Hace parte del día a día de la democracia que la contradicción entre las fuerzas políticas lleve al hundimiento de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso.

Así que la suerte de una iniciativa que no sobrevivió a su primer debate no parece una noticia de mayor relevancia.

Sin embargo, ayer en la Comisión Primera del Senado, donde fue negado por 12 votos contra seis el informe con el que terminaba la ponencia del articulado sobre matrimonio de menores de edad, ocurrió una alineación curiosa de los congresistas que la integran.

El proyecto archivado es número 209 de 2019 Senado, “por medio de la cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones”, radicado el 24 de septiembre por el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, con la pretensión de regular la capacidad y consentimiento para el matrimonio, eliminando la posibilidad de contraer nupcias con una persona menor de 18 años y creando la política pública encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con menores de 18 años.

Para la muestra de lo ocurrido, a continuación estos trinos posteriores al debate. El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), escribió que “esto no es un chiste: el Centro Democrático está prohibiendo por ley el matrimonio entre los jóvenes ‘para prevenir el embarazo adolescente y evitar reproducción de la pobreza’. Lo que causa el embarazo no es la bendición del cura, sino el sexo. Falta que presenten una ley prohibiendo el sexo”. A lo que el senador Henríquez contestó: “Proyecto de ley para reformar código civil y abolir matrimonio con menores de edad no es para limitar sexualidad entre adolescentes, es para evitar abuso patriarcal que legítima que los adultos utilicen a las niñas como mercancía. No confunda a la opinión pública”.

De ese tenor fue la discusión en la Comisión. De una parte, el grupo que resultó minoritario, incluyendo las parlamentarias que hacen parte de esa célula legislativa, censurando el abuso de menores disfrazado de matrimonio, mientras triunfó el concepto que defiende la no intromisión del Estado en esos asuntos.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, insistió en que “se tienen que defender los derechos de nuestros menores” y su colega Angélica Lozano, de la Alianza Verde, en que la iniciativa “regula únicamente la edad para poder contratar en el matrimonio”.

Esperanza Andrade, del Partido Conservador, consideró que la aprobación del proyecto podría cambiarles la “vida a nuestras niñas y adolescentes” y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, señaló que “he sido muy crítica con respecto a la destrucción de la familia y eso lo tenemos que evitar desde el Congreso”.

Entre los contradictores estuvieron Roosvelt Rodríguez, de La U, para quien “los jóvenes están pidiendo el reconocimiento pleno de sus derechos desde los 16 años. Este proyecto va contra el libre desarrollo de la personalidad”; Germán Varón, de Cambio Radical, que señaló que  “el problema no es la ley, es la aplicación de la justicia”; y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), del partido Farc, quien sostuvo que “este proyecto va en contra vía de nuestra realidad como sociedad”.