Hay un contexto de alto riesgo para los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc que aportan verdad en los siete Macrocasos que investiga actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en su sexto informe quincenal. Indicó que la seguridad para estas personas es crítica en diez municipios de diferentes regiones.
Señaló que la semana del 14 al 21 del presente mes fue una de las más letales para los excombatientes desde la firma del Acuerdo Final de Paz en diciembre del año 2016. De acuerdo con el periodo analizado, se presentaron siete asesinatos, en promedio uno cada 24 horas, y la tentativa de homicidio contra los reincorporados en cinco departamentos. Advirtió la UIA que el 100% de las víctimas estaban sometidos a la JEP.
Al conocer el reporte de la UIA, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, insistió nuevamente en la necesidad de implementar de manera decidida el Acuerdo Final de Paz y en desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las Farc, como lo ha pedido reiteradamente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Entre las víctimas, que fueron reportadas por la UIA, se encuentran Fayber Camilo Cufiño Mondragón, Yeison Ayala Ruiz y John Sebastián Ávila Romero, asesinados en Meta; Adolfo Rodríguez, en Arauca; Luis Fernando Córdoba Hurtado, en Chocó; Mayiber Tapias, en Antioquia; y Wilmer Enrique Álvarez Medina, en Caquetá.
Según la UIA, la situación de seguridad para los excombatientes de las Farc es crítica en diez municipios: Tumaco, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, Caloto, Cali, Tibú, San José del Guaviare, Santander de Quilichao, Corinto y Miranda. En estas localidades existe un alto índice de afectaciones contra los excombatientes y son, simultáneamente, las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP.
En su sexto informe, los investigadores advierten que persisten los hechos violentos contra quienes asumieron roles de liderazgo en el postacuerdo. “Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización", advierte el informe.
A la fecha, el Sistema de Monitoreo de la UIA ha logrado determinar que dos de cada diez reincorporados de las desmovilizadas Farc-ep que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas, o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Tras la alerta que lanzó durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares colectivas que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento para proteger a los firmantes del Acuerdo, la UIA advirtió nuevamente que “si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024".
Según la ONG Indepaz en lo que va de este año han sido asesinados 22 firmantes del Acuerdo.
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También los líderes sociales
Casi la mitad de los líderes sociales asesinados desde el 1 de diciembre de 2016 tenían algún tipo de relación con la implementación del Acuerdo Final de Paz. Entre el 14 y el 21 de abril pasado, cada 56 horas, en promedio, se presentó un nuevo homicidio, señala la UIA en su informe.
El primer caso reportado corresponde a Francisco Giacometto Gómez, quien fue torturado y asesinado en Santa Marta; “este crimen representa un riesgo latente para el Macrocaso 06: ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica’. Se trata del segundo homicidio de un sobreviviente de la UP en menos de cinco meses”, advierte la JEP.
En tanto que Dionisio Pai Pascal, líder del Resguardo Indígena Awá 'El Gran Sábalo', de Tumaco, Nariño, murió cuando un explosivo cayó en su lugar de residencia en medio de un enfrentamiento entre grupos armados. En los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco persiste la violencia contra los titulares de derechos y garantías de la JEP, pese a las insistentes alertas que advierten de la crisis que viven estos territorios.
Otro crimen registrado fue el de la gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna-Siberia Tama Kiwe, Sandra Liliana Peña, en Cauca. Días anteriores a su muerte, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, la lideresa rechazó los cultivos de uso ilícito y su incremento en el territorio. Liliana Peña participaba en uno de los Macrocasos priorizados por la Sala de Reconocimiento.