El senador José Aulo Polo Narváez, de la Alianza Verde, pidió a la mesa directiva de la Comisión Séptima Constitucional retirar el proyecto de ley 010 de 2020, reglamentario del sistema de salud.

En una extensa misiva, dice el parlamentario que la norma, que apenas va a comenzar su tránsito legislativo, si bien implica grandes retos, no ataca los principales males como son los altos costos para ciertos tratamientos de enfermedades crónicas y que demanden alta tecnología.

“Los modelos de aseguramiento en salud han presentado grandes aciertos y fracasos en diferentes regiones del mundo, lo que evidencia la imposibilidad del desarrollo de un sistema ideal. La definición de la salud como un derecho fundamental que el Estado tiene por obligación proveer, proteger y regular es un avance social de una nación. Sin embargo, se requieren grandes esfuerzos institucionales, con elementos internos que pueden generar riesgos para su cumplimiento”, señala la misiva.

El senador Polo Narváez, además, cuestiona que en el proyecto hay varios puntos que tienden a ser “inaceptables, contradictorios o por lo menos ambiguos” pues "agudizan la crisis, benefician a las EPS y perjudican a usuarios y trabajadores”.

Agrega que la norma en estudio no plantea los cambios que evidenció la pandemia y debería surtir el sistema de salud en Colombia.

Tampoco, dice, reglamenta la ley estatutaria que establece el derecho fundamental a la salud, “por el contrario, es un refrito de un conjunto de normas expedidas previamente por el Ejecutivo sin consultar su constitucionalidad y que han sido fallidas”.

Y advierte que el proyecto se ocupa de tratar de regular el negocio de la salud instaurado en Colombia, las relaciones comerciales existentes en el mismo y mantiene la intermediación financiera de las EPS, cambiando el nombre por aseguradoras.

Por eso concluye que las voces que piden el archivo de la iniciativa liderada por agremiaciones de médicos, trabajadores de la salud y comunidad científica “son cada día mayores”.

El parlamentario sostiene que el documento no soluciona los problemas estructurales del sistema de salud, por tanto debe archivarse.