TRAS LAS elecciones varias gobernaciones y alcaldías quedarían en vilo por demandas, que se prevé, presentarán aspirantes a los cuales el Consejo Nacional Electoral les revocó la inscripción de la candidatura por razones legales, pero que, aun así, quedaron en el tarjetón y seguramente recibirán votos en la jornada de mañana. El organismo terminó ayer de revisar las últimas de cientos de impugnaciones que se radicaron frente a estas decisiones.

Para las elecciones regionales de este año el Consejo Nacional Electoral revocó más de 3.000 inscripciones de candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos asambleas y Juntas Administradoras Locales (JAL), producto de solicitudes que presentaron ciudadanos contra aspirantes que consideran están inhabilitados para ocupar el cargo por las causales previstas en la ley, como que familiares suyos hayan integrado la administración departamental, municipal o distrital en el último año; así como que también en ese término la persona haya firmado contrato con entidades de la región.

Las otras fuentes para observar presuntas inhabilidades es el reporte que envió al CNE la Procuraduría General de la Nación con personas que figuran con sanciones vigentes de tipo disciplinario, y que a pesar de ello se inscribieron para las elecciones; así como el boletín de responsables fiscales que hizo llegar la Contraloría General de la República.

En este proceso hubo casos polémicos como el de Rodolfo Hernández, que aspiraba a la gobernación de Santander, quien, frente a la decisión de revocatoria, además del recurso de reposición ante el Consejo Electoral, acudió a tutelas ante un juez y luego ante el Tribunal Superior de Bogotá, las cuales fueron negadas.

También el empresario Tulio Gómez recurrió ante el Consejo Electoral su decisión de revocarle la inscripción a la gobernación del Valle porque como presidente del club de fútbol América, firmó dentro del año previo a la inscripción de su aspiración tres contratos con la Alcaldía de Cali para el arrendamiento del estadio Pascual Guerrero.

Igualmente, Gómez presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando la protección de sus derechos políticos, que le fue negada. Luego acudió ante el Consejo de Estado.

El pasado jueves, el Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues determinó que la decisión adoptada por el Consejo Electoral, “no representaba una abierta y evidente violación de los derechos fundamentales del candidato, en la medida en que contiene una justificación jurídicamente razonable sobre la configuración de la inhabilidad que dio lugar a la revocatoria de la inscripción”.

Entre el cúmulo de reposiciones que ha respondido el Consejo Nacional Electoral por las candidaturas que ha revocado, esta semana ratificó las decisiones que tomó en los casos de Tulio Gómez y Rodolfo Hernández.

Sin embargo, Gómez, Hernández y otros aspirantes revocados están en los tarjetones para votar mañana.

Precisamente, este organismo produjo una circular en la que “reitera a los jurados de votación, comisiones escrutadoras auxiliares, locales, municipales y departamentales”, que “la revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o de candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo, sino que debe considerarse como una tarjeta no marcada, la cual carece de efectos para la fase del escrutinio”.

Igualmente, el miércoles pasado la Registraduría informó “que, en las tarjetas electorales de las elecciones territoriales del próximo domingo, 29 de octubre, aparecerán varios candidatos a los cuales el Consejo Nacional Electoral les ha revocado su inscripción, teniendo en cuenta que dicha decisión se dio con posterioridad a la fecha de impresión”.

Las demandas

El problema que se ve es que muchos ciudadanos votarán mañana por aspirantes revocados como Rodolfo Hernández, y a pesar de que las comisiones escrutadoras no contabilicen estos sufragios, se esperan demandas y tutelas por ello, algunas de las cuales es probable serían seleccionadas para estudio por la Corte Constitucional.

Entonces queda una sombra de duda sobre el resultado, porque incluso después de que el Consejo Electoral declare la elección de gobernadores y alcaldes, entre otros, podrían salir fallos reconociendo estos votos, que en algunos casos generarían un limbo acerca de quién es el elegido. Incluso, si el demandante termina segundo en la votación por esos votos que no se contabilizaron, se generaría un lío jurídico si es la persona que debe ir a la asamblea o el concejo por estatuto de la oposición.