La mesa directiva del Senado de la República informó ayer sobre el inicio de la convocatoria pública para la elección del nuevo contralor general. Pero también comunicó que este funcionario será escogido el próximo año.

Iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno para lo que resta del periodo 2022-2026”, según la resolución N° 002 del 27 de noviembre de 2023, presentada por el órgano legislativo.

El documento también establece que será la Universidad Nacional la institución de educación superior que lleve a cabo el proceso.

“Seleccionar a la Universidad Nacional de Colombia como la institución de educación superior con acreditación de alta calidad, con la cual se suscribirá el acuerdo de voluntades para desarrollar las etapas de pruebas y criterios de selección de la convocatoria para elegir al contralor general de la República”, informó el documento.

De acuerdo con la resolución, el nuevo contralor será escogido el 7 de marzo de 2024.

Será en esa fecha cuando el Congreso vote para escoger el puesto que ocupó Carlos Hernán Rodríguez hasta mayo de 2023, cuando, por decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, su elección fue anulada al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso que se adelantó en la primera legislatura. Desde entonces está como contralor encargado el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.

En su momento, el Consejo de Estado alegó que “en el trámite de la elección se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación”.

Según el fallo de dicho organismo, la mesa directiva del Congreso “introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección que viciaron la elección”.

Destacó que los cambios “fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida”.