposiciones de esta Ley que está demandada tiene que ver con la tipificación del fraude en inscripción de cédulas. Sobre el particular la norma señala que quien por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro 4 a 9 años.