Tal como lo prometía, el debate de control político sobre el “incumplimiento de las Farc a las obligaciones del acuerdo final” dio para todo y sacó chispas entre los miembros del Centro Democrático y el partido Farc.

En la plenaria virtual del Senado, las citantes, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia, aseguraron que se le está haciendo conejo al proceso de paz y reiteraron que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es idónea para juzgar a los miembros de la extinta guerrilla.

La primera en intervenir fue la senadora Guerra, quien aseguró que “el acuerdo se firmó a pesar que el 52% de la población había negado la suscripción del acuerdo, el Congreso avaló esas decisiones y común acuerdo este debate quiere mostrar quién y qué se ha cumplido del acuerdo. No puede ser que la exigencia solo se le haga a uno de los firmantes y no a todos. Queremos mostrar con cifras quién ha cumplido y quién no”.

La senadora Guerra sostuvo que después del acuerdo, en Colombia “no hubo reincorporación total ni entrega total de armas. Las Farc reportaron el 15 de agosto de 2017 que 15.007 de sus militantes se iban a reincorporar, pero en 2012 tenían 16.222 integrantes, entre militantes y hombres de ayuda al terrorismo. Luego de la aprobación del acuerdo, solo 12.767 excombatientes se reincorporaron. Solo el 85%. ¿Y dónde están los otros? En la criminalidad. Por eso 2.588 hombres que pertenecían a las Farc y que hoy se llaman disidencias están en armas y 1,970 hacen parte de las redes de apoyo”.

Según la senadora, luego de la firma “se reportaron menos caletas en materia de armas. Solo reportaron 1.024. Y entre el 2017 y el 2019 el Ejército incautó más de 351. Si la ONU recibió 750 caletas, aproximadamente 9.000 armas, y las 351 que la Fuerza Pública incautó, más o menos 599 armas, la pregunta es qué pasó con las que habían reportado en Venezuela, con las de Catatumbo y Arauca. Esas armas de la disidencia provenían muy seguramente caletas que no se reportaron”.

Además, la senadora indicó que “no entregaron los menores reportados. La Fiscalía para agosto del 2016 reportó 6,800 menores y entre el 2016 y 2017 entregaron solo 144 menores. El resto dijeron que ya habían crecido. Lo cierto fue que no los entregaron. Además de 234 delitos sexuales contra menores. Hoy son muchos más los vejámenes que alias el ‘Enfermero’ y algunos de los que hoy están en el Congreso practicaban. Y la práctica continúa con las disidencias de las Farc. En 2018 fueron 293 menores reclutados, según la ONU”.

La congresista denunció que las Farc le hicieron “conejo” a la entrega de bienes de las víctimas y a la reparación de las víctimas: “Dijeron que se iban a entregar 24.456 semovientes, solo se han recibido 229. Se comprometieron con 25 kilos de joyas y 440 kilos en lingotes, solo se han recibido 2,54 kilos en joyas y 252 en lingotes. Prometieron 319 vehículos y no han entregado ninguno”.

Igualmente dijo que “de los 772 inmuebles a los que se comprometió a entregar las Farc, se han recibido ocho. Siete son baldíos y solo uno sirve para reparar”.

Justicia imparcial

La senadora Valencia sostuvo que “hay que mirar qué le gusta a la magistrada Linares de la JEP en sus redes sociales. Los trinos y los 'me gusta' solo van dirigidos a un lado, pero no se tomó en cuenta que queríamos una justicia imparcial”.

Según la senadora hay varios magistrados y magistrados auxiliares al interior de la JEP que no pueden brindar una justicia imparcial a los juzgados por el tribunal: “El magistrado Pedro Julio Mahecha, que fue de la Alvear Restrepo. O el magistrado investigado por las falsas pruebas al bombardeo de Santo Domingo, el magistrado Pedro José Díaz Romero, quien decide la situación jurídica de los militares y que ha sido contraparte en muchos de los procesos contra nuestras Fuerzas Militares. Uno no puede entender cómo alguien investigado por falsas pruebas pueda decidir la suerte de los militares. Esto muestra unos problemas  de imparcialidad”.

Así mismo, Valencia denunció que “está el caso de la magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos, Nadiezhda Henríquez, y un magistrado investigado por las falsas pruebas allegadas al bombardeo de Santo Domingo, donde se están protestando miembros de las Fuerzas Armadas con falsas pruebas”.

La senadora también denunció que “el magistrado de la sección de apelación Rodolfo Arango fue candidato del Polo. Yo entiendo bien que uno quiera hacer política, pero no entiendo cómo uno pasa de ser un militante político a ser un juez. Es como decirle a las Farc que los jueces somos los candidatos del uribismo. Eso no tiene presentación. Además la magistrada auxiliar Didima Rico, que fue militante política. Yo no entiendo cómo uno pasa a ser un político efervescente a ser el hombre que debería tener los ojos vendados y tener en equilibrio la balanza para juzgar a los colombianos”.

A su turno, el senador Álvaro Uribe respaldó a sus colegas y copartidarias asegurando que “esto demuestra que la JEP es una maquinaria política muy costosa y ojalá se desmontara. Nadie ha dicho que el juez no pueda tener orientación política, pero no puede prevalecer la idea política sobre el hecho y la norma jurídica. Por ejemplo, la Corte dijo que había que condenar a funcionarios de mi gobierno por razones políticas y la última vez que me llamaron a indagatoria un magistrado lo decía a boca llena: vamos a meter a la cárcel a Uribe. Estos juicios políticos le hacen mucho daño al país”.

Nuevo capítulo

Al cierre de esta edición, desde la bancada de oposición solo habían intervenido el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), del partido Farc. 

“Yo le digo al senador Álvaro Uribe que estas alusiones que principalmente está llevando la Corte Suprema de Justicia es un caso que él interpuso en mi contra y que la justicia determinó en otro sentido. Le pido senador que no siga utilizando el escenario del Congreso para aliviar y resolver estos asuntos. Yo sé que está en una situación muy difícil. Este no es el escenario. Así que todas esas afirmaciones sobre la JEP y que esta habría urdido un montaje en su contra me parecen inapropiadas”, dijo Cepeda. Así mismo, sostuvo que en Colombia no es delito tener una militancia política.

El senador Gallo manifestó que “estoy anonadado con todas las letras de esa palabra. Desde que conocí el debate y el cuestionario no dormí durante el fin de semana tratando de conocer las intenciones de las promotoras. ¿Por qué hacerle un debate a una organización que no existe? Si el debate es al partido, se equivocaron de escenario. ¿Cómo nos van a dejar participar a nosotros? Entonces ya que inauguramos esta etapa, hagamos un nuevo capítulo donde no solo los funcionarios del Gobierno responden sino a los partidos políticos. Aquí hay nostalgia de las citantes para que haya miedo. Ellos no se han querido dar cuenta que son Gobierno y se sienten mejor haciendo oposición”.