El Congreso, pese a que comenzó a sesionar tarde debido a la emergencia del coronavirus, terminó sacando varios proyectos de interés, otros se hundieron por tiempos

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Como es común en esta época, el Congreso trabaja a marchas forzadas para cumplir con todo el trabajo acumulado durante el año anterior y cumplir con el orden del día se vuelve complejo, llegando a superar las 16 horas de discusión.

Los congresistas tratan, además, por todos los medios que sus proyectos tengan un debate al menos para pasar a la siguiente legislatura y no tener que volver a presentar la iniciativa, cosa que en muchas ocasiones no pasa.

Según la Constitución, los proyectos de ley ordinaria deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas. Cuando un proyecto de ley completa su trámite en la comisión de la corporación donde inicia su trámite en la primera legislatura, continuará su curso en la siguiente legislatura en el estado en el que se encuentre. “De no haberse tramitado un proyecto de ley en comisión durante la legislatura en la cual se radica, se hundirá y debe ser presentado nuevamente en una siguiente legislatura, si así lo desea el proponente”, dice la Carta.

En otras palabras, los proyectos que fueron radicados desde el 20 de julio del año pasado y no tuvieron ni un solo debate se hundieron.

Hundidos

La primera iniciativa que sufrió el rigor de las carreras fue la que pretendía modificar el Decreto Ley 518 de 2020 que no alcanzó a ser aprobada por la Comisión Tercera del Senado. El Proyecto de ley pretendía crear el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica.

La iniciativa, que fue presentada con el respaldo de medio centenar de congresistas, tenía como finalidad cambiar el nombre del programa Ingreso solidario, ampliar su cobertura y aumentar el monto de las transferencias hasta alcanzar una renta básica de emergencia de un salario mínimo legal mensual vigente, de manera que el Estado garantizara a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19, a su vez, se proponía la creación de la renta básica de emergencia. Congresistas de varios partidos y funcionarios del Gobierno se reunirán esta semana a tratar de encontrar una fórmula que permita insistir en la iniciativa a partir del 20 de julio.

Además se hundió el Proyecto de ley que pretendía establecer disposiciones que protegen a los consumidores y al erario frente a los efectos de la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos.

Así mismo, por falta de debate, se hundió la llamada Ley Antipiques, que pretendía combatir el fenómeno de las carreras ilegales o clandestinas, “sin el permiso de autoridad competente, en la cual se reúnen un grupo de personas de manera voluntaria o por convocatoria de cualquier medio, para restringir la libre movilidad de vehículos en la vía pública y alterar la tranquilidad y el orden público”.

Otro de los proyectos hundidos fue el que pretendía que “el director, administrador, representante legal y funcionario de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud que, sin justa causa, omita, impida, retarde o niegue la prestación del servicio de salud a una persona cuya vida se encuentre en situación de inminente peligro, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses. Si como consecuencia de la anterior conducta, sobreviene la muerte, la pena de prisión se aumentará hasta en una cuarta parte”.

Casi

Aunque fueron muy pocos los proyectos hundidos, varios que salieron adelante estuvieron a punto de correr la esa suerte, como por ejemplo cuando el informe de conciliación de una iniciativa acogió en su totalidad lo aprobado en una cámara a disgusto de los integrantes de la otra.

A pesar de esos choques, al final fueron 18 las conciliaciones que aprobó el Congreso y que ahora pasan a sanción presidencial. Dentro de ese paquete se destacan el proyecto que adopta medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y protege en materia laboral a las personas en edad de prepensión; el que regula el pago anticipado de créditos y se dictan otras disposiciones; el que establece el beneficio de pago anticipado en toda operación de crédito en moneda nacional, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante de las cuotas o saldos en forma total o parcial, de los consumidores de productos crediticios de las entidades del sector cooperativo.

Además dos actos legislativos pasan a revisión automática de la Corte Constitucional: la cadena perpetua para violadores de menores y la Región Metropolitana de la Sabana. 

Otra de las iniciativas aprobadas fue la que establece amnistía a los deudores de multas de tránsito y posibilita la suscripción de acuerdos de pago por deudas de los derechos de tránsito a las autoridades del ramo. También señala que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2020, todos los infractores que tengan pendiente el pago de las multas, tendrán un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% de sus respectivos intereses.

Además, están el proyecto que permite que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el que dicta disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso.