Antes de cerrar la edición se conoció la noticia de que los promotores del paro minero en Chocó habían firmado un acta de compromiso con Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, en el que el gobernador del departamento, Ariel Palacios, se compromete a atender las reclamaciones del paro.

Chocó completaba 11 días de paro minero y la situación se tornaba crítica, debido a que las principales vías se encontraban bloqueadas en diferentes puntos estratégicos, que no permitían la libre movilidad de ninguna clase de vehículos.

La escasez de combustible y productos de la canasta familiar y demás actividades económicas era evidente, el comercio de Istmina y otros municipios de la provincia del San Juan y Baudó, eran los más afectados.

Adicional a esto, se presentaron bloqueos que paralizaron las obras de pavimentación de la carretera que une a la capital antioqueña con la chocoana, debido a que las comunidades indígenas se sumaron a la protesta minera y no permitieron mover las máquinas ni adelantar ninguna clase de trabajo en el sector.

Razones del paro

Dentro de los acuerdos se estableció que el próximo martes se instalará una mesa técnica de trabajo con los viceministros convocados (minas, ambiente, interior). Con esta decisión se suspendió temporalmente el paro.

Vale recordar que son en total 12 puntos que hay dentro del pliego de peticiones y que será el documento base para la negociación la próxima semana.

Ellos exigen que, bajo la presunción de legalidad reconocida en la Ley 685, se suspendan los operativos en contra de la minería ancestral de subsistencia, tradicional y pequeña minería mecanizada, así como el cese de la persecución, judicialización y cierre de los procesos a pequeños mineros retenidos por supuesta minería ilegal, por explotación ilícita de minerales y afección irreparable al medio ambiente.

Leyes de formalización

Mientras esto pasa en el Chocó, por el Congreso de la República se encuentran en proceso dos proyectos de ley que ayudarían a satisfacer los pedidos de los mineros no solo del Chocó sino de toda Colombia, en la necesidad de formalizar la minería.

El senador Alejandro Corrales habló con EL NUEVO SIGLO y explicó en qué consisten. Lo primero que recordó es que la minería produce 1.250.000 empleos pero la gran mayoría de estos son informales. “Hay dos proyectos en el Congreso, el 510 de bancarización que hemos venido trabajando con la academia, con técnicos, mineros, y el 314 de formalización minera, que hemos venido trabajando con gente del gremio”.

“Miremos las condiciones para la gran minería, que todo es formal; para la pequeña y mediana minería, que también es muy distinta; para la minería de subsistencia, artesanal, que son muy diferentes, y a cada uno de ellos brindémosle la manera de formalizarse. Eso es lo que hace ese proyecto 314 de formalización minera”, explicó.

Corrales agregó que "la bancarización es la mejor herramienta para formalizarnos, que entren al sistema financiero, que les abran cuenta de ahorro, que puedan mover sus recursos a través de una cuenta bancaria. Las empresas de exploración y de explotación minera tienen que tener el acompañamiento del sector financiero”.

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La minería mueve cerca de cinco billones de pesos en regalías, que equivalen a cerca del 1,6% del PIB nacional, “pero cuando uno mira la realidad, el 80% del oro que se produce en Colombia se extrae y se comercializa de forma ilegal”, advirtió Corrales.

La gran minería es la del Cerrejón y es una minería formalizada que no tiene este tipo de problemas. Realmente los mineros que protestan son los no reconocidos, los informales que se están quejando por el poco acompañamiento del Gobierno. No se tienen en cuenta las diferencias entre barenquero y una minería que use una maquinaria pesada.

Para el senador, es necesario exigirle al Gobierno que los tiempos en los trámites del sector minero se acorten. Insistió en que esta es una de las grandes quejas en todas las empresas mineras, de cualquier tamaño: la lentitud de los procesos, por lo que se espera que se pacten unos plazos claros y que se cumplan de parte de las instituciones del Gobierno para que se tenga certeza sobre los pasos a seguir.