Desde La U indican que no se puede actuar como islas y que hace falta más diálogo del Ejecutivo con el Congreso

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Tras el hundimiento de la reforma a la justicia en diciembre pasado porque no alcanzó el tiempo para que surtiera los primeros cuatro debates, la ministra del ramo Gloria Borrero anunció que el Gobierno insistirá en la iniciativa y la radicaría en este año.

Ahora las apuestas que se hacen en círculos políticos es si la presentará en marzo próximo, dada la urgencia de sacarla adelante, pero corriendo el riesgo de que no avance porque ese periodo finaliza el 16 de junio; asimismo podría ocurrir que se espere hasta el 16 de julio próximo para que se discuta en la segunda legislatura. No obstante, desde los partidos se oyen voces que indican que más importante que cuándo se presente es que se socialice el proyecto suficientemente y se alcancen los consensos, pues es lo único que garantiza su supervivencia.

En diciembre pasado la titular de Justicia indicó tras el hundimiento de la reforma en la Cámara de Representantes que “Colombia sabe que el Gobierno ha planteado al Congreso varias reformas estructurales y de enorme impacto. Han sido debates decisivos, que implican un importante esfuerzo legislativo, fundamental en varios frentes y entendemos la congestión en el Congreso. Ante la coyuntura actual tengo una sola respuesta: aquí estaremos el 16 de marzo listos para seguir avanzando en la tarea, para que los colombianos puedan tener una justicia pronta y mayor seguridad jurídica”.

Añadió que “conocíamos los riesgos de presentar la reforma este año (2018), y aunque no podremos continuar con el debate, retomaremos todos los comentarios alrededor del acto legislativo para presentarla en 2019, fortalecida gracias al aporte de las bancadas, las Cortes y los ciudadanos”.

EL NUEVO SIGLO consultó parlamentarios de distintos partidos acerca de cuándo sería el mejor momento para radicar la reforma a la justicia este año.

El senador Berner Zambrano (Partido de la U) indicó que “tienen que presentarla cuanto antes y siempre buscando los consensos, los diálogos, lógicamente antes de que el Congreso comience a discutirla. Tienen todo febrero para trabajarla y parte de enero. Tiempo tienen, pero está como deslindado el Congreso con el Ejecutivo. No hay una brújula, entonces no hay quien convoque, Presidente, ministro, al Congreso. Quieren trabajar como islas independientes, y así daría lo mismo que la presenten ahora o que la presenten el próximo año”.

Asimismo agregó que “para hacer consensos, para trabajar un proyecto de ley, que todos conocemos las dificultades, que todos sabemos los problemas que se tienen en la Rama Judicial no se necesitan seis o siete meses, desde que se haga el trabajo previo con las Cortes, con el Congreso, con la comunidad conocedora de los temas jurídicos”.

En las todas del Partido Liberal el senador Horacio José Serpa apuntó que “se debe hacer la socialización pertinente con las altas Cortes, con las diferentes bancadas y buscar un consenso entre todos. Mientras no haya ese consenso no es conveniente presentar la reforma a la justicia porque nuevamente va a tener problemas y lo que va a pasar en todos esos debates es que se terminan retirando unos artículos, negando otros”.

Añadió que finalmente lo que se busca “es sacar un mejor proyecto, que la justicia sea más ágil y que por supuesto el Congreso como las altas Cortes, como el Gobierno se sientan muy bien con ese resultado. Si no hay consenso es muy difícil hacerlo”.

Más voces

También el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Harry Giovanny González, cree “que el Gobierno no debería apresurarse, una reforma a la justicia requiere de un diálogo con los tres poderes públicos y ante todo requeriría un plan de inversiones para garantizar eficiencia y acceso a la justicia. En la anterior reforma que no se tramitó en la Cámara no se garantizaba que hubiera una estrategia de buscar hacer más eficiente el servicio de justicia en Colombia sino básicamente temas del ejercicio del poder del gobierno de la Rama Judicial”.

El Parlamentario insistió a su vez en que “al ciudadano de a pie lo que le interesa es que pueda tener un oportuno y eficiente servicio público de justicia. Si esos temas no se van a tratar la reforma a la justicia terminará siendo inocua. Por eso para lograr ese objetivo lo mejor es que la reforma sea lo suficientemente consensuada”.

En tanto que el senador Santiago Valencia opinó “no sé qué cálculos tenga el Gobierno. El reto que tenemos como Gobierno y bancada de gobierno es poder dar un consenso alrededor de la reforma. Lo que entiendo es que la Ministra ha hecho un trabajo de tratar de recoger todas las propuestas que se hicieron en esta discusión inicial, que tenían iniciativas de las distintas bancadas de los partidos tratando de consolidar una reforma a la justicia. Hay consenso que se debía hacer una reforma a la justicia, lo difícil siempre ha sido determinar el cómo”.

El Gobierno ha anunciado que se reunirá con cada uno de los partidos para analizar la agenda legislativa de este año, diálogo en el que seguramente se abordará el tema de la reforma a la justicia en la que quiere insistir.

Cambios constitucionales y más

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez consideró que “bien que se presente en marzo para tratar de ganar ese tiempo, siempre y cuando se hayan hecho los estudios correspondientes y una cierta aproximación con la clase política en el Congreso buscando los consensos. Pero además el país esperaría un paquete de normas mucho más agiles de lo que sería una reforma constitucional. Normas que pueden ser proyectos de ley o acciones por decisiones puramente administrativas”.