Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO

Si bien no es uno de los principales reparos que han hecho las altas Cortes al proyecto de reforma a la Justicia que presentó el Gobierno al Congreso, sí han mostrado su malestar por la iniciativa que notarios y jueces tengan funciones jurisdiccionales.

Con la medida el Ejecutivo busca descongestionar los más de 2,3 millones de procesos pendientes; en cambio las Cortes sostienen que para atacar la congestión debe es aumentar el presupuesto de la Rama y no producir soluciones que puedan derivar en que se afecte la calidad de la prestación de la Justicia.

Sin embargo, para el ex viceministro de Justicia Guillermo Rivera, esta propuesta vale la pena analizarla porque, en el caso de los abogados, es común que desempeñen labores jurisdiccionales en países como Estados Unidos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión le merece el proyecto de reforma a la Justicia que presentó el Gobierno nacional?
GUILLERMO REYES: Lo más importante es que haya una prioridad en la agenda del Gobierno Nacional, que es la reforma a la Justicia; creo que es un tema que demanda desde hace un par de años para acá que se ocupara el Congreso y que ante todo se colocara como una prioridad en la agenda legislativa.
Ahora lo que sí uno quisiera es que se hubiera logrado una concertación, sin embargo hay temas sobre los cuales es muy difícil concertar, por ejemplo en el tema de tutela contra sentencia judicial. Es un tema del que desde el pasado, cuando estuve en el Ministerio y anteriormente que el presidente Uribe lo intentó varias veces, siempre el punto neurálgico de las reformas que no permitía que hubiera consenso entre las dos partes, Rama Judicial y Gobierno, era ese, y si usted mira el proyecto ese es un punto clave.
Entonces creo que aquí uno se devuelve en la página de la historia, la gran confrontación entre el presidente Uribe y la Corte en cabeza de Yesid Ramírez fue el tema de tutela contra sentencia.
Y aquí está claro que, pues, obviamente el Consejo de Estado y la Corte Suprema tienen una posición sobre la cual el Gobierno tiene un criterio diferente. Sería muy importante que en ese debate que va a haber se lograra un consenso. ¿Cómo lograr un consenso? No sé, pues para las altas Cortes es muy difícil aceptar que sus sentencias judiciales puedan ser sometidas a un principio de inseguridad jurídica, y es que quepa la tutela contra ellas. Eso es obviamente poner en riesgo ese principio superior. Vamos a ver qué pasa en el debate en el Congreso, pero diría yo que ese es un primer punto, que es lamentable que no se encuentre un consenso.

ENS: ¿Qué aspectos destaca del proyecto del Gobierno?
GR: Yo creo que en el proyecto del Gobierno hay cosas importantes, aunque creo que todavía en una reforma a la Justicia le faltan unos temas que son prioritarios para el país, pero comparto varias cosas: la primera, hay que reformar el tema de administración de justicia, el tema de la Comisión de Investigación y de Acusaciones del Congreso. En eso hay varias posiciones diferentes, el Gobierno hace su apuesta a una propuesta que indiscutiblemente sobre eso creo que el país tiene que avanzar y sacar adelante una reforma. Si me preguntan, creo que la del Gobierno es importante, lo que yo no creo es que el Congreso deba perder esa facultad, lo que pasa es que sí hay que especializar a quien lo hace y creo que deberían ser personas que tengan la formación de abogados y con un apoyo suficiente, con presupuesto para la Comisión y con dientes.
Lo mismo que con la corrupción se tenía el zar anticorrupción pero no tenía con qué hacer todo lo que se quería en materia de corrupción, pero yo creo que habría que abordar el tema y es importante el mensaje que se manda. Ahora que sea integrada por ex magistrados, no lo comparto; la historia de Colombia ha sido de una comisión en cabeza del Congreso y eso no lo puede perder el Congreso. Aquí no podemos llegar a un poder con el Congreso debilitado en el sentido de funciones y atribuciones.
De otra parte creo que es muy importante el tema que hay que enfrentar la congestión judicial. ¿Cómo enfrentarla? Pues yo creo que la propuesta del Gobierno es interesante, eso venía desde tiempo atrás, y creo que darle a los abogados y a los notarios esta función es algo que ocurre en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace por sorteo entre todos los números de tarjetas profesionales, y tienen la obligación de hacerlo como un sentido de servicio social, sin honorarios, como una obligación que el abogado tiene que hacer de aportar a la administración de Justicia.
Creo que este país tiene que hacer servicio social obligatorio para los abogados, no para los estudiantes de Derecho, como lo tenemos, sino especial para los abogados. Ese sería un punto muy especial para superar tanta congestión que hay en Colombia.
Y los notarios… ahora que haya notarios que estén en tela de juicio por su honorabilidad o no, pues en todas las profesiones se encuentra, no hay profesión perfecta porque el ser humano es imperfecto, pero yo creo que el notario sí puede prestar servicios importantes en ese tema, lo mismo que los centros de conciliación y de arbitraje.

ENS: ¿Y en cuanto a reformar el Consejo Superior de la Judicatura?
GR: Me parece interesante el tema de tocar el Consejo Superior de la Judicatura, yo tengo mi disparidad de criterios con el Gobierno. El Gobierno plantea cambiar la Sala Administrativa por darle más reconocimiento a la comisión interinstitucional de los poderes de las altas Cortes y de la Fiscalía y crear un gerente único.
A mí me parece que el Consejo Superior ha demostrado resultados de la Sala Administrativa, los hemos visto en la administración judicial, ha mejorado en todo sentido, los palacios de justicia, la logística, en la distribución de los despachos judiciales, en eficacia, pero indiscutiblemente este es un tema que se ha planteado de tiempo atrás, de criticar, de cuestionar el papel de la Sala Administrativa.   
A mí me parece que ha prestado un buen servicio la Sala Administrativa, se ha mejorado cada día más. Yo no la tocaría, tendría un gerente que es el mismo que hay hoy, que es el director de administración judicial, y yo le daría quizá un poco más de especialidad a quienes hace parte del Consejo, pero creo que es bueno.