La Comisión Primera dio un fuerte espaldarazo al Proyecto de Acto Legislativo que busca elevar a rango constitucional los derechos a la alimentación y nutrición adecuada, y a no padecer hambre. Así mismo, se crea un mandato específico para que el Estado garantice estos derechos.
En una amplia discusión esta célula legislativa aprobó el primer debate de esta iniciativa, al declararse totalmente de acuerdo con el alcance de sus objetivos, mediante una votación unánime por parte de todos los senadores que conforman la Comisión.
El senador Roosvelt Rodríguez Rengifo (Partido de la U), ponente del proyecto, por el cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, destacó que, con la mencionada norma, “el Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo promoverá condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional”.
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Agregó que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
La ponencia del proyecto justificó la aprobación de la ley en que se deben atender los desafíos que se han generado producto de la pandemia: “Hoy más que antes, dados los desafíos que plantea la actual coyuntura derivada de la Emergencia Económica, Social y Ecológica producto de la pandemia del covid-19, la presente iniciativa cobra una especial relevancia, toda vez que se hace necesario contar con disposiciones jurídicas que permitan al Gobierno nacional reconocer la importancia debida a la garantía de la Seguridad Alimentaria para la población, al tiempo que a través de la consagración constitucional de esta prerrogativa fundamental se otorgan herramientas que le permiten a la ciudadanía ser veedora y exigir el cumplimiento progresivo de la garantía de uno de los derechos más básicos y esenciales: el poder alimentarse dignamente”.
Estadísticas
En el marco de la amplia discusión se conocieron cifras preocupantes en Colombia sobre el hambre y la desnutrición.
Según el ponente, “antes del inicio del aislamiento preventivo obligatorio, nueve de cada 10 hogares en Colombia, el 90,1%, consumía como mínimo tres comidas diarias. A 10 meses del establecimiento de dicha medida se tiene que esa proporción se redujo a poco menos de 7 de cada 10 hogares, decir el 68,6%, lo que representa una caída de 21,5 puntos porcentuales de hogares en situación de inseguridad alimentaria”.
Agregó, al citar cifras de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que “el 8,9% de la población global padece hambre y alrededor del 25% se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada”.
Según el senador Julián Gallo Cubillos (Partido Comunes), “si hay un factor que muestre la injusticia social es que sus ciudadanos padezcan hambre. No existe justificación para que la ciudadanía tenga que padecer hambre. Esa angustia afecta esencialmente a la niñez. Es una tragedia humanitaria que refleja las diferencias sociales”.
Aclara además el documento de la ponencia, que, “a pesar de que han existido diversas estrategias tendientes a mitigar la grave crisis económica que enfrentan la mayoría de los hogares colombianos, en materia de acceso a alimentos suficientes por parte de los hogares queda un enorme camino por recorrer; así, si se compara la situación de los hogares en agosto de 2020 (línea base) en materia de acceso a tres comidas diarias en comparación con la situación de enero de 2021, se encuentra que se pasó de un 87,6% de hogares que consumían tres comidas a tan solo el 67,3% - lo que significa una disminución constante que de manera agregada nos demuestra un decrecimiento de al menos 20 puntos porcentuales en tan solo seis meses-, lo cual hace necesario empezar a plantear alternativas e intervenciones que permitan poner un freno a una situación muy grave y frente a la cual las actuales medidas parecen no ser tan efectivas”.