El debate sobre las propuestas para superar la crisis se ha visto opacado por una serie de explosiones mediáticas sobre asuntos que no contribuyen a los temas sustanciales

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No hay duda que Colombia está entrando en la campaña presidencial de 2022.

Luego de dos periodos seguidos, que prácticamente fueron de ocho años cada uno, el país estaba desacostumbrado a que la actividad proselitista comenzara tan pronto.

Algunos nuevos nominados han empezado a tantear el terreno, como hizo recientemente el exalcalde Federico Gutiérrez.

Infortunadamente en la tempranera campaña no impera la exposición de ideas. Claramente este es un país con muchos problemas sin resolver -que envejecen mal, ha dicho en varias ocasiones el presidente Iván Duque-, cuyas consecuencias se ponen en evidencia en crisis como la desencadenada por la pandemia del coronavirus.

Pero en esta coyuntura, el debate entre las diversas fuerzas políticas sobre sus propuestas para superar la crisis se ha visto opacado por una serie de explosiones mediáticas sobre asuntos que, si bien, pueden hacer parte de la agenda pública, no contribuyen en abordar los temas sustanciales.

Porque hay que anotar que los partidos tienen propuestas: los conservadores y los liberales, los de La U y Cambio Radical, los uribistas y los de la izquierda, todos han publicado su menú de lo que, desde su prisma ideológico, consideran que debe hacerse.

Sin embargo, como ya ha venido ocurriendo, las discrepancias no se dirimen exponiendo los pros y contras de las propuestas, sino trayendo a memoria los ‘inri’ que cada cual carga, aunque en algunos casos se trate de cosa juzgada.

Así, por ejemplo, a los desmovilizados del M-19 siempre les sacarán en cara la toma del Palacio de Justicia y a los dirigentes del Polo Democrático el carrusel de la contratación.

Y en la otra orilla, el expresidente Álvaro Uribe tendrá de parte de sus contradictores las eternas acusaciones de supuestos vínculos con grupos armados ilegales.

Para la muestra un botón: el exfiscal Eduardo Montealegre volvió a hablar de la denuncia penal contra Uribe por su presunta responsabilidad en dos masacres cometidas en los 90 en Antioquia -La Granja, 11 de junio de 1996, y El Aro, 22 y 23 de octubre de 1997-, llegando a señalar que “a Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia. Ha eludido durante su larga carrera política todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune, ha logrado eludir la justicia, pero le llegó la hora. Uribe es un criminal de guerra”.

Por supuesto, Uribe no se quedó callado y replicó: “Montealegre sesgado, me acusa de que pude evitar masacres paramilitares y no me acusa de haber podido evitar las guerrilleras que ocurrieron. Un fiscal sesgado es prevaricador y el prevaricato es delito y corrupción”.

Sin embargo, ese no es único debate político que se mezcla con procesos judiciales.

Legitimidad

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, durante la investigación por un homicidio ocurrido en 2011 en Barranquilla fueron interceptadas las comunicaciones del empresario José ‘Ñeñe’ Hernández -asesinado el año pasado en Brasil-. En algunas de esas grabaciones se escucha al ganadero hablar de compra de votos a favor de la candidatura presidencial de Duque.

En ese escándalo, conocido como la ‘ñeñepolítica’, han resultado salpicados otros dirigentes, que por una u otra razón son mencionados en las grabaciones, como es el caso de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que eran candidatos en la elección que finalmente ganó Duque.

“Insinuar que yo o el movimiento Compromiso Ciudadano tuvimos algo que ver en esa bochornosa trama no tiene sentido”, señaló Fajardo en sus redes sociales.

La ‘ñeñepolítica’ le ha servido a Petro para señalar a Duque de ser un presidente ilegítimo y llamar a la desobediencia civil, tal como lo hizo en 2016 la campaña por el no a los acuerdos de paz. Según Petro, Duque es ilegítimo porque “se hizo elegir con el voto comprado por el dinero del narcotráfico”.

El llamado a la desobediencia civil fue contestado por el presidente Duque, sin mencionar a Petro, señalando que en estos tiempos de pandemia “no faltan los correveidiles y los estafetas del neochavismo, que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder”.

Paradójicamente, Petro citó esta semana un trino de Duque publicado en mayo de 2016, en el que el entonces senador uribista señaló que “la resistencia civil no es violenta, es persuasiva y pedagógica”. Petro escribió: “Estoy de acuerdo”.

Coincidiendo con las expresiones de Duque, Uribe sostuvo en sus redes sociales que en Colombia lo que hay es una “agitación prechavista con fines electorales”. Para Uribe, el objetivo de esta corriente política es “deslegitimar el Gobierno, deslegitimar nuestro Partido y nuestras políticas sociales. Estos sectores prochavistas de Colombia quieren llevar al país a lo que fue la Venezuela prechavista, aquella Venezuela que deslegitimó todas las instituciones, allá con razones, aquí sin razones”.

Las piedras no se lanzan solo contra algunos dirigentes políticos, sino contra las instituciones. Aprovechando hechos lamentables -como la falta de tacto del fiscal Francisco Barbosa al aprovechar un viaje de trabajo para transportar a familiares o el condenable comportamiento de uniformados que han violado a mujeres de varias edades- se ha disparado un arsenal pesado contra la Fiscalía y las Fuerzas Militares.

En todos estos casos no prima un análisis ponderado de la situación política y social, al que por supuesto se aplican los preceptos ideológicos que cada quien profese, sino un pulso entre detractores y defensores a ultranza, que no supera el cruce de epítetos propagandísticos.