La plenaria del Senado aprobó pasada la medianoche el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tal cual horas antes había sido aprobado por la Cámara de Representantes porque por una decisión del presidente de esa Corporación, Alejandro Chacón, no había tiempo para darle el debate respectivo a la iniciativa. 

El presidente del Senado, Ernesto Macías, explicó al plenario de los senadores al iniciar el debate del PND sobre las cinco de la tarde sobre la decisión del representante liberal, Alejandro Chacón, tras aprobar la Cámara dicho proyecto que dicha Corporación se volvería a reunir hasta el miércoles.

Ello significaba que si el Senado hacía alguna modificación al texto proveniente de Cámara tras el respectivo debate de ayer se debería citar a una conciliación que es una instancia en la cual representantes a la Cámara y senadores se reúnen para analizar las diferencias y acordar un texto para ser sometido, de nuevo, a la consideración de las plenarias. Sin embargo, como se dijo, esto no sería posible ya que Chacón citó plenaria para el miércoles, cuando la conciliación solo podría ser votada como máximo el día lunes.

Según explicó Macías, sobre la decisión del presidente la Cámara, el liberal Alejandro Chacón, esa citación dejó en una situación “muy incómoda” al Senado ya que el plazo máximo para aprobar el plan vence el lunes. De esta forma, la única alternativa que le quedaba al Senado era aprobar en su integridad el texto de la Cámara, sin introducirle ningún tipo de reforma, tal como se verificó pasadas las 12 de la noche.

Tras el anuncio de Macías, se generó un gran debate en la plenaria del Senado. Por ejemplo, el congresista Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), acusó al primero de haber dejado faltarle al respeto al Senado. Otros parlamentarios sugirieron suspender la sesión y exigirle a Chacón que reverse su decisión de citar solo para el miércoles y lo haga para el lunes, de forma tal que el Senado tuviera hoy e incluso el fin de semana para poder analizar la iniciativa del plan, aprobarlo y luego someterlo a conciliación respecto al texto aprobado en Cámara.

Luz verde en Cámara

Con 108 votos a favor y 7 de en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. El texto final del proyecto deberá ser conciliado con el del Senado, que comenzó la discusión del articulado ayer. La fecha límite para la aprobación es el 7 de mayo.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, agradeció a los representantes. “Mis agradecimientos muy sinceros y los del Gobierno. Estamos muy satisfechos con el debate”, sostuvo. Y agregó: “Ha salido un texto inmensamente mejor gracias al aporte de ustedes”.

Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, por su parte, manifestó que el proyecto “va a dejar una huella en la transformación de nuestro país”. “Todo lo que se aprobó aquí lo vamos a sacar adelante. Lo que sigue es un gran trabajo para ponerlo en marcha”, añadió.

El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, dirigiéndose a los senadores afirmó: “Les dejamos un plan bien trabajado, bien hecho, bien debatido. Esperemos que lo acojan con mucho cariño”.

Senado comenzó discusión

El debate en la plenaria del Senado se inició con la presentación de las ponencias. Al cierre de esta edición, los senadores María del Rosario Guerra, del Centro Democrático; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; y Juan Felipe Lemos, del Partido de La U, presentaban la ponencia conciliada con el Gobierno.

“Si este plan no se aprueba, el Gobierno nacional lo aprobará por decreto, pero adoptará el plan presentado originalmente. Este es superior”, señaló el senador Cepeda, quien destacó que el proyecto “tiene muchos avances significativos”.

Rechazan dos facultades

La Cámara rechazó dos de las cinco facultades extraordinarias para el presidente Iván Duque, que estaban contempladas en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Dichas facultades le permitían al Mandatario tomar decisiones relacionadas con el Sistema General de Participaciones y con la organización de la administración pública, durante seis meses y sin necesidad de pasar por el Congreso de la República.

Para ello, fueron eliminados dos artículos: el 330 que estipulaba facultades para “la modificación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del sistema general de participaciones” y el 334 para “la supresión, fusión o modificación de consejos, comités e instancias de coordinación o dirección”.

Sí fueron aprobadas las facultades señaladas en el artículo 331 para “la modernización y eficiencia de las entidades públicas del sector financiero”. En ese sentido, el Presidente podrá “fusionar entidades públicas del sector financiero, tales como, Aseguradoras Públicas y Fiduciarias Públicas como Fonade y Findeter con el fin de evitar duplicidades”. Así mismo, “crear una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional, así como, cambiar la adscripción o vinculación de las entidades financieras que se requieran para este efecto”.

También fue aprobado el artículo 332 que contempla facultades para reestructurar la Contraloría General de la República. Por lo anterior, el Mandatario podrá reestructurar jerárquica y funcionalmente varias dependencias de la entidad, como la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, la Contraloría Delegada para el Sector Social, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones. Además, podrá crear “nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de personal creando los empleos a que haya lugar”.

La plenaria dio además el visto bueno al artículo 335, denominado fortalecimiento de la equidad, emprendimiento y legalidad, con lo cual podrá “realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las facultades extraordinarias”.

Otros temas

Cuatro artículos relacionados con las pensiones, que habían sido eliminados el miércoles, fueron revividos por la plenaria de la Cámara. Estos son el 59, 197, 202, 204.

En la discusión los representantes decidieron eliminar el artículo 89, que contemplaba una contribución Parafiscal para la gestión Catastral correspondiente hasta el 5% de todas las rentas que se recauden “cuya determinación y cálculo provenga de la utilización de la información catastral, por parte de los municipios, distritos y las autoridades ambientales, estos recursos serían destinados para la financiación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)”.

Dicho artículo fue calificado como mico por el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien señaló que la iniciativa comprometía ingresos de 134.000 millones de pesos solamente en la capital, pero también afectaba a los otros entes territoriales.

Granados comparó la elevada cifra que se propone para financiar el IGAC con el presupuesto de todo el año de la Secretaria de Cultura para el 2019, el cual está en $143.659 millones, por lo que afirmó que la propuesta es totalmente inconstitucional ya que la entidad es un establecimiento público del orden Nacional y por consiguiente su financiamiento es de exclusiva competencia del Gobierno Central y por lo tanto "no puede pretenderse que este corra a cargo de las ya deterioradas finanzas territoriales”.

En la discusión se le dio el visto bueno a la propuesta que contempla que el Ministerio de Salud tendrá un mecanismo electrónico que desarrolle la interoperabilidad de las historias clínicas.

De acuerdo con el artículo, este mecanismo “deberá garantizar que todos los prestadores de servicios de salud públicos y privados que se relacionen con la atención en salud, compartan los datos vitales definidos por el Gobierno Nacional para dar continuidad a la atención en salud”.

La plenaria también aprobó el traslado del programa de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda, contemplado en el artículo 262.

De acuerdo con el artículo, a partir de 2020, esta política pública “estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que será esa entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional rural”.

Los representantes de los partidos Cambio Radical y de La U celebraron de forma entusiasta la decisión.  Héctor Javier Sierra, del Cambio Radical, afirmó que la política pública de vivienda rural “en cabeza de ese sector resultó fallida. Los resultados no la acompañan. La Colombia rural requiere obras y medidas efectivas para superar rezago que produce déficit habitacional”.