ESTA semana será definitiva para el Presupuesto General de la Nación 2021 ya que tendrá un camino bien ‘discutido’, durante las plenarias en el Congreso y donde se analizarán las diferentes cifras y artículos polémicos proyectados para el próximo año.

Tras radicar la ponencia, las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas de Senado y Cámara) discutieron y dieron vía libre en primer debate a la iniciativa que busca aprobar el presupuesto por un valor total de $350,4 billones.

Las nuevas discusiones se centrarán en el gasto social, el traslado exprés de afiliados de fondos privados de pensiones a Colpensiones y la modificación al inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.

Reforma pensional a retazos

Sin embargo, el pasado lunes el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) advirtió que artículos como el 104 dentro del proyecto de Presupuesto, permiten el cambio de regímenes pensionales, por lo cual, insistió, debería pasar por comisiones séptimas.

El congresista señaló que lo que se proyecta en el Presupuesto General de la Nación es una reforma pensional camuflada; “se vienen presentando varias iniciativas legislativas que por fracciones pretenden realizar una reforma pensional. Lo estamos viendo con el artículo 104 de la Ley de Presupuesto, la más clara prueba de lo que es la falta de unidad de materia”, declaró.

Se preguntó Carlos Fernando Motoa en su Twitter: “¿Qué es el presupuesto de una Nación? Ingresos y erogaciones durante una vigencia fiscal. Aquí estamos autorizando el traslado de miles de colombianos, sin que Comisión Séptima, que es la competente por Constitución y por Ley 5, lo discuta”.

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A través de sus cuentas en redes sociales, el congresista dijo que, “a retazos eso es una reforma pensional. El país necesita con urgencia esa reforma, pero debe ser integral y con amplio debate en las comisiones séptimas, competentes en la materia”, agregó.

Entre los 126 artículos aprobados en primer debate, está el 104 que permitiría durante el 2022, el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (fondos privados de pensiones), a cargo de las Administradoras de Fondo de Pensiones, al Régimen de Prima Media, que es administrado por Colpensiones.

Las condiciones para dicho traslado son que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.

Con esta norma se calcula que 32 mil afiliados de los fondos privados podrán trasladarse a Colpensiones. Según el Ministerio de Hacienda, el impacto fiscal por ese traslado extraordinario será de $3.8 billones.

Gasto social

Sobre el gasto social y en la ponencia positiva presentada por el senador Mario Alberto Castaño (partido Liberal), se expuso que “en este PGN se va a aumentar la inversión en inclusión social, buscando llegar a 25 millones de colombianos. El sector educación nuevamente liderará el mayor gasto. Así mismo, la apuesta en salud hace parte de este grupo de programas sociales”.

De igual manera, explicó que este presupuesto tiene tres grandes apuestas: “La social, en la cual se garantiza el programa de Ingreso Solidario, con un costo de $7 billones. Y también la de detener la pobreza extrema que ha dejado la pandemia. En el aspecto económico se quiere impulsar la generación de empleo, haciendo énfasis en las mujeres y en los jóvenes. Y desde el ámbito fiscal hay un compromiso de parte de este presupuesto de fomentar la austeridad y la eficiencia en el gasto. Y muy importante, tener una reducción del déficit para recuperar la calificación crediticia del país”.   

Ley de Garantías

Otro de los artículos polémicos que se tratarán será el de la Ley de Garantías que debe empezar a regir a mediados de noviembre y que restringe la posibilidad de contratación pública, nombramientos de cargos oficiales, inauguraciones de obras y otras actividades que puedan llegar a ser utilizadas con fines proselitistas.

El Gobierno ha insistido en que es necesario suspender la aplicación de la Ley de Garantías, ya que esas restricciones que impone a la contratación pública pueden afectar el proceso de reactivación social y económica del país, sobre todo ahora que el impacto de la pandemia ha bajado sustancialmente.

Frente al artículo 125, que reza que “a partir de la publicación de la presente ley, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que esta reforma tiene un propósito superior, que es el empleo, para generar así ingresos y oportunidades para los colombianos.

“Tampoco estamos desmontando la Ley de Garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”, explicó. Sin embargo, para varios parlamentarios de la oposición derogar esas prohibiciones daría pie a que el presupuesto público pueda ser utilizado con fines electorales de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales.